Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El acuerdo exprés de gobierno alcanzado por el Partido Popular de la Comunitat Valenciana liderado por Carlos Mazón y Vox, con su flamante nuevo cabeza de cartel, Vicente Barrera, incluye 50 medidas en las que percibe claramente el toque de la formación de extrema derecha, que ha logrado estampar negro sobre blanco algunas de sus iniciativas más polémicas.
De lo ocurrido en los últimos días, queda claro que una de las prioridades para Mazón era cerrar cuanto antes un pacto que le facilitara la investidura lo más rápido posible (más aún, con las elecciones generales del 23 de julio a la vuelta de la esquina), una medida hábil si el objetivo es evitar el goteo de informaciones diarias y los ríos de tinta llenos de especulaciones. Ambas situaciones caracterizaron las negociaciones de la izquierda para acordar los dos pactos del Botànic: el líder del PP, en cambio, ha preferido evitar las conversaciones retransmitidas por los medios y el engrandecimiento de las discrepancias. Es más que probable que estas vayan llegando a la hora de pulir los flecos, pero el trabajo grueso ya está hecho, aunque esto tenga algunos costes que pueden vislumbrarse entre las 50 medidas acordadas este jueves.
Otra cosa será si alguna de las iniciativas más polémicas llega algún día a ver la luz. En esto la propia experiencia del Botànic sirve para constatar que no todo lo que aparece en un acuerdo de gobierno se cumple: de hecho, algunas reivindicaciones de Podem o Compromís nunca llegaron a materializarse tras ocho años de gobierno. Así, habrá que ver si las cuestiones plasmadas en este acuerdo sin nombre -esta es otra de las características del pacto, que carece de simbología ni de escenificación alguna- llegan a cumplirse en su totalidad o si, como parece, se convierten en algún caso en un brindis al sol o en una carcasa sin contenido con la única utilidad de sellar una rúbrica que permita agilizar la entrada de Mazón en el Palau de la Generalitat.
De lo que no hay duda es que la celeridad del acuerdo ha favorecido que el PPCV asuma no sólo una generosa concesión numérica -tres consellerias de las diez previstas- a favor de Vox, sino también una parte importante del discurso del partido de Santiago Abascal. Aunque algunos pueden ver este acuerdo como un triunfo de este partido, la sensación es que Mazón ha preferido llegar a un pacto rápido y comenzar a trabajar cuanto antes en su verdadero objetivo: gobernar y 'tragarse' a Vox a medio plazo.
En cuanto al documento, merece ser destacada la aparición en un puesto preferente de la reforma del sistema de financiación autonómica -cuarta medida- para mejorar el reparto para la Comunitat Valenciana, algo sobre lo que Vox se había desmarcado. Como curiosidad, y pese al debate suscitado en los últimos meses, no aparece en el documento la recuperación del derecho civil valenciano, algo que ha criticado la Associació de Juristes Valencians.
Sin embargo, en otras cuestiones sí se ve claramente la mano del partido de Abascal. Uno de los enunciados que más llama la atención es la introducción del término "violencia intrafamiliar" en lugar de violencia de género, uno de los caballos de batalla de Vox del que el PP siempre ha intentado desmarcarse. "Defenderemos derechos de las familias y promoveremos políticas que perseguirán erradicar la violencia intrafamiliar, en especial las que sufren mujeres y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas", reza la medida número 43. Curiosamente, el propio portavoz del comité de campaña del PP, Borja Sémper, se refería al término "violencia machista" esta misma semana cuando ponía la línea roja al candidato de Vox, Carlos Flores, para negociar un gobierno.
En el pacto también se asoma otra de las reivindicaciones más polémicas de Vox: el denominado pin parental. Algo que se desliza en la medida número 28: "Los padres elegirán libremente y en su caso autorizarán el contenido de las actividades extracurriculares". Además, de reforzar la inspección para "la ideología de las aulas y permitiendo que los padres elijan la educación de sus hijos".
También viene reflejada en el documento la reiterada preocupación de Vox por la inmigración ilegal. "La Generalitat (...) pondrá en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado los posibles casos" y, además, asegura que eliminarán "las subvenciones a entidades que amparen estas prácticas".
Otra cuestión que aparece en el acuerdo y que ha sido una de las críticas constantes a la izquierda por parte de las fuerzas conservadoras es la okupación. "En el caso de que se produzca una ocupación ilegal de un inmueble, los poderes públicos garantizarán el derecho a la propiedad poniendo a disposición de la justicia todos los medios personales y materiales necesarios para proteger al afectado", aseguran, para prometer también "una oficina especializada para el asesoramiento y acompañamiento de todas las víctimas frente a la ocupación ilegal".
En la primera medida, el documento remarca la defensa de "la unidad de España, igualdad entre los españoles y la riqueza y diversidad cultural", para en la segunda enunciar: "Reivindicaremos la historia de España y de la Comunitat Valenciana, y garantizaremos la libertad de memoria y el absoluto y pleno respeto de los derechos y libertades de todo. Por ello, se derogarán las normas que atacan la reconciliación en los asuntos históricos", una última afirmación que parece abrir la puerta a una revisión de la Ley de Memoria Democrática aprobada por el Consell en 2017 y cuyo decreto de desarrollo salió adelante en enero de este mismo año.
Como tercera iniciativa en ese apartado inicial de corte patriótico, aparece otra de las cuestiones en la que habían incidido ambas formaciones: "Aprobaremos una Ley de Señas de Identidad que proteja los valores y costumbres y tradiciones de la Comunidad Valenciana como parte esencial de la plural riqueza de España. Por ello, eliminaremos las subvenciones a las entidades o asociaciones que promuevan los 'països catalans'". El último Consell del PP, liderado por Alberto Fabra, impulsó una Ley de Reconocimiento, Protección y Promoción de las Señas de Identidad del Pueblo Valenciano que fue aprobada en marzo de 2015, dos mes antes de las elecciones, y derogada en enero de 2016 por el primer Gobierno del Botànic con Ximo Puig al frente.
No existe referencia alguna a este problema en las 50 medidas del documento. Cabe recordar que Abascal ha criticado públicamente el "fanatismo climático" y muchos dirigentes de Vox han mostrado su escepticismo incluso con la existencia del cambio climático o, al menos, respecto a la gravedad de su impacto.
Así, la única referencia al medioambiente en el documento es la siguiente: "Impulsaremos medidas para proteger de forma efectiva nuestro gran patrimonio medioambiental y defenderemos el patrimonio natural y el desarrollo de todas las oportunidades que de su aprovechamiento se deriva para las personas que residen en su entorno".
En el documento aparecen varios guiños a los agricultores y al medio rural, un espacio destinado al partido de Abascal, dado que liderará la conselleria de esta materia. Así, se menciona el impulso a medidas fiscales y ayudas que fomenten "el relevo generacional en el campo valenciano" y la "seguridad de las explotaciones agrarias frente a cualquier tipo de delincuencia". Además, en el texto se recalca que se protegerá a los agricultores "en todas las instancias con especial atención a las plagas que afectan al campo y a los precios que reciben los productores".
Otro de los puntos de interés del documento era observar la posición de ambos partidos frente a la radiotelevisión pública, puesto que Vox llegó a anunciar que la cerraría si gobernaba. Algo que finalmente no ocurrirá, según el texto pactado: "Apostaremos por un modelo de radio y televisión pública que sea racional con la coyuntura económica y unos contenidos que reconozcan la pluralidad de la sociedad valenciana en su conjunto, que favorezcan la concordia y respeten los valores constitucionales".
Llama la atención que, habiendo anunciado la creación de una Conselleria de Cultura independiente de Educación por segunda vez en la historia del Consell -el único precedente es el de Pilar Pedraza (1993-1995) los dos últimos años de Gobierno de Joan Lerma-, y habiendo designado a quien la dirigirá -el que será vicepresidente primero, Vicente Barrera (Vox)-, el documento no recoja en sus 50 puntos ningún compromiso en el terreno de la Cultura.
