Fachada de los jugados de Alicante, en una imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Entre otras medidas para favorecer la supervivencia de las empresas más afectadas por la crisis sanitaria del coronavirus, el Gobierno ha aprobado sucesivas prórrogas (la última, el pasado 17 de noviembre) de la moratoria concursal, por la cual las empresas no están obligadas a declararse en concurso de acreedores hasta el próximo 14 de marzo, aunque objetivamente se den las condiciones para ello. Sin embargo, son muchas las firmas que han decidido acudir a este mecanismo para intentar reordenar sus deudas, o directamente para ir a liquidación, ante la complicada tesitura en la que se encuentran.
En el caso de la provincia de Alicante, a falta de tres días hábiles para terminar el año, son 162 empresas las que se han declarado en concurso de acreedores este ejercicio, según los edictos oficiales de los juzgados de lo Mercantil de la provincia publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Del total, 105 declaraciones, el 65%, se han producido durante el segundo semestre del año, entre julio y diciembre. Un dato que evidencia que, tras el levantamiento de la suspensión de los plazos judiciales durante el primer estado de alarma, y a medida que se acerca el final del año, las empresas con problemas han decidido acudir al concurso aunque no estén obligadas.
De hecho, los 105 concursos de acreedores abiertos en Alicante entre julio y octubre son prácticamente el doble que los 57 que se abrieron en el primer semestre. En este sentido, el dato de los concursos solicitados en el mes de noviembre es especialmente revelador: nada menos que 39 empresas o autónomos de la provincia de Alicante se declararon en concurso el mes pasado, casi dos al día si se tienen en cuenta solo los hábiles. Así, las empresas que han ido a concurso en el cuarto trimestre se elevan a 72, el 45% de todo el año entre octubre y diciembre. El dato del cuatro trimestre, con un concurso al día, dobla asimismo el del tercer trimestre (33 concursos entre julio y septiembre, casi uno cada dos días hábiles) o el del primero, cuando fueron 36 las insolvencias.
Al margen de los concursos de acreedores ordinarios, son muchas las empresas y autónomos que se han acogido a la figura del concurso exprés desde el pasado mes de septiembre, como ha contado este periódico. Una figura pensada para aquellas firmas que no tienen recursos ni siquiera para hacer frente a los costes del procedimiento y que piden directamente la liquidación. Entre septiembre y noviembre, más de medio centenar de firmas alicantinas se acogieron a esta figura ante la imposibilidad de salvar su actividad con un concurso ordinario.
Entre las empresas que se han declarado en concurso este año, bien antes de la pandemia o después del estado de alarma, como consecuencia de la caída de actividad y la acumulación de deudas, figuran algunas tan conocidas como Costabus y su agencia Martínez Travel, o la agencia Eldatour, cuyos problemas están directamente relacionados con el cierre del turismo, o firmas tecnológicas como Sistel o From the Bench, cuya insolvencia está relacionada con la espiral de crecimiento del sector. También han ido a concurso empresas como la textil Lencera, proveedora de la Casa Real, o personas físicas como David Bornay (fundador de Enair, también en concurso) o el ex político José María Rodríguez Galant, que regentaba un resturante japonés.
En cuanto a la moratoria aprobada por el Gobierno para no colapsar los juzgados y facilitar la supervivencia de empresas con problemas puntuales como consecuencia de la crisis de la covid, algunas voces señalan que podría tener el efecto contrario. El socio director de Devesa & Calvo Abogados, David Devesa, advierte de que "puede ser interesante para empresas que prevean una muy pronta recuperación, pero si la empresa ve en claro riesgo su continuidad, lo más prudente, como están haciendo ya muchas organizaciones, es anticiparse y tratar de llegar a un acuerdo en sede concursal". De lo contrario, "aunque se salve la responsabilidad del órgano de administración, puede ser muy tarde para reflotar la compañía". Otro efecto "perverso" de estas prórrogas, según el abogado experto en empresas, es que "fomenta la existencia de empresas zombi, con las que proveedores y clientes pueden contratar de buena fe sin sospechar que no van a poder cumplir sus obligaciones".
En la misma línea se expresaba un reciente informe del Banco de España elaborado por el experto Miguel García-Posada Gómez, quien señalaba que aunque la moratoria persigue "evitar un aumento sustancial de los concursos de acreedores que colapsen los juzgados de lo Mercantil, ya congestionados antes de la pandemia". Sin embargo, el actual contexto "no permite discernir correctamente entre empresas viables e inviables". Así, "si bien el objetivo de esta medida es evitar la liquidación de empresas con problemas transitorios de liquidez pero solventes en el medio plazo", un posible efecto colateral sería "permitir una mayor tasa de supervivencia de empresas no viables", según el informe. Algo que "puede conllevar efectos negativos en la necesaria reasignación de factores productivos y recuperación de la actividad empresarial en su conjunto en el medio plazo".
