Sebastián Crespo, Jesús Navarro, Cayetano Sánchez y Miguel Ángel Durá. Fotos: RAFA MOLINA/APALICANTE. El pasado mes de noviembre, el Gobierno extendió por última vez, hasta el 14 marzo de 2021, la suspensión del deber de solicitar el concurso de acreedores (algo que, fuera de la actual moratoria, los administradores de la empresa deben hacer en los dos meses siguientes a conocer la situación de insolvencia de su empresa). Salvo nueva prórroga del Ejecutivo, que por ahora no se ha pronunciado al respecto, se acerca el momento en el que muchos empresarios deberán decidir como encarar su futuro inmediato ante las pérdidas y falta de liquidez provocada por los efectos económicos de la pandemia, debido a las restricciones de movilidad, cierres forzosos, limitaciones de horario y aforo... que han provocado que los administradores de las empresas afectadas deban enfrentarse a decisiones drásticas para su supervivencia.
En 2020 fueron más de 160 las empresas y autónomos de la provincia que se acogieron a un concurso de acreedores, pese a la moratoria del Ejecutivo para evitar el colapso de los juzgados de lo Mercantil tras el primer confinamiento. El ritmo de los concursos se aceleró a medida que se acercaba el final del año, y en el último trimestre se abrió uno al día. Durante el mes de enero, según los edictos publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE), han sido 17 las empresas de la provincia que han pedido (o se han visto forzadas) el concurso de acreedores, lo que supone un ritmo de una cada dos días, aproximadamente al mismo nivel que en junio, cuando los juzgados retomaron su actividad. Pero los despachos de abogados y consultoras especializados en administración concursal vaticinan que la auténtica eclosión llegará en febrero, haya o no moratoria. Hablamos con cuatro expertos para conocer sus impresiones sobre esta cuestión.
Sebastián Crespo, socio de Devesa&Calvo Abogados, recuerda que "en general, los administradores de la empresa declarada en concurso siguen ejerciendo su cargo" (a no ser que el concurso sea necesario, es decir, forzado por un acreedor), aunque supervisados por la administración concursal. Por este motivo, advierte de la importancia de "preparar adecuadamente la estrategia legal de la empresa de cara a un posible concurso de acreedores, pues es necesario preparar y reunir un volumen muy importante de documentación e información de la empresa, estados financieros, inventarios, memoria..."
Una vez finalice la moratoria "el plazo para acudir a la solicitud de concurso es de sólo dos meses desde que el administrador conoce, o debe conocer, el estado de insolvencia de la empresa. Hay que tener en cuenta que es el administrador quien debe instar el procedimiento, y quien por falta de la debida diligencia puede terminar asumiendo la responsabilidad personal por las deudas". Crespo matiza que, en contra de lo que podría pensarse, "la empresa declarada en concurso puede seguir operando, ya que la declaración de concurso no interrumpirá la continuación de la actividad profesional o empresarial". Además, en caso de concurso voluntario se mantiene la obligación legal de formular las cuentas anuales, así como la obligación legal de presentar las declaraciones y autoliquidaciones tributarias bajo la supervisión de la administración concursal.
El director del departamento jurídico en Galán & Asociados califica de "muy incierto" el escenario que se presenta cuando el 14 de marzo finalice la suspensión del deber de solicitar la declaración del concurso de acreedores. "Por un lado, desconocemos si el Gobierno tomará alguna nueva medida, aunque entendemos que no, ya que no se ha pronunciado en este sentido. Y por otro, tampoco conocemos la realidad de las empresas, ya que en estos momentos hay muchos factores que influyen en su solvencia como las diferentes ayudas de las administraciones públicas o los fondos europeos, y cada sector está siendo afectado de forma diferente". Así, el experto señala que "no podemos prever si una vez finalizada la moratoria serán muchas las empresas que tendrán que presentar los concursos de acreedores por no haberlo hecho hasta ahora".
En todo caso, en Galán & Asociados "estamos trabajando con nuestros clientes que tienen problemas de solvencia o consideran que en corto plazo pueden tenerlos para aportarles las mejores soluciones, siendo una de ellas el concurso de acreedores. Estamos estudiando cada caso y buscando alternativas que pasan por la refinanciación, adecuación de la estructura de costes, la compra de la unidad de negocio por terceros o el concurso de acreedores, y es este último el que estamos presentando pese a la moratoria". Navarro aconseja a las empresas que tengan problemas de solvencia o los prevean en un futuro que se pongan en manos de profesionales y trabajen ya para evitar posibles responsabilidades a los administradores. "Es preferible adelantarse y presentar los concursos y evitar posibles problemas futuros".
"Sin lugar a dudas, la moratoria ha sido un arma de doble filo", explica Miguel Ángel Durá, CEO de la consultora experta en reflotar empresas Lazarus Management. "A empresas sanas, con un plan de viabilidad financiera claro, les está ayudando a poder llevar el mismo a cabo y seguir adelante sin la espada de Damocles sobre su cabeza ante el temor de que les presenten un concurso necesario que pudiera tirar por tierra la continuidad de su empresa". Pero en cambio, para aquellas empresas que ya quedaron heridas de muerte "ha supuesto un flaco favor, pues la moratoria no exime de la responsabilidad del administrador de solicitar el concurso voluntario ante la insolvencia o insolvencia inminente".
En este sentido, Durá advierte de que "a la hora de realizar la calificación del concurso la moratoria no les va a exonerar de entrada de una eventual culpabilidad, por la agravación de la insolvencia producida por dolo o falta grave, ya que el legislador no modificó en este decreto la norma en cuanto a la responsabilidad en situación de insolvencia". Agrava el hecho, a su juicio, que "estas empresas zombie dejan en el camino un reguero de acreedores y proveedores impagados al no poder cumplir con sus obligaciones y que, en algunos casos, también acaban convirtiéndose en empresas zombie". En los próximos meses tras el fin de la moratoria "asistiremos a un mayor colapso judicial en el que se tendrán que tomar medidas drásticas con el objetivo de agilizar la tramitación y ejecución de la avalancha de concursos necesarios que se espera".
El CEO del despacho alicantino Sánchez Butrón Abogados, que cuenta con una división especializada en administración concursal, señala que "la situación está llevando a que muchas empresas ya se estén planteando directamente el concurso en los últimos días, después de ir aplazando la decisión por la moratoria. Estamos en el momento crítico de esta crisis económica derivada de la sanitaria", asegura Cayetano Sánchez. "Tenemos por delante un mes con una situación muy crítica, y quien logre superar este mes y no tenga que cerrar la empresa, tiene mucho ganado".
En todo caso, Sánchez recomienda a quien no tenga más remedio que cerrar, que lo haga "de la forma legal y ordenada, que es el concurso", y recuerda que solicitar esta medida no implica necesariamente el fin de la actividad, ya que "puede ser un concurso de continuidad". La cuestión es que "las empresas están llegando muy agotadas a este momento, pero para aquellos que superen el mes de marzo, estaremos en otra tesitura distinta, con un escenario mucho más positivo, la pandemia comenzará a estabilizarse e ir a la baja, y se reactivará la economía con la cercanía del verano, que es el momento álgido para la construcción, los hoteles y la hostelería".
