ALICANTE. No habrá comisión de seguimiento sobre la tramitación del catálogo de protecciones de Alicante. El pleno ha rechazado este jueves la moción registrada por el PSOE por la que se planteaba la creación de ese foro de representación política, cinco años después de que se produjese su aprobación inicial, sin que se haya promovido su aprobación definitiva. Así lo ha defendido la portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, quien ha recordado que, en realidad, la tramitación de ese instrumento "de protección de nuestro patrimonio y nuestra cultura", arrancó hace una década, y que fue el PP, con Ciudadanos (Cs) y dos ediles no adscritos quienes impidieron que prosperase la primera propuesta elaborada durante el mandato del tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís). De igual modo, también ha lamentado que "solo se busque a la oposición cuando van a vencer los plazos administrativos", como sucedió en el momento de la aprobación inicial del catálogo validado en 2020, a un día de que expirase la suspensión de licencias que preservaba los edificios en trámite de catalogación. 

Además, ha recriminado que no se intervenga en la protección y conservación de los edificios, incluidos los reconocidos como BIC, hasta que se producen incidencias como desprendimientos, en el caso del inmueble histórico del Ayuntamiento. Y también se ha referido a la tramitación de propuestas promovidas por empresas interesadas en desarrollar proyectos de hoteles apartamentos en edificios como la Casa Alberola o en el entorno de la Plaza de Toros, reconocida como Bien de Relevancia Local (BRL), al margen del derribo de otro edificio histórico en la calle Segura. 

En el turno de intervenciones, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, también se ha referido al retraso en la tramitación del catálogo, pendiente de aprobación de las modificaciones planteadas por la Conselleria de Territorio, entre las que se incluyen aspectos ya apuntados por la Conselleria de Cultura relacionadas con la protección de la volumetría interna del edificio del antiguo cine Ideal, por ejemplo. Todo, a pesar de que, según ha señalado, el equipo de gobierno había anunciado la firma de un convenio con la Universidad de Alicante (UA) para dar cumplimiento a esos requerimientos. De ahí que haya anticipado su intención de respaldar la creación de la comisión. En parecidos términos se ha pronunciado la edil de Compromís, Sara Llobell, quien ha redundado en la necesidad de preservar los cerca de 900 bienes que se pretende preservar a través del catálogo. "Nos sumamos a esta moción y reclamamos que se apruebe el catálogo de manera urgente porque no podemos dejar ninguna ventana abierta a la especulación", ha sostenido.

Por Vox, su portavoz municipal, Carmen Robledillo, ha anticipado su voto en contra, aunque ha argumentado que "no estamos en contra de la protección del patrimonio". Al respecto, ha considerado que "este catálogo no es un instrumento de protección, sino un instrumento ideológico vacío que solo sirve para simular participación, dilatar plazos y dar apariencia de consenso". "Esta comisión no va a resolver ningún problema ni las decisiones arbitrarias en la conservación de inmuebles, ni va a compensar los perjuicios económicos para los propietarios", ha argumentado. "No vamos a respaldar comisiones teatrales", ha incidido. "Alicante necesita menos burocracia, menos comisiones, y más agilidad", ha señalado. "No vamos a seguir defendiendo un urbanismo al servicio de las ideologías, sin libertad y sin sentido común", ha concluido.

Por el equipo de gobierno, ha intervenido el vicealcalde, Manuel Villar, quien ha sostenido que la legislación autonómica ya prevé un mecanismo de protección de los bienes en trámite de catalogación, recogidos en el catálogo, por lo que no existiría un vacío sobre su conservación. Además, ha señalado que se está trabajando en la revisión del catálogo a partir de las determinaciones introducidas por conselleria y que se ha promovido la contratación de una asesoría externa al respecto. De este modo, ha insistido en que "no existe una situación de desprotección generalizada", por lo que ha considerado "no necesaria ni pertinente la creación de esta comisión". De igual modo, ha apuntado, respecto al edificio de la calle Segura, ya derribado, que la solicitud de licencia se produjo en 2019, antes de que se aprobase el catálogo, y que, además, ha estado sujeto a un proceso judicial previo que ha condicionado la concesión del permiso. "Se trata de un caso particular y aislado que no puede extrapolarse", ha dicho. Y sobre los proyectos que afectan a inmuebles a los edificios de la casa Alberola y del entorno de la Plaza de Toros, ha explicado que se encuentran afectados por las determinaciones del catálogo.

En la réplica, Robledillo ha insistido en la "ineficacia" de esa comisión y ha insistido en el carácter ideológico del catálogo que, a su juicio, desprotege a los propietarios. Y Amorós ha señalado que "todo es política", en alusión a la argumentación de Robledillo, y ha insistido en que, de lo que se trataba con la creación de la comisión era de que "nos facilitasen información sobre el estado del catálogo". Villar, por su parte, ha insistido en que esa comisión no va a servir para impulsar el catálogo, aunque ha incidido en que la oposición está en su obligación de solicitar información y que se le facilitará. Así, en el turno de votación, la propuesta ha quedado desestimada. Ha sumado los 11 votos a favor de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem, y los 17 votos en contra de PP y Vox.

Freno a los pisos turísticos

Otro tanto ha sucedido respecto a la segunda de las iniciativas políticas planteadas por el PSOE, por la que se aspiraba a crear una comisión encargada de realizar un seguimiento sobre los acuerdos de suspensión de licencias aprobadas por el pleno en relación a la tramitación de licencias para apartamentos turísticos aislados y en bloque. La encargada de defender la inciativa, Ana Barceló, ha sostenido que se trataba de una medida necesaria para garantizar el cumplimiento de esos acuerdos, adoptados en diciembre y en julio con el respaldo del PSOE. Así, ha recordado que la suspensión de licencias se levantará si, en enero de 2026, no se presenta una propuesta de regulación y ordenación, como preveía el propio acuerdo. Por ello, se ha cuestionado cuándo se va a presentar ese plan y cuándo se va a adherir el ayuntamiento al convenio con la Generalitat para asumir la competencia sancionadora, y cuándo se iba a aprobar en la página web municipal sobre los apartamentos regulados. "Queremos un instrumento para que se cumplan los acuerdos aprobados", ha incidido.

Por EU Podem, su portavoz, Manolo Copé, ha incidido en el perjuicio de la turistificación que, según ha argumentado, no tiene que ver con la turismofobia. "Queremos que el derecho a la vivienda hay que protegerlo frente a la especulación, por lo que hay que fomentar el parque de vivienda pública y controlar esas licencias", ha apuntado. "Por eso apoyamos esta comisión, para fiscalizar y que no nos tomen el pelo con medidas escaparate", ha señalado. Por Compromís, su portavoz, Rafa Mas, ha considerado que la comisión "es papel mojado" si no se habilitan "medios y recursos para inspeccionar los pisos turísticos". "No damos licencias, pero qué hacemos con los pisos ilegales que están floreciendo", se ha cuestionado. "Ahora los especuladores optan por la forma de apartahoteles", ha sostenido, tras aludir, de nuevo al edificio de la Casa Alberola. "Por eso votamos en contra del último acuerdo de suspensión de licencias sobre bloques completos", ha explicado. "Es papel mojado si no hay medios de inspección", ha insistido. En todo caso, ha sostenido que, ante el problema de la falta de vivienda, "la solución es que las viviendas vacías que hay en Alicante salgan a la luz, garantizando derechos a los propietarios", ha explicado. Por Vox, el edil Juan Utrera ha sostenido que la suspensión de licencias a pisos turísticos "no es la mejor solución al problema de la falta de vivienda" y ha sostenido que el problema es la "inseguridad jurídica" para los propietarios y la ausencia de vivienda pública, además de la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno central. Así, ha considerado que la comisión planteada por el PSOE "solo va a añadir más presión" para los propietarios, por lo que ha anticipado su voto en contra.

Por el equipo de gobierno, ha vuelto a intervenir Villar para sostener que "lo que pactamos en el acuerdo sobre la suspensión de licencias se va a llevar a cabo". Además, ha señalado que el documento urbanístico de la modificación puntual del PGOU que debe regular las condiciones para la concesión de esos permisos está adelantado con la previsión de que pueda iniciarse su tramitación urbanística a principios de octubre. Así, ha sostenido que la creación de una comisión no ayudaría en su aprobación y ha sostenido que el proceso participativo se desarrollará en el marco del proceso administrativo de esa modificación.

En el turno de réplica, Barceló ha sostenido que, "si los acuerdos van a cumplirse, no habría problema en crear esa comisión". "Estamos viendo con preocupación la figura de los hoteles apartamento", ha incidido. Y Villar ha reiterado su compromiso con la ejecución de ese pacto, para insistir en que la comisión "no va a contribuir a que se adopten los pasos que se están llevando a cabo". Así, en el turno de votación, la moción ha quedado rechazada con 11 votos a favor y 17 en contra.

Control a las zonas verdes

En tercer término, tampoco ha prosperado la moción promovida por Compromís para constituir una comisión encargada de auditar el servicio de mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad, gestionado por STV Gestión y por Eulen, en lo que respecta a los espacios forestales periurbanos. El portavoz de la coalición valencianista, Rafa Mas, ha señalado que la contrata supone un gasto de 8,5 millones anuales y, sin embargo, "faltan trabajadores" e inspectores para controlar la correcta ejecución de la prestación. "En jardinería nos dicen los sindicatos que faltan más de cien trabajadores", ha sostenido, tras señalar que la ausencia de esos medios impide garantizar la conservación de la mayoría de los parques urbanos. Por ello, ha emplazado al nuevo concejal a cargo de la responsabilidad, Rafa Alemañ, a ser receptivo para configurar ese equipo de trabajo.

En el debate de la iniciativa, el portavoz de EU Podem, Manolo Copé, ha considerado conveniente la creación de la comisión para tutelar el cumplimiento del servicio, ya que, según ha argumentado, "no se trata solo de una cuestión de estética, sino también de seguridad" para garantizar el correcto estado del arbolado. Así, ha considerado que también debe velarse por la aplicación del Plan Director del Arbolado. "La prevención debería ser una norma y no la excepción", ha sostenido. "Lo que se pretende es apoyar a la concejalía en la tarea", ha argumentado. Por Vox, el edil Óscar Castillo ha sostenido que su partido no iba a bloquear la creación de ese foro de fiscalización, al considerar que podría ser un instrumento útil. No obstante, ha señalado que Vox plantea un paquete de medidas que incluya un plan estacional de limpieza, así como la mejora de la coordinación entre el funcionamiento de la contrata de parques y jardines y la de la limpieza viaria. Además, también ha sugerido la creación de una aplicación que permita que los ciudadanos den aviso de situaciones que requieren de intervención, para que puedan solucionarse. 

Por el PSOE, el edil Raúl Ruiz ha anticipado su apoyo a la iniciativa para garantizar el control del servicio, después de lamentar que el contrato actual esté prorrogado en la actualidad, "con árboles secos", y sin que se esté ejerciendo el seguimiento debido. Se trata, según ha argumentado, de una situación que se extiende a las zonas forestales periurbanas. Además, ha recordado el pago millonario que el ayuntamiento ha tenido que asumir tras la exclusión indebida de una de las empresas que optó a la última licitación, en alusión a Geamur. Y por el equipo de gobierno, Alemañ ha sostenido que el mantenimiento de las zonas verdes "es esencial" y que "el servicio no es más caro" que el de otras ciudades. De igual modo, ha dicho desconocer la existencia de "las quejas que ustedes dicen" y ha asegurado que se practican revisiones trimestrales para evaluar su estado. Con todo, ha señalado que "ni así se consigue evitar el riesgo de caídas", ha apuntado. En todo caso, ha anticipado su rechazo a la propuesta puesto que "la comisión que se plantea, no es una comisión de trabajo, es una comisión política".

En la réplica, Mas ha defendido la conveniencia de tratar sobre el servicio "no de forma privada, sino en el contexto de una comisión" para incidir, después, en la reducción de los inspectores del servicio, a pesar del incremento de zonas verdes que se ha producido en los últimos años. Ortolá ha considerado que Vox concedería un voto de confianza de 100 días a Alemañ para evaluar si se produce un cambio de orientación en sus concejalías. Ruiz ha insistido en la crítica a la prórroga del servicio y ha exigido medidas que atajen la "opacidad" y el "abandono". Por último, Alemañ ha señalado que el control al servicio se ejerce desde el equipo técnico de la concejalía y que se introducen los cambios que se considera necesarios en los contratos. Además, ha señalado que tuvo que ser el PP quien licitó el contrato en 2020, después de dos años en los que había permanecido bloqueada por el anterior equipo de gobierno tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís). Así, en el turno de votación, la iniciativa ha quedado rechazada con los 13 votos del PP, las cuatro abstenciones de Vox y los 11 votos a favor de PSOE, Compromís y EU Podem.