ALICANTE. El último debate sobre el estado de la ciudad de Alicante del mandato, celebrado este viernes, reprodujo la habitual confrontación entre los dos bloques del espectro político (el centro-derecha y el centro-izquierda) en otro toma y daca entre el balance de gestión del que quiso presumir el bipartito (PP y Cs), y las críticas por la supuesta falta de ella, que le recriminaron PSOE, Unides Podem EU y Compromís. Hasta ahí, ninguna novedad, más allá del plan de medidas fiscales esbozado por el alcalde, Luis Barcala, en la intervención con la que cerró el debate, que sumó un episodio más en la carrera por la rebaja de impuestos emprendida en el conjunto de las administraciones como supuesta solución al estallido de la nueva crisis económica (inflación, costes energéticos, etc).
No obstante, esta vez, hubo al menos otros dos elementos hasta cierto punto inéditos que dejan a los dos ejes en una posición incómoda, de cierta incertidumbre, ante los resultados que puedan deparar las elecciones municipales (y autonómicas) de 2023. El primero de esos protagonistas no invitados fue el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) trazado por el Gobierno central (PSOE y Unidas Podemos) con una dotación tan exigua para la provincia de Alicante que ha llevado de algún modo a alzar la voz a los representantes de ambos partidos en la Comunitat, Ximo Puig incluido.
Lo cierto es que la coincidencia de la presentación de los PGE (que no son definitivos, pues quedan pendientes de la presentación de enmiendas) con la celebración del pleno jugó una mala pasada a los tres partidos de la izquierda. Una vez más, tuvieron que escuchar a Barcala, a la vicealcaldesa y portavoz de Cs, Mari Carmen Sánchez, y a su homóloga del PP, Mari Carmen de España, repitiendo la cantinela de la falta (real) de inversiones del Estado en la provincia y en la ciudad. Los tres hicieron coro también para extender el reproche a la Generalitat, con el recuerdo de inversiones anunciadas de forma reiterada pero que no han llegado a ejecutarse, como la conexión del tranvía entre Luceros y Renfe (ahora en fase de redacción de su proyecto de ejecución, con la pretensión de que pueda licitarse a principios de 2023), entre otros.
En realidad, el balance provisional de los PGE proporcionó la percha perfecta para que los representantes del bipartito volviesen a ponerse en uno de sus papeles favoritos: el de hacer oposición frente al Gobierno y el Consell para reclamar la ejecución de infraestructuras pendientes. Así, recurrieron a la retahíla habitual para recordar que no se ha construido ningún centro de salud, ni ningún colegio en la ciudad desde la formación del primer Consell del Botànic, en 2015. Eso sí, no mencionaron los problemas de liquidez que PSPV y Compromís heredaron al llegar a la Generalitat, ni las trabas en tramitación de la gestión del suelo para esos consultorios, o el retraso en la asunción de la delegación de competencias que conlleva el Plan Edificant, en los que PP y Cs también tuvieron algo que decir, aunque contasen con la complicidad del departamento de Intervención.
Sea como fuere, los representantes del bipartito no dudaron en contraponer esa carencia de inversiones estatales y autonómicas con el despliegue de hasta 120 proyectos trazados por el Ayuntamiento para "transformar la ciudad" con la reurbanización de calles "en todos los barrios" mediante la planificación y puesta en marcha de obras por valor de 80 millones. Una vez más, PP y Cs tiraron del plan renove que planificaron en el arranque del mandato y que ahora comienza a plasmarse en actuaciones concretas con el desarrollo de varias obras simultáneas. Incluso Barcala se vio en la obligación de pedir disculpas y comprensión a la ciudadanía por las molestias que puedan generarse durante la realización de esos trabajos financiados "con fondos propios y sin ayuda estatal o autonómica", aunque gran parte de ellos sí cuentan con aportaciones de fondos europeos.
En todo caso, erraron los representantes de la oposición en sus respectivos planteamientos cuando trataron de recriminar al bipartito la parálisis en la gestión y la falta de actuaciones en los barrios -en gran medida como consecuencia del retraso en la aprobación de los presupuestos municipales que habría desembocado en bajos índices de ejecución de inversiones hasta ahora- cuando al mismo tiempo le reprocharon que se tuviese a la ciudad "abierta en canal" por la ejecución de varias obras a la vez. O una cosa o la otra, vino a contestarles De España.
Atención al ciudadano y servicios públicos
Barcala, Sánchez y De España también aludieron en sus respectivas intervenciones a las políticas puestas en marcha por el equipo de gobierno para prestar asistencia a los ciudadanos en situación de dificultades, tras dos años de pandemia y, ahora, en plena crisis inflacionista y de incremento de los costes energéticos. PP y Cs se pusieron la venda antes de la herida, a sabiendas de que gran parte de los reproches de la izquierda atacarían sobre ese flanco, y no dudaron en descargar una ensalada de datos (con la posición de ventaja y la presunción de veracidad que se le atribuye al gobernante por manejar la información de primera mano) para demostrar con hechos la labor desarrollada en Acción Social, mediante la tramitación de 66.000 expedientes de atención a ciudadanos en distintas situaciones de dificultad, según recalcaron. También sacaron pecho de la aprobación de la ordenanza de convivencia cívica como instrumento para atajar comportamientos inadecuados o conflictos como el ruido o el botellón, pese a que las quejas en relación a esos dos problemas no hayan cesado en zonas como el Centro, el Casco Antiguo o Playa de San Juan.
