BENIDORM. El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha reclamado este martes al grupo municipal del PSOE que pida perdón a la ciudadanía tras las acusaciones de corrupción vertidas en los últimos meses. Lo hacían después de conocer que la Agencia Valenciana Antifraude había derivado una serie de sospechas sobre la continuidad del contrato de la gestión del Parking de l'Aigüera una vez había terminado el plazo. Esta entidad cifraba en 600.000 euros el agujero que podría haber ocasionado a las arcas municipales. Sin embargo, las diligencias preliminares abiertas por estas presuntas deficiencias han quedado archivadas.
No obstante, para "aportar aún más claridad y transparencia", según el alcalde, el Ayuntamiento continuará con las recomendaciones de Antifraude: la revisión de oficio del acuerdo del 31 de mayo de 2021 relativo a la continuidad de la concesión. En este sentido, el popular indicó que en los próximos días se podrá remitir toda la documentación preparada por los técnicos municipales al Consell Jurídic Consultiu. Tras su dictamen, se tomarán las decisiones administrativas que se consideren.
Por su parte, el primer edil defendió en todo momento que el expediente se tramitó contando con todos los informes favorables de los técnicos municipales. Así, el popular se refirió a este asunto como un "procedimiento ordinario que no nos incomoda", "algo que no nos preocupa pero sí nos ocupa".
A continuación, el discurso se centró en la actitud adoptada por el PSOE durante el proceso, que ha durado algo más de un mes tras conocerse el asunto en diciembre del año pasado. En aquel entonces, los socialistas lo tildaron como el "primer gran caso de corrupción del gobierno de Toni Pérez". Unas palabras que el primer edil echó en cara al principal grupo de la oposición durante la rueda de prensa, reclamando en repetidas ocasiones que pidieran perdón "por esos titulares", no a él, sino a Benidorm y a los ciudadanos "por mentirles". Y añadió que con ello había afectado al honor de los técnicos municipales.
Así, acusó al PSOE de "embarrar" el escenario político de la ciudad, además de "tirar la piedra y esconder la mano" después de que se diera cuenta de la resolución este lunes en comisión informativa y no hayan tomado la palabra, tras estos titulares, opinó, "alguna apreciación habría que hacer". "O aportan o que se aparten, ya les apartó la ciudadanía de tener mayor representatividad", dijo, atribuyéndoles que "algunos" no habían sabido "digerir" el resultado de las urnas.
Para el alcalde, con esta línea en su "exceso" están "dañando a la ciudad". Preguntados sobre este asunto, fuentes del PSOE negaron que fueran a pedir perdón como les requería el alcalde y señalaron que ellos se remiten al informe que elaboró Antifraude.
Como se ha dicho anteriormente, la entidad valenciana resolvió el pasado 29 de noviembre que estaba acreditada la existencia de indicios de presunto fraude de ley por la continuidad de la empresa responsable de este aparcamiento. Así, calculaba que podría haber un perjuicio en las arcas municipales de algo más de 600.000 euros. Los hechos se remontan al pleno que aprobó con el voto a favor en solitario del PP extenderlo por un año más mientras se daba tiempo a tramitar la gestión directa. El periodo hacía referencia a junio de 2021 hasta febrero de 2023. Según explicó la portavoz del PP en su día, Lourdes Caselles, la investigación se centraba en si era una concesión de gestión de obra pública o de servicios públicos.
Dentro del proceso, trasladó el asunto al Tribunal de Cuentas, que abrió diligencias preliminares para su valoración. El Ministerio Fiscal pidió seguir con el procedimiento con el nombramiento del delegado instructor, y el representante legal del Ayuntamiento solicitaba el archivo de las actuaciones. Días después, el Ministerio Fiscal cambió de parecer y requirió el archivo de las actuaciones una vez examinadas las alegaciones del Consistorio, "no aprecia la existencia de menoscabo de fondos públicos imputable por dolo, culpa o negligencia a persona alguna".
De este modo, el consejero de Cuentas destacaba que la administración local ha iniciado el expediente de revisión de oficio y se remontaba a otras sentencias en las que resuelven que los daños determinantes de la responsabilidad contable no pueden ser meramente posibles o contingentes y que "el perjuicio para la Administración acreedora viene determinado cuando se hubieren dejado de prescribir negligentemente sus correspondientes créditos, pues solo entonces es cuando el daño para ésta se convierte en efectivo".
