BENIDORM. El Consell Jurídic Consultiu considera que la prórroga que el Ayuntamiento acordó en favor de la concesionaria del Parking de l'Aigüera de Benidorm es nula: se hizo contraria a la normativa de contratación pública, y por tanto, es irregular. Así lo recoge el dictamen, vinculante para todo el procedimiento de revisión de oficio del acto administrativo instado a raíz de la resolución de la Agencia Valenciana Antifraude. Ahora, el alcalde, Toni Pérez, propondrá al pleno anular el acuerdo que votó en solitario el PP en su día.
Como viene explicando Alicante Plaza de largo, el concejal de Ciudadanos en ese momento, Juan Balastegui, denunció en Antifraude la continuidad del contrato. Esta entidad abrió una investigación que resolvió el pasado 29 de noviembre que estaba acreditada la existencia de indicios de presunto fraude de ley. Así, calculaba que podría haber un perjuicio en las arcas municipales de algo más de 600.000 euros. Según explicó la portavoz del PP en su día, Lourdes Caselles, la investigación se centraba en si era una concesión de gestión de obra pública o de servicios públicos.
De este modo, el Consistorio optó por solicitar el dictamen del Consultiu. Este órgano se reunió el pasado 6 de marzo y por unanimidad considera que constituyó una prórroga del contrato contraria a la normativa de contratación pública, representada por la Ley 9/2017, LCSP. Se refiere así a "una contratación irregular, nula de pleno derecho, al convertirse, en definitiva, en una prórroga de contrato indeterminada, con vulneración de los principios que rigen la contratación pública (artículo 1 de la LCSP)".
No se queda ahí, sino que añade que no está "debidamente justificado en el expediente remitido los motivos de dicha demora, habiéndose extendido la prórroga, incluso, tras la formalización del nuevo contrato el 3 de noviembre de 2022. Se trata, por tanto, de una prorroga indeterminada no amparada por la normativa de contratación pública", por lo que el gobierno local se ve obligado a proceder con la anulación.
En este sentido, la moción del alcalde, que se elevará al próximo pleno, acuerda declarar la nulidad del acuerdo plenario que daba continuidad al servicio. Además de requerir informes al departamento responsable del contrato y la tesorería municipal para entrar en la fase de liquidación.
El contrato inicial de construcción y explotación del aparcamiento l’Aigüera fue formalizado el 31 de mayo de 1990. Tenía un plazo de 30 años que terminaban el 1 de junio de 2020. Sin embargo, el 25 de mayo de 2020 el gobierno local acordó la prórroga por un mínimo de seis meses y un máximo de un año. Un tiempo extra que estaba contemplado en el pliego. Mientras tanto, estaba prevista la adjudicación del nuevo servicio, que sería de gestión directa, salvo algunos aspectos como el mantenimiento y control.
El nuevo expediente no se llegó a aprobar hasta el 17 de mayo de 2021, salió en el DOUE cuatro días después. Es decir, a punto de vencer el máximo de la prórroga aprobada y permitida por contrato. Ante este retraso en la nueva adjudicación, el 31 de mayo el pleno acordó continuar con la prestación del servicio, previo informe del jefe de Contratación y Patrimonio que contemplaba que se alargara para los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Precisamente, los hechos bajo lupa apuntan al periodo comprendido entre este momento y febrero de 2023.
Benidorm acuerda revisar de oficio la prórroga de la gestión del parking de l'Aigüera
Con todo, el nuevo contrato no se formalizó hasta noviembre de 2022, es decir, más de un año después del acuerdo plenario, que es el que ahora se anula. Pero, a pesar de que la adjudicación ya se había resuelto, FCC -que había adquirido la contrata Parcosa- siguió hasta febrero de 2023.
Ante ello, el Consultiu considera que el acuerdo plenario sirvió como segunda prórroga sin cobertura por el pliego de 1990 y por un plazo indeterminado 'sine die' "que continúa pese a la adjudicación del nuevo contrato". Es por todo lo expuesto que concluyen que se trata de "una adjudicación directa, una contratación irregular, siendo nula de pleno derecho" al "haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".
A su vez, señalan que una vez esté anulado el acuerdo, se determinarán los efectos con la liquidación de los contratos o encargos verbales. Así, hace unas consideraciones que apuntan a las facturas abonadas y las pendientes de pago. Sobre las primeras, afirman que deben mantenerse para evitar el enriquecimiento injusto de la administración local. En este punto, recuerdan que el Consistorio cuenta con un informe municipal sobre los asuntos económicos y que hablan de 697.958,98 euros, "siguiendo el criterio de la AVAF", tal y como avanzó este diario en su momento. Pero para llegar a este punto, habrá que esperar si la empresa alega, como ha hecho en ocasiones anteriores, para rechazar las cuantías que manejan desde el Ayuntamiento.
Previamente, el Tribunal de Cuentas archivó las diligencias preliminares a petición del Ministerio Fiscal, una vez comprobado que "no aprecia la existencia de menoscabo de fondos públicos imputable por dolo, culpa o negligencia a persona alguna", y sabiendo que se iba a revisar el expediente.