ALICANTE. El popular Luis Barcala renueva mandato al frente del Ayuntamiento de Alicante tras ser investido alcalde este sábado como candidato de la lista más votada en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo. Se trata de la tercera ocasión en la que toma la vara de mando tras la registrada en abril de 2018 (entonces, como consecuencia de la dimisión del socialista Gabriel Echávarri), y la de junio de 2019. Pero, a diferencia de lo que sucedió hace cuatro años, en virtud del pacto suscrito con Ciudadanos (Cs), esta vez tendrá la capacidad de desplegar el programa electoral con el que el PP concurrió a las urnas, sin quedar sujeto a negociaciones y posibles cesiones para conciliar intereses con un hipotético socio político en aquellas decisiones que quedan bajo competencia de la Junta de Gobierno. En realidad, la mayoría de los acuerdos relacionados con la gestión municipal, en función de lo previsto en la llamada Ley de Grandes Ciudades.
El mismo Barcala dejó claro, una vez conocido el escrutinio del 28M, que su intención era gobernar en solitario. En realidad, era su hoja de ruta de partida que había desvelado meses atrás. Y, de hecho, en la ronda de contactos institucionales previa a la investidura, rechazó el ofrecimiento de Vox para armar un gobierno sólido de 18 concejales: los mismos de los que dispuso la popular Sonia Castedo entre 2011 y 2015.
Eso sí, en esta ocasión, Barcala seguirá dependiendo de apoyos externos para superar las votaciones más complejas que lleguen al salón de plenos, entre las que figuran las relacionadas con las grandes decisiones sobre el planeamiento urbanístico (que requieren de mayoría absoluta) o los presupuestos (para los que resulta suficiente con una mayoría simple).
Dicho de otro modo: con los 14 concejales obtenidos ahora (cinco más que en 2019), el PP queda abocado a alcanzar pactos puntuales con alguna de las cuatro fuerzas que ejercen funciones de oposición. El primer edil es muy consciente de ello. De ahí que, en su discurso de toma de posesión, insistiese en tender la mano para llegar a acuerdos sobre las decisiones que atañen a la planificación del futuro de la ciudad y que permitan avanzar en su transformación tanto física (con la ejecución de inversiones por la reurbanización de barrios), como estructural y social.
Lo cierto es que esta vez Barcala tendrá que esmerarse tanto en pedagogía, como en dotes de diálogo para alcanzar esas ententes puntuales, después de cinco años en los que, precisamente, se le ha recriminado falta de interés por negociar. Al menos, desde los grupos que configuran el eje progresista. En todo caso, él estaría dispuesto a asumir el reto, en base a la experiencia previa desplegada desde 2018, cuando alcanzó el poder con solo ocho ediles y fue capaz de sumar el respaldo de Guanyar (la plataforma electoral encabezada por Esquerra Unida con respaldo externo de Podemos) para aprobar el presupuesto de 2019.
En el nuevo mandato estrenado este sábado, el liderazgo entre las filas opositoras seguirá ocupándolo el PSOE al mantenerse como fuerza mayoritaria con ocho ediles (uno menos que en el pasado mandato) bajo la dirección de Ana Barceló como portavoz. Le seguirán Vox, con cuatro representantes (dos más); Compromís, que se mantiene con dos; y la confluencia Unides per Alacant, con uno (uno menos de los obtenidos por Unides Podem EU).
Está por ver cuál puede ser la posición que adopten cada una de esas cuatro formaciones respecto a los planteamientos que pueda formularles el PP, aunque los nuevos líderes de todas ellas ya habían anticipado antes de este sábado que su intención es respaldar las decisiones que respondan a los intereses de Alicante. No obstante, sus cuatro portavoces también advirtieron a Barcala en sus intervenciones en el pleno de constitución de la corporación de que no dispone de un cheque en blanco y que se opondrán a las iniciativas que, a su juicio, se desvíen de ese objetivo del bien común.
Sea como fuere, todo parece indicar que Barcala podrá seguir contando con el sustento de Vox como aliado preferente -en realidad, en la línea de lo acontecido desde 2019- tanto por proximidad ideológica como por el hecho de que los dos partidos compartirán a partir de ahora competencias en el Consell, tras el acuerdo de gobierno alcanzado para que Carlos Mazón se convierta en presidente de la Generalitat. Todo, al margen de lo que pueda deparar el escrutinio de las elecciones generales del 23 de julio, que -de mantenerse la tendencia de voto de las autonómicas y las municipales- podría dar pie a otra alianza entre los mismos protagonistas en el Gobierno central.
Por lo pronto, el discurso de la líder de Vox, Carmen Robledillo, rebajó el tono respecto a la posición política mantenida por el partido en el último tramo del pasado mandato. Tanto es así que en su intervención no hubo ninguna referencia expresa al veto que Vox ha venido expresando de forma recurrente respecto a la implantación de las medidas de calmado del tráfico de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que toda ciudad de más de 50.000 habitantes debe poner en marcha en 2024. La misma Robledillo se refirió en campaña a la modificación de esa ZBE como condición irrenunciable en el caso de que el PP requiriese de su apoyo para formar gobierno. Este sábado, la ZBE se cayó de las prioridades de Vox.
En todo caso, sí existen dos certezas fundamentales en el inicio del nuevo mandato 2023-2027. La primera, que Barcala y el PP dispondrán de una hucha millonaria para gestionar la ciudad: la liquidación del presupuesto de 2022 arroja un remanente de 122 millones con el que poder promover la triple transformación comprometida por Barcala en su discurso. Y la segunda, que todavía existe una extensa relación de compromisos por cumplir arrastrados del mandato precedente, entre los que se cuentan proyectos incluidos en esa voluntad de modernización urbanística tanto en el Centro como en los barrios que ya estarían preparados y prácticamente listos para licitar.
El mismo primer edil defendió, en su primera intervención en el pleno de investidura, que Alicante ha mejorado en los últimos cuatro años bajo el gobierno de PP y Cs que él dirigió. Pero también señaló que queda mucho trabajo por completar y que pretende desarrollarlo con el respaldo de sus trece compañeros de filas: "Un equipo de gobierno compuesto por 14 mujeres y hombres, que aúnan juventud y experiencia, formación y profesionalidad. Un equipo que no ha buscado la igualdad impostada, sino el mérito y la capacidad y lo formamos 8 mujeres y 6 hombres. Un equipo con programa, ideas claras y sin complejos", dijo.
Así, los populares se enfrentan a la posibilidad de concluir ese proyecto político en estos próximos cuatro años. Pero también a la tesitura de fracasar, en el caso de no haberlo convertido en realidad en el horizonte de 2027, tras completar un ciclo de nueve años con Barcala como alcalde. Llegados a esa fecha, será difícil que el PP pueda buscar coartadas, en el caso de no haber materializado los planes que ya vienen arrastrados desde 2018. Y ojo que la lista es larga, solo entre los proyectos que entrañan la realización de obras que quedan total o parcialmente bajo competencia municipal y autonómica. Se incluye desde el centro de congresos, hasta la ampliación de la Vía Parque o el desarrollo del Parque Central en los terrenos liberados del ferrocarril, por citar algunos ejemplos. Y sin contar medidas de corte social, como el desarrollo del plan integral de la Zona Norte.
Después de disponer de otros cuatro años de capacidad de maniobra, podría no haber margen para las excusas. El primer edil admitió en campaña en que su principal hándicap al que se había enfrentado en los últimos cuatro años había sido la falta de tiempo, ya que daba por superados los problemas de financiación. En estos próximos cuatro años esos problemas tampoco existirán. Máxime si se tiene en cuenta el previsible cariño que pueda conferir la Generalitat con la transferencia de inversiones que los populares vienen reivindicado desde 2015, con la ventaja añadida que supone sintonizar con un Consell bajo el mismo signo político. Así, que el PP tendrá fondos y otros cuatro años para utilizarlos.
Por lo pronto, parece que no se pretende malgastar el tiempo. Como ha anticipado este diario, el PP ya ha iniciado los trámites para promover una tercera modificación de crédito sobre el presupuesto prorrogado de 2022 con la intención de poder provisionar fondos adicionales que permitan acometer parte de las actuaciones plurianuales que debían haber figurado en las cuentas de 2023, al margen de las ya recogidas en el primer ajuste contable por importe de 9,7 millones (ya en vigor, tras el descarte de las alegaciones presentadas), para desarrollar las obras de reurbanización cofinanciadas por la Unión Europea (UE). Como poco, Barcala anticipó tras la toma de posesión que entre sus prioridades figuran el lanzamiento de ese tercer ajuste contable, así como el impulso del nuevo presupuesto para 2024 con el reto -casi personal, dijo- de conseguir que pueda entrar en vigor en plazo.