ALICANTE. El bipartito de Alicante, compuesto por PP y Cs, y los cuatro grupos que ejercen labores de oposición (PSPV-PSOE, Unides Podem, Compromís y Vox) celebraron este miércoles la primera reunión constitutiva de la comisión Puerto-ciudad con el objetivo de formar un bloque político en todas las decisiones que favorezcan la conexión entre el espacio portuario y la trama urbana en la que se encuadra. No obstante, lo cierto es que ese órgano de trabajo para definir cuál puede ser la mejor interrelación entre los dos ámbitos no cuenta con la participación de quien debería ser uno de sus actores principales: la propia Autoridad Portuaria.
Los representantes del bipartito, Adrián Santos Pérez (Cs), Mari Carmen de España (PP) y Manuel Villar (PP) no pudieron precisar -a preguntas de los portavoces de Unides Podem y de Compromís, Xavier López y Natxo Bellido-, si se había girado la correspondiente invitación para que algún representante del Puerto se sumase a la comisión. En todo caso, sí apuntaron que se trasladaría esa posibilidad en el transcurso del consejo de administración del Puerto, convocado para este viernes. En principio, según las fuentes consultadas, la Autoridad Portuaria no habría recibido ninguna comunicación oficial en la que se invitase a formar parte de la comisión.
En todo caso, en esa primera sesión (que se celebró cuatro meses después de que se aprobase su creación en pleno, a iniciativa de PSPV-PSOE), las seis formaciones identificaron los retos que resultan más inmediatos en esa relación de convivencia. Así, convinieron que, entre todos ellos, existen tres cuestiones prioritarias: el proyecto impulsado por XC Business 90 que promueve la construcción de seis macrodepósitos de combustible en la terminal de mercancías que gestiona TMS; la construcción de la terminal específica para el tratamiento de graneles adjudicada a Eiffage, y la solicitud de ampliación de la concesión presentada por una filial de Ferrovial para seguir explotando una planta de producción de betún asfáltico por un plazo de otros 30 años.
En esta línea, la comisión acordó que los técnicos municipales de las áreas implicadas elaborasen un informe sobre el estado de tramitación actual en el que se encontraban esos tres proyectos y sus posibles implicaciones. Así, los grupos opositores, solicitaron tener acceso al informe jurídico adelantado por Alicante Plaza en el que se determina que la promotora de los depósitos de combustible debe contar con una declaración de impacto ambiental favorable.
Se trata de un informe del que ya se ha dado traslado a la Conselleria de Transición Ecológica, que valorará sus conclusiones y actuará en consecuencia para exigir ese estudio de impacto, como también informó este diario. Respecto a la construcción de la nave cerrada para los graneles, Santos Pérez (edil de Urbanismo), explicó que se había solicitado un informe jurídico para evaluar si Eiffage necesitaba o no de la concesión de licencia municipal para iniciar su construcción.
Por último, la comisión acordó que sus reuniones se celebrarían con una periodicidad ordinaria bimensual (aunque se podrían convocar otras de carácter extraordinario) y que se daría participación a las entidades sociales y vecinales interesadas en asistir a su desarrollo, en especial a las que guarden una mayor relación de proximidad con el Puerto.
Por su parte, el grupo municipal socialista ha apuntado, este jueves a través de un comunicado, que "se debe contar con el Puerto en todas las decisiones que afectan la conexión entre la trama urbana de Alicante y el espacio portuario. Su portavoz, Paco Sanguino, ha calificado de inapropiado y de "gesto indecente", puesto que debería haber sido el equipo de Gobierno y el alcalde de Alicante, Luis Barcala, quienes debían haber invitado a la Autoridad Portuaria tanto a conocer la comisión como a participar en ella. Para Sanguino, "es otro gesto más de Barcala, que pasa por alto las decisiones que se adoptan en el pleno".