BENIDORM. Casi 700.000 euros. Esta es la cuantía que podrían devolver al Ayuntamiento de Benidorm si termina anulándose la continuidad de la concesión de la gestión del parking de l'Aigüera. La decisión está todavía en manos de la revisión de oficio abierta por el Consistorio y del dictamen del Consell Jurídic Consultiu. Precisamente, son los informes recabados para enviar a esta entidad donde los técnicos municipales apuntan a estas cuantías, además de algunas deficiencias en la administración del contrato.
Como es sabido, el grupo municipal Ciudadanos de la anterior legislatura denunció ante la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) la continuidad de la concesión a la empresa al frente de este aparcamiento una vez había terminado el plazo establecido para la prórroga. La entidad abrió una investigación que terminó derivando al Tribunal de Cuentas, apuntando a que podría haber un agujero de 603.192,40 euros. A su vez, hacía una serie de recomendaciones como la revisión de oficio de esta modificación del contrato y el dictamen del Consultiu.
En este tiempo, el Tribunal de Cuentas ha archivado las diligencias preliminares a petición del Ministerio Fiscal, una vez comprobado que "no aprecia la existencia de menoscabo de fondos públicos imputable por dolo, culpa o negligencia a persona alguna", y sabiendo que se iba a revisar el expediente.
Los hechos se remontan al pleno que aprobó con el voto a favor en solitario del PP extenderlo por un año más mientras se daba tiempo a tramitar la gestión directa. El periodo hacía referencia a junio de 2021 hasta febrero de 2023. Según explicó la portavoz del PP en su día, Lourdes Caselles, la investigación se centraba en si era una concesión de gestión de obra pública o de servicios públicos.
Con todo, el Ayuntamiento ha derivado al Consultiu dos informes municipales para tratar este asunto, además de las alegaciones de la empresa. Consta entonces un informe del área de Ingeniería firmado por tres técnicos en el que manifiestan que no cuentan con "datos para poder calcular los gastos que tuvo el contratista durante la prestación del servicio y, en consecuencia, en el periodo solicitado". Por lo que para hacer los cálculos, se basan en las cifras aportadas en el expediente de Antifraude y lo alegado por el contratista.
El importe sale de los gastos totales que soportó la empresa entre el 1 de junio de 2021 y febrero de 2023, a los que se les descuenta el canon ingresado. En total, 697.958,98 euros, "siguiendo el criterio de la AVAF", remarcan.
Sin embargo, las cifras no corresponden con el último documento de alegaciones presentado por la empresa, al que ha tenido acceso este diario y está firmado el 30 de enero. FCC se manifiesta en contra de la metodología seguida por Antifraude porque "ignora" que la concesión estuvo afectada por la pandemia en los ejercicios 2020 y 2021, periodo por el que podían pedir el restablecimiento económico del contrato mediante una ampliación de la duración inicial hasta un máximo del 15% (cuatro años y medio).
FCC insiste en que tiene el derecho al pago de los servicios prestados para evitar el enriquecimiento injusto de la administración local, por lo que mantiene que no tienen que restituir ninguna cantidad a la administración local. "No podemos ignorar que la prórroga se produce porque la Administración todavía no había finalizado la licitación del nuevo contrato, de modo que en ningún caso es imputable a mi representada", continúa.
Por último, el informe de Tesorería deja patente algunas de las deficiencias que constan en su departamento con respecto a este contrato, del que dicen, no tienen competencias para determinar la compensación "más teniendo en cuenta tal y como se ha informado reiteradamente que en esta Tesorería Municipal que no consta remisión ni copia del anterior contrato de concesión administrativa del parking municipal".
De este modo, el tesorero accidental explica que en el requerimiento anual al Departamento de Contratación para la remisión de todos los contratos y sus modificaciones no consta el del parking de l'Aigüera. A su vez, explica que se ha informado de manera reiterada sobre la "carencia de informes técnicos del responsable del contrato sobre la valoración y justificación que fundamenten el ingreso que anualmente practicaba el concesionario en cuenta municipal, de forma unilateral y sin estar sustentado en liquidación municipal alguna por carecer de los citados informes y valoraciones técnicas". Más allá, dice, de la aplicación automática de un porcentaje establecido en el contrato sobre la facturación "realizada de manera unilateral por el precitado concesionario".
De igual modo, en su departamento no tienen constancia de si se llegó a designar un responsable municipal de la concesión como se aprobó en 2017. Una cuestión "esencial para requerir los informes, valoraciones y justificaciones que fundamenten la liquidación" y tramitación del canon. Como consecuencia, afirma que en Tesorería no se ha practicado ninguna liquidación en concepto de canon "advirtiendo en numerosas ocasiones que lo conveniente era que el ingreso del canon se realizara vía liquidación", como ocurre en el resto de concesiones. Así, recuerda que la vía por el ingreso bancario, como ha sido en este contrato, debería de ser excepcional.
