BENIDORM. La Agencia Valenciana Antifraude ha emitido una nueva resolución que afecta al Ayuntamiento de Benidorm. En este caso, la investigación llevada a cabo sobre la prórroga que se aprobó en 2021 para la gestión del parking de l'Aigüera. El pleno, con el voto a favor en solitario del PP, acordó extenderlo por un año más mientras se tramitaba la gestión directa. Ahora, la entidad considera que la moción podría incurrir en presunto fraude de ley y calcula un agujero en las arcas municipales de 600.000 euros.
La concesión se inició en 1990 por 30 años. Sin embargo, la empresa siguió con la continuidad del contrato, acordándose en mayo de 2021 en el pleno la extensión por un año más, pero no fue hasta febrero de 2023 cuando finalmente la gestión pasó a manos del Ayuntamiento. El concejal de Ciudadanos en ese momento, Juan Balastegui, denunció ante la Agencia Antifraude este acuerdo en julio de 2022.
En sus conclusiones, la entidad menciona que no se motivaron "debidamente" las razones de excepcionalidad por interés público. A su vez, estaría incumpliendo el acuerdo de febrero de 2020 en el que se aprobaba la gestión directa del servicio y el plazo informado por los técnicos municipales. Al tiempo que, indican, "supone la alteración de las condiciones iniciales de la licitación prolongando la duración del contrato más allá del plazo fijado en los pliegos". Esto último conlleva la "vulneración de los principios que rigen la contratación pública, principalmente el de igualdad de trato entre empresas, así como el de libre concurrencia".
Frente a esto, Antifraude manifiesta que equivale a una nueva adjudicación producida de forma directa o sin concurrencia, "lo que no se considera ajustado ni al clausulado que rige la concesión ni a la normativa contractual y en su consecuencia al margen del procedimiento aplicable a tal fin incurriendo por ello en el supuesto previsto en el artículo 47.1.e) de la LPACAP por una ausencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido".
También en sus conclusiones, este organismo señala que el acuerdo aprobado en su día comportaría "una ruptura del equilibrio económico financiero inicial de la concesión". Así, menciona que se estaría "encubriendo una modificación contractual de reequilibrio económico financiero de la concesión indebida". Como consecuencia, el Ayuntamiento habría permitido el "enriquecimiento a un particular a costa del interés general municipal quebrando las reglas de transparencia y concurrencia, alterando el valor estimado del contrato".
A continuación, explican que con la prórroga aprobada en el pleno se habría permitido a la mercantil "la apropiación de recursos públicos procedentes de una relación jurídica vencida" por continuar con el servicio desde junio de 2021 hasta febrero de 2023. En función del dictamen de la Junta Consultiva de Contratación se debe compensar al contratista íntegramente por la totalidad de los gastos para asegurar la gestión del parking. En definitiva, en el balance entre los ingresos recaudados por la mercantil y los gastos soportados por el servicio, calculan un "posible perjuicio para la Hacienda Pública en 603.192,40 euros".
Ante todo esto, la entidad hace dos recomendaciones al Ayuntamiento. En primer lugar, que proceda a la revisión de oficio del acuerdo mencionado. Sería momento para pronunciarse sobre la compensación económica y la causa de nulidad manifiesta "por ausencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades que pudieran derivarse de las autoridades y del personal al servicio". Para ello conceden un plazo de tres meses para iniciar las actuaciones y ponerlas en conocimiento de Antifraude.
En segundo lugar, una vez acordada la nulidad, recomiendan la instrucción del expediente para la exigencia del reintegro de los ingresos indebidos y percibidos por la concesionaria a juicio de la investigación y para el que el Consell Jurídic Consultiu tendrá que pronunciarse. En este caso el plazo es de seis meses.
Con esta resolución Antifraude da por finalizada la fase de investigación, abriendo ahora la de seguimiento de las recomendaciones formuladas. No obstante, han tomado otra medida, como es la de dar traslado del expediente al Tribunal de Cuentas "por si de las irregularidades apreciadas pudiera derivarse un menoscabo en los fondos públicos susceptible de generar responsabilidad contable por alcance en los términos previstos en el artículo 72 de la Ley 7/1988, de 5 de abril".
Finalmente, contra la resolución no cabe recurso porque "no declara de manera definitiva la existencia de responsabilidad, ni la vulneración del ordenamiento jurídico, ni deciden el fondo del asunto".
Los primeros en pronunciarse sobre este asunto han sido los concejales del PSOE. El portavoz adjunto, Sergi Castillo, considera que lo "acreditado con numerosos informes técnicos" es de "una enorme gravedad". Para el edil se trata del "primer gran caso de corrupción del gobierno de Toni Pérez", al que pidió explicaciones sobre esta resolución.
Así, a través de un comunicado han informado que el Grupo Municipal Socialista ha presentado este jueves por registro un escrito de la portavoz, Cristina Escoda, en el que pide una copia de toda la documentación de este caso. Además, exige al alcalde que atienda “con la máxima celeridad” las recomendaciones realizadas por Antifraude en su escrito.
Los socialistas han aprovechado para recordar que hace unas semanas el Síndic de Greuges "puso hace pocas semanas al alcalde Toni Pérez como ejemplo de falta de transparencia por negar a la oposición información básica para la fiscalización". Castillo ha afirmado que ahora “se entiende mejor” el "enfrentamiento de Pérez con instituciones democráticas y su falta de colaboración", según dice el comunicado. En este sentido ha recordado que durante la investigación que llevó a cabo antifraude en 2021 sobre hoteles sin licencia, Antifraude abrió un expediente sancionador al Ayuntamiento por “obstruir” y “no trasladar la información requerida hasta en cinco ocasiones”. Este expediente sancionador "obtuvo como respuesta una ofensiva judicial del alcalde Toni Pérez y el Ayuntamiento contra los funcionarios de Antifraude encargados de la investigación a los que demandaron por delitos de falsedad documental y usurpación de funciones jurisdiccionales". La querella terminó archivándose por los tribunales.
Castillo también ha hecho referencia a la situación financiera del Consistorio, calificándolo de 'crisis económica' y acusando al PP de ocultarlo a la ciudadanía para "ganar las elecciones". Con todo, afeó que se "beneficie a empresas amigas" al tiempo que se suben impuestos a los vecinos.
Respuesta del Gobierno
El PP de Benidorm defiende que la prórroga del parking cuenta con todos los informes favorables
