ALICANTE. Pese a las sucesivas moratorias aprobadas por el Gobierno desde que comenzó la pandemia de la covid-19 para evitar que las empresas tengan que declararse en concurso de acreedores por una insolvencia puntual como consecuencia de la crisis sanitaria, cada vez son más las mercantiles de la provincia que valoran acudir a este mecanismo. La crisis se alarga, situaciones delicadas que venían de antes de la pandemia se agravan, y las firmas llegan exhaustas al final de la actual prórroga, que vence el 14 de marzo mientras el Ejecutivo valora una nueva ampliación.
No obstante, sí se aprecia un cambio cualitativo en los concursos de acreedores de la provincia, según las distintas fuentes consultadas. Si a lo largo de 2020, en plena suspensión de la obligatoriedad de declararse en concurso, la mayoría de empresas y autónomos que decidieron pese a todo solicitarlo lo hicieron de forma mayoritaria para pedir directamente la liquidación (el conocido como concurso exprés, que creció exponencialmente tras el verano), ahora empiezan a solicitar el concurso firmas con un importante activo que lo que buscan es precisamente sacar adelante el proceso, reordenar sus deudas y salir fortalecidas tras aprobar un convenio de acreedores. En las últimas semanas, importantes empresas de la provincia como el Grupo Botticelli, el cátering Paellas Gigantes Riquelme o la destilería ilicitana Cantueso Oro han dado el paso.
Como ha contado este diario, el concurso exprés se habilitó en la reforma de la Ley Concursal que entró en vigor en septiembre para aquellos deudores con una incapacidad manifiesta no sólo para hacer frente a sus obligaciones vencidas, sino a los propios gastos que el propio concurso implica (administración concursal, abogado, procurador, publicaciones, inscripciones registrales, etcétera). Es decir, que se pide para cerrar la empresa y no para reflotarla. El concurso exprés, al iniciar la liquidación de la empresa en el mismo acto en que se abre el procedimiento, evita al concursado gran cantidad de gastos, puesto que ni siquiera se llega a nombrar administrador concursal, y también acorta significativamente los plazos para que no se acumulen nuevos créditos.
Si esta tipología fue la mayoritaria en la recta final del pasado año (se declararon medio centenar de concursos exprés en la provincia en mes y medio tras la entrada en vigor de la ley) y los primeros compases de este, abogados y economistas empiezan a percibir un cambio de tendencia: ahora las empresas que valoran declararse en concurso o que han empezado a hacerlo no son pymes o autónomos abocados a la liquidación, sino empresas con un importante patrimonio que lo que buscan, precisamente, es reflotar la empresa y salir adelante con un convenio de acreedores que permita reordenar sus deudas.
Llega el final de la cuenta atrás: las firmas críticas ya preparan el concurso de acreedores
La tendencia, según las fuentes consultadas, se ha iniciado en los últimos días y se prevé que se extienda sobre todo en el segundo semestre. En este sentido, el experto en derecho concursal Sebastián Crespo, de Devesa&Calvo Abogados, señala que "hasta ahora hemos estado asesorando a multitud de empresas en relación al denominado concurso exprés, pensado para aquellas con un importante endeudamiento y que carecen de los activos necesarios para atender los gastos del concurso, o el pago siquiera parcial a sus acreedores". Sin embargo, ahora se espera que "otras empresas de mayor tamaño que sí que tienen activos acudan al concurso de acreedores para tratar de alcanzar un convenio que les permita refinanciar su deuda y continuar con su actividad, mediante una quita y espera que permita comenzar a devolver la deuda generada en estos meses de pandemia a medio plazo, una vez se reanude la actividad económica con cierta normalidad".
La moratoria concursal actualmente en vigor finaliza el próximo 14 de marzo. De momento, el Gobierno no se ha pronunciado al respecto, pero ya se ha deslizado que podría estar estudiando una última prórroga para que haya tiempo de aprobar una nueva línea de ayudas directas y una reorganización de los créditos ICO, que espera tener aprobadas en marzo con el visto bueno de Bruselas. La CEOE, por ejemplo, ya ha pedido que se amplíe la moratoria, mientras los expertos avisan de que el número de 'empresas zombi' (aquellas que deberían quebrar por su situación pero no lo hacen gracias a la moratoria) no para de crecer y que en cuanto se 'quite el tapón', se van a colapsar los juzgados.
Cabe tener en cuenta que la moratoria no solo exime a los administradores de la empresa del deber de declararse en concurso en un plazo de dos meses desde que conocen la situación de insolvencia (o deberían conocer), sino que también impide que los acreedores o socios de una empresa fuercen el concurso, lo que se conoce como concurso necesario. La mayoría de abogados, economistas y administradores consultados en las últimas semanas por Alicante Plaza advierten de la conveniencia de pedir el concurso pese a la moratoria cuando la empresa se vea en una manifiesta situación de insolvencia, al tiempo que advierten del "arma de doble filo" en que se ha convertido la moratoria al permitir la supervivencia de 'empresas zombi'.