El Consell da un paso descentralizador en Elche, pero la ansiada deuda histórica sigue en barbecho

ELCHE. El Consell da un paso descentralizador con la ciudad ilicitana al anunciar que la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT) tendrá su sede en Elche. Una iniciativa que supone la primera entidad dependiente de alguna de las consellerias en la ciudad. Según el propio president, Ximo Puig, estará implantada antes de que finalice el año, con una inversión de casi tres millones de euros y una plantilla de 35 funcionarios cuando esté a pleno rendimiento. 

Los cometidos de la Agencia

Las funciones principales de la AVPT serán dos, íntimamente relacionadas con el Ayuntamiento: que los Consistorios puedan delegar en la agencia el cumplimiento de la normativa urbanística. Como explica el conseller Arcadi España, "muchos ayuntamientos tienen problemas para cumplir la legislación urbanística por falta de personal, dificultad de aplicar diferentes medidas o la carga de trabajo en departamentos como el de Urbanismo". De forma que la agencia, si la administración local así lo decide, podrá descargar a los ayuntamientos de la disciplina urbanística —es decir, el cumplimiento de dicha normativa—. 

El segundo elemento es el de la ley de minimización de impacto, que se presentó en el Consistorio el año pasado, y que supone una modificación de la legislación valenciana de finales de la legislatura pasada. Aborda la situación de alegalidad de muchas viviendas que se encuentran en suelo no urbanizable y que no están regularizadas jurídicamente. Algo que afecta a unas 20.000 viviendas de todo el Camp d'Elx al estar fuera de ordenación, lo que provoca distintos problemas para los propietarios, por ejemplo el heredar una vivienda que no es legal o la imposibilidad de mejoras o rehabilitaciones. 

Esta ley de minimización ambiental permite regularizar la situación administrativa haciendo determinadas obras y trámites, tanto de las casas como de algunas empresas, que como ha venido contando este medio, habían en torno a 300 en las pedanías, y que poco a poco van presentando al Ayuntamiento su Declaración de Interés Comunitario (DIC) para su legalización. Desde pequeñas compañías hasta firmas de aglomerados o complejos como el propio Río Safari. En muchos casos se trata de empresas o proyectos que tienen varias décadas y se construyeron cuando apenas estaba desarrollada la legislación urbanística. O en este y el caso de viviendas, en su momento se hizo la vista gorda.

Asimismo, además de las potestades administrativas de protección de la legalidad urbanística de la Generalitat, respecto de infracciones graves o muy graves cometidas en suelo no urbanizable, común o protegido, la AVPT realizará el seguimiento de las actividades en suelo rural que carecen de título jurídico habilitante y se encargará de divulgar y actualizar la normativa y los instrumentos de protección del territorio. También se le asignará la redacción del Plan de Inspección Urbanística de la Comunitat Valenciana, en coordinación con los ayuntamientos y el resto de administraciones públicas y fuerzas de seguridad y el mantenimiento de un sistema de información territorial actualizado, en materia de protección de la legalidad urbanística, mediante la Infraestructura de Datos Espacial de la Comunitat Valenciana. También fomentará la investigación de técnicas de detección automatizada de cambios sobre el territorio y de seguimiento de la regularización de actividades en suelo rural que carezcan de título jurídico habilitante.

Una elevada carga de trabajo para medio y largo plazo

A nivel autonómico esta ley de minimización afecta a unas 350.000 viviendas en todo el territorio valenciano, lo que supone un elevado volumen de expedientes. Con la agencia se podrán seguir los pasos exigidos, volver a pagar impuestos y se permitirá por ejemplo el tramitar una herencia a familiares o ayudas que procedan, entre otros aspectos. España destaca que es importante que esté en Elche por su elevado número de viviendas con esta situación en muchas pedanías, pero también porque "un municipio como Elche con industria, costa y muchos aspectos que proteger en el plano ambiental y territorial lo hace un sitio idóneo". El conseller destaca que es un paso importante ya que muchos Ayuntamientos tienen atascados los departamentos urbanísticos con estos expedientes, largos y complejos y que estas soluciones que se pretenden buscar también generan seguridad jurídica. A partir de ahora, los nuevos organismos que se creen se quieren descentralizar.  

Por su parte, Puig destacó que la agencia también será "un instrumento para la protección de nuestro patrimonio natural desde el ámbito urbanístico y territorial, que forma parte de la Lotup" —algo subsumido en ese objetivo de cumplir la disciplina urbanística— y aseveró que al legalizar las viviendas en situación alegal generará también un impacto económico importante, tanto por la recaudación como por las reformas que se podrán encargar a empresas del entorno para la legalización. Aunque costará tres millones, auguró que "sacará un rendimiento tangible e intantible de mucho más en potenciación de la economía y de un recurso imprescindible como el respeto al patrimonio natural valenciano".

Así pues, un paso importante del Consell en el plano de la vertebración del territorio: "Tenemos una visión descentralizadora de este país y tiene que ser real", y puso como ejemplo la conselleria de Innovación, aunque en el caso de la AVI, tan solo cuatro de sus técnicos estarán en Alicante. No obstante, tanto él como el conseller España incidieron mucho en este mensaje, sabedores de las quejas desde distintos sectores y ámbitos de la ciudad por el déficit inversor de la ciudad en distintas áreas. Una narrativa en la que el alcalde Carlos González está incidiendo más en los últimos tiempos —no es nuevo ese malestar generalizado de la falta de inversiones y en cierta forma también presiona—, tanto el martes con el Centro de Salud de Altabix como en la inauguración del AVE, aludiendo a la prima de capitalidad de Alicante. 

El recelo por otras inversiones y anuncios del Consell

Esto último lleva tiempo generando malestar porque la capital alicantina sigue siendo las más beneficiada con respecto a las inversiones de otras administraciones. Recientemente, la Generalitat ha comprado un edificio por 4,5 millones para el servicio territorial de Sanidad, Distrito Digital se está impulsando principalmente en Alicante, y en la Diputación de Alicante, por el momento, el presupuesto para el Palacio de Congresos está lejos de las expectativas municipales. Y otros compromisos ya totalmente olvidados como el de ubicar en Elche el Instituto de Ciencias Sociales y Jurídicas Rafael Altamira. 

Con todo, desde el PP ilicitano, Juan de Dios Navarro, miembro de la Diputación, apunta sobre el anuncio que “estamos ante una buena noticia, suponiendo que este anuncio sea cierto. Por desgracia los alicantinos e ilicitanos estamos acostumbrados a anuncios a bombo y platillo que luego se quedan en nada”. Pone como ejemplo que con el anuncio de la Agencia Valenciana de la Innovación "tan solo se ha quedado en el traslado de unos cuantos funcionarios a nuestra provincia quedando el grueso de la Agencia en Valencia". Por su parte, el alcalde se muestra confiado con el anuncio de esta agencia, y apunta que a largo plazo puede suponer una implantación de más de 35 personas al tener que abordar tramitación urbanística de toda la comunidad. Eso sí, el primer paso es encontrar un edificio que pueda albergarla y después esperar la delegación de competencias. La idea del president es que esté en funcionamiento en los próximos meses y aseveró que "en cualquier caso, siempre antes de finalizar este año". 

Declaraciones encontradas después de las distintas experiencias. En el retrovisor, una vez más, el ansiado protocolo para la deuda histórica de 43 millones de la Generalitat con la ciudad por los terrenos de la UMH. Algo sobre lo que Puig no aclaró nada, lo que deja entrever que no hay avances, como se vio en el segundo encuentro con el alcalde en Valencia y en el que se trató de vender que se firmaría antes de finales de 2020. "Estamos trabajando desde el principio en buscar fórmulas de compensación, y en eso vamos a continuar coordinados y viendo cuáles son las decisiones que vamos a ir tomando", explicaba el presidente. "Ya tomamos la de la inversión de Correos y el Centro de Diseño y otras inversiones que se están realizando. Obviamente hay una voluntad de compensación, pero mientras estamos trabajando con una inversión de casi 40 millones de euros con el Plan Edificant y me comprometo a agilizar la licitación del nuevo centro de salud de Altabix", señaló ante los medios.

Mientras tanto, no hay novedades sobre el Centro de Diseño, pero hay constancia de que se está trabajando en ello y se está perfilando el cómo para hacerlo despacito y con buena letra desde la Agencia Valenciana de la Innovación. Eso sí, es una iniciativa anunciada en 2018 de la que se han dado varias vueltas y sigue sin concretarse claramente.