ALICANTE. La nueva rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de Alicante, adicional a la del 5% lineal implantada desde 2019, pasa el corte político del pleno como primer paso para que resulte de aplicación en el ejercicio fiscal de 2026. La propuesta promovida por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), ha quedado aprobada de forma inicial este jueves, con el respaldo de los ediles del grupo municipal de Vox. Con ello, los dos partidos se han ajustado al cumplimiento de uno de los puntos incorporados en el pacto presupuestario alcanzado en diciembre de 2024, en el que se preveía una reducción gradual del tipo impositivo a lo largo de tres años como supuesto mecanismo de compensación por el incremento de la tasa de la basura, después de que, en ese mismo mes, también se aprobase su actualización para equiparar la recaudación a los costes reales del servicio.

La modificación del tipo fiscal, de un 1,20% (pasa al 0,62042 por 100 para bienes urbanos, frente al tipo anterior, de 0,62795), supone una disminución de 1,1 millones en los ingresos obtenidos por el cobro del impuesto, que supone una reducción media de entre 3 y 4 euros en el importe de los recibos. Y no incluye ninguna de las medidas planteadas por los grupos del eje progresista (PSOE y Esquerra Unida Podem, puesto que Compromís no llegó a registrar enmiendas) con las que se trataba de introducir bonificaciones adicionales para propietarios de viviendas de protección pública y para jóvenes, entre otros puntos. Esas propuestas quedaron desestimadas en su mayor parte en el informe elaborado por los técnicos de la Concejalía de Hacienda al concluir que suponían una reducción de ingresos adicional no contemplada en el Plan Económico Financiero (PEF) aprobado por el ayuntamiento en junio, como medida obligatoria tras el incumplimiento de la regla de gasto en el ejercicio económico de 2024.

No obstante, sí se admite una de las enmiendas formuladas por Vox, por la que se extiende de tres a cinco años el plazo de bonificación del impuesto para los titulares de viviendas que implementen medidas de eficiencia energética. Se trata de un aspecto que, según el informe técnico de resolución de las enmiendas, no afectaba a los límites del PEF puesto que la reducción de ingresos que ese cambio generaba se extendía a los años 2028 y 2029, cuando el bloqueo a la rebaja de ingresos (salvo el previsto con la reducción del IBI) del plan de ajuste queda reducido a los ejercicios de 2025 y 2026. Sea como fuere, tanto PSOE como EU Podem, y también Compromís han votado en contra al considerar que la reducción planteada no era suficiente y no incluía criterios de progresividad, en función de la disponibilidad económica de los ciudadanos, aunque, según vienen argumentando fuentes municipales cada vez que se alude a ese criterio de proporcionalidad, el ayuntamiento no estaría en disposición de aplicar ese baremo al no tener acceso a información sobre los niveles de renta de la ciudadanía, que solo maneja la Agencia Tributaria.

Por partes, la edil de Hacienda, Nayma Beldjilali, ha defendido la iniciativa, tras recordar el compromiso adquirido con Vox y agradecer su colaboración, para reseñar que se trata de la segunda rebaja del impuesto desde 2019 y desglosar el conjunto de bonificaciones ya previstas para viviendas de protección pública o aquellas que promuevan la implantación de medidas de eficiencia energética como la instalación de sistemas de energía solar. Así, ha emplazado al conjunto de la oposición a votar a favor de la propuesta "que beneficia a los alicantinos". "Pensamos que el dinero tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos", ha incidido.

El portavoz de EU Podem, Manolo Copé (en su primera participación en el pleno tras la finalización del periodo de baja por acogimiento familiar), ha criticado la desestimación de las enmiendas y que se siga abogando por una rebaja lineal, sin atender a criterios de proporcionalidad que permitan "ayudar a las familas más vulnerables" y penalizar a "los grandes tenedores de viviendas", además de apoyar el alquiler asequible y fomentar la introducción de medidas de sostenibilidad en los edificios. Copé ha considerado que la modificación del impuesto beneficia a los grandes patrimonios, por lo que ha instado al PP a retirar la propuesta para abrir un periodo de negociación que permita introducir criterios de progresividad. De lo contrario, ha sostenido que se seguirá promoviendo "una ciudad cada vez más desigual". 

En segundo término, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, también ha emplazado al PP a retirar la propuesta para abrir un periodo de negociación con el conjunto de grupos políticos, "y no solo con la ultraderecha de Vox", ha incidido. Además, ha criticado el deterioro de los servicios públicos que, a su juicio, se estaría registrando "mientras se sigue pensando en cobrar por acceder al Castillo de Santa Bárbara", y que no se haya aceptado la introducción de medidas de progresividad en la reducción del impuesto. Así, ha considerado que la rebaja del IBI planteada "es una estafa" y que solo responde a la necesidad de satisfacer las peticiones de Vox, a cambio de sus votos a favor de la aprobación del PEF.

Primera de tres

Por Vox, su portavoz adjunto, Mario Ortolá, ha sostenido que las enmiendas formuladas por EU Podem fueron desistimadas por "criterios técnicos" y ha reivindicado que, en realidad, el acuerdo supone la primera de las tres rebajas del impuesto comprometidas para los próximos tres años, que supondrán una reducción de la recaudación de 3,3 millones. Además, se ha referido a la actualización de la tasa de la basura aprobada en diciembre (con la abstención de su partido) para lamentar que, en ese caso, la normativa estatal -por la que se traspone una directriz europea- no permitiese la posibilidad de introducir modificaciones que conllevasen una rebaja de la carga para los ciudadanos.

Por el PSOE, la edil Silvia Castell, ha defendido las enmiendas planteadas por su partido para penalizar a los fondos de inversión y apoyar a las familias, a los jóvenes y el autoconsumo energético, para, después, lamentar que hubiesen quedado rechazadas por PP y Vox en la comisión de Hacienda. De igual modo, ha sostenido que la reducción solo va a suponer una disminución de 3 euros en el recibo, con lo que no supone un beneficio para los ciudadanos, aunque sí supone una reducción de ingresos de 1,1 millones, mientras se opta por el cierre del centro de día de Plaza América o se renuncia a la construcción de viviendas protegidas, como las previstas en la calle Ceuta del barrio de San Blas, por ejemplo. En su argumentación, ha sostenido que con las políticas desplegadas por el PP se está consiguiendo que las familias abandonen la ciudad para residir en otras poblaciones. De igual modo, también ha criticado que se destine 390.000 euros al funcionamiento de la oficina de maternidad. "Renunciar a un millón de euros bajando el IBI es un error", ha sostenido. "Los alicantinos estarían encantados de pagar 3 euros con tal de que se construyese vivienda pública", ha concluido.

En la réplica, Copé ha incidido en que el rechazo a las enmiendas se ha justificado en los informes técnicos cuando, en su opinión, es una cuestión de voluntad política. Mas ha insistido en "la estafa" de la propuesta para reiterar la falta de policías o de trabajadores en el servicio de limpieza. "Usted baja el impuesto lo que cuesta un café, y no construye viviendas sociales", ha insistido, al interpelar al alcalde, Luis Barcala. Y, respecto a la argumentación de Vox, Mas ha tratado de corregir a Ortolá para apuntar que la tasa de la basura "no la ha acordado Sánchez; la que se aprobó aquí no tiene nada que ver con la que se aprobó en otros municipios; la de aquí, la aprobaron ustedes", ha añadido. Ortolá ha enumerado el incremento de impuestos promovido por el Gobierno central, además de insistir en que la Ley de Haciendas Locales introduce limitaciones para las bonificaciones, en alusión al descarte de las enmiendas formuladas por el PSOE. Y Castell ha acusado a Barcala de "lavarse las manos con la tasa de la basura y rebajar tres euros el IBI" cuando, con el millón que se va a dejar de recaudar, "se podría sufragar la rehabilitación de las viviendas de los antiguos maestros de San Gabriel", ahora en curso, o "construir más carriles bici", por ejemplo. Así, ha criticado que se denoste los impuestos puesto que "son los que permiten prestar los servicios públicos".

Por último, Beldjilali ha defendido su currículum profesional -después de que Mas se hubiese dirigido a ella como dama del Foc- y ha rebatido las críticas respecto a la falta de promoción de vivienda pública para señalar que el Consell del Botànic no construyó ninguna en Alicante. Además, ha insistido en que el incremento de la tasa de la basura fue "impuesta por el Gobierno de Sánchez a todos los ayuntamientos" y ha defendido que Alicante sigue siendo una de las ciudades con la fiscalidad más baja, frente al "infierno fiscal de Sánchez". Así, en el momento de la votación, se ha descartado las enmiendas que se han reproducido en pleno y se ha aprobado la propuesta de reducción fiscal en los mismos términos en los que se aprobó en la comisión de Hacienda con la suma de los votos de PP y Vox (17 votos, ante la ausencia de la edil de Urbanismo, Rocío Gómez, que permanece de baja).

Santa Faz, Fiestas y cuenta general

Acto seguido, en el transcurso del pleno también se ha aprobado el traslado de la reliquia de la Santa Faz con motivo de la Coronación de la Patrona de Mutxamel, Nuestra Señora del Loreto, con la abstención de los ediles de Compromís y EU Podem, así como el calendario de festivos locales para 2026, en el que se propone el 16 de abril, día de la Romería de la Santa Faz, y el 23 de junio, asociado a las fiestas de Fogueres (en este caso, en una votación que ha suscitado unanimidad). De igual modo, también se ha aprobado, como propuesta de urgencia, la liquidación de la cuenta general del presupuesto de 2024 para que pueda elevarse su remisión al Tribunal de Cuentas. Se trata de un acuerdo que debía adoptarse antes del 1 de octubre, según ha justificado el alcalde, Luis Barcala, para explicar su presentación por el trámite de urgencia.

En el debate de ese punto, Copé ha aprovechado para criticar la gestión económica del PP en aspectos como la baja ejecución de las inversiones, especialmente en dotaciones en los barrios, según ha sostenido. Además, ha denunciado que de ello sería copartícipe el grupo municipal de Vox, por su apoyo a los presupuestos. Así, ha considerado necesario que se "atiendan las necesidades de la ciudad" en asuntos como la prestación de servicios públicos, en lugar de "engordar las grandes contratas". "No vamos a aprobar estas cuentas que hacen que el dinero público se deje de invertir en lo que hace falta", ha añadido. "Esto tiene dos responsables, el PP que gobierna, y Vox, que le sustenta", ha concluido. Mas también ha sido crítico al considerar que "Alicante es la ciudad de las oportunidades perdidas". "Se ha bloqueado las inversiones, cierran centros de día, nos faltan policías, nos faltan jardineros, toda la ciudad llena de baches y agujeros...", ha enumerado. De igual modo, ha recriminado que solo se ha ejecutado cuatro de cada diez euros presupuestados en inversiones, "mientras se sigue pagando a directores generales" que, según ha sostenido, estaban llamados a mejorar la gestión.

Por Vox, Ortolá ha criticado el uso de los impuestos que, a su juicio, estaría haciendo el Gobierno central, en alusión a la contratación de servicios de prostitución reflejadas en el caso ERES de Andalucía o en el caso Celdrán, por ejemplo. Con todo, también ha sostenido que el nivel de ejecución ha sido bajo, por lo que ha anticipado que Vox optaría por la abstención. Y por el PSOE, Castells ha considerado que la gestión presupuestaria del PP "es un fracaso", tras recordar el incumplimiento de la regla de gasto, la ausencia de construcción de vivienda pública, o la renuncia a subvenciones de la Generalitat. "Su balance es de siete años de promesas vacías", ha sostenido, tras recriminar la falta de inversiones, frente a los números que sí se alcanzan en ciudades vecinas gobernadas por el PP, como Elche. "55 millones sin invertir", ha incidido, para reiterar que "el PP no apuesta por la construcción de vivienda pública". En último término, la propuesta ha quedado aprobada con el único voto favorable de los ediles del PP (13) y las abstenciones de PSOE y Vox, frente a los votos en contra de Compromís y EU Podem.