Plaça de Baix / PEPE OLIVARESELCHE. Hace dos semanas el equipo de gobierno ilicitano anunció que el presupuesto de este año tendría una inversión total de 39,6 millones de euros, una cifra total y que en cualquier caso habla de un tope de inversiones. Por una parte, la cifra no es real en tanto que las cuentas aprobadas la pasada semana son para lo que resta de ejercicio, pero incluye todas las modificaciones presupuestarias realizadas de las cuentas de 2018, ya que las que se presentaron en diciembre de 2019 fueron bloqueadas por la oposición. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la ejecución de las inversiones nunca es del 100%, por lo que las que no se puedan ejecutar, tendrán que utilizarse para amortizar deuda por la regla de gasto, salvo que sean préstamos para inversiones financieramente sostenibles y los pliegos de los proyectos se aprueben antes de final de año. Esto garantiza la consignación.
A este respecto, el presupuesto de 2019, ya aprobado, consta de unos gastos totales de 222,4 millones de euros, incluyendo las modificaciones presupuestarias que se han hecho, que ascienden a 50,8 millones de euros. Unas cuentas en las que se destacó en su momento la subida a un millón de las ayudas al pago del recibo del IBI, y en las que se establecen varias inversiones de distinto calado, algunas del Plan Edificant cuyos proyectos empiezan a activarse una legislatura después: algunos ya se han aprobado, otros se están tramitando. También hay consignadas partidas de los Edusi e inversiones financieramente sostenibles, como la que se realizará con la calle Andreu Castillejos para remodelarla con fines comerciales.
También figuran algunas actuaciones de este tipo que vienen prorrogadas del presupuesto de 2018 y que por eso se incluyen en las cuentas de 2019, como 707.000 euros de inversión para peatonalizar la Corredora. Una partida que se perderá por tanto si no se redactan los pliegos de la intervención y que habría que volver a consignar el año que viene. Si se redactan antes del 31 de diciembre, pasarán al presupuesto de 2020. Sin embargo, el acuerdo del gobierno con la oposición y comerciantes era no peatonalizar hasta no conocer el destino del Mercado Central, aunque el bipartito ya ha manifestado su interés por rescindir. En cualquier caso, se trata por tanto de una de esas inversiones que computan como inversión y que están en el presupuesto, pero que no se lograrán llevar a cabo.
Otras inversiones financieramente sostenibles que vienen de modificación presupuestaria prorrogada como el caso de la Corredora son el carril bici entre la Hoya y Arenales (450.000 euros), actuaciones para plataformas únicas (500.000 euros), que de momento al menos sí están teniendo lugar en el Raval, también dentro de las actuaciones del Plan Centro (320.000 euros), la construcción de una pasarela en Altabix (1,2 millones de euros), o la redacción del proyecto de remodelación de la Avenida de la Libertad (100.000 euros). El equipo de gobierno tendrá que aprobar los pliegos de la licitación antes del 31 de diciembre para 'guardar' esas partidas. Las que por ejemplo son propias de estas nuevas cuentas y no vienen del presupuesto anterior prorrogado son por ejemplo la recuperación del huerto Rastoll con los Edusi (460.000 euros), el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, ya aprobado, o varios planes de aceras y asfaltado en pedanías y casco urbano (4 millones en total), que también vienen del plan prorrogado, y que no se ha gastado aún con totalidad.
Por otra parte, hay una partida de créditos no disponibles para el actual presupuesto de 3.729.000,44 euros, que según la edil de Gestión Tributaria Patricia Macià, no se pueden gastar aunque haya crédito para financiarlas por la regla de gasto. De forma que se han sacrificado en estas cuentas para que pasen a las de 2020. Entre las inversiones que había en esta partida se encontraban la construcción del polideportivo adaptado con los Edusi (500.000 euros), la construcción del centro cultural en Carrús (400.000 euros) acondicionamiento de accesos de La Marina y El Pinet (200.000 euros), un campo de césped de La Hoya (300.000 euros), o actuaciones de conservación de patrimonio cultural (45.000 euros).
Con todo, Macià defiende que en cualquier caso, las inversiones ejecutadas el año pasado fueron del 51%, que según defiende están por encima de la media de muchos municipios valencianos. También que no entiende por qué no se permiten gestos con ayuntamientos como el ilicitano, saneados, ya que considera que 27,7 millones de euros de deuda "es irrisorio", por lo que espera que la regla de gasto en estos casos pueda ser más flexible o que se levante. Además, añade, "muchos préstamos finalizan en 2020 y 2021, si no los amortizamos antes". Esos préstamos son con entidades como el BBVA (máximo acreedor, con unos 8 millones), Sabadell o Liberbank.
