ALICANTE. Sin sorpresas. El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este miércoles la propuesta de Plan Económico Financiero (PEF) al que quedaba abocado después de que el informe de liquidación del presupuesto de 2024 reflejase el incumplimiento de la regla de gasto. El acuerdo ha quedado refrendado con los votos del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), y de los cuatro concejales del grupo municipal de Vox, en función del último acuerdo alcanzado entre las dos formaciones, en el que, además de la salida del exconcejal de Hacienda, Toni Gallego, también se incluía un decálogo de medidas adicionales, como la modificación de la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública, la revisión de las Zonas Acústicas Saturadas del Centro Tradicional y Casco Antiguo, la promoción de una ordenanza para agilizar el funcionamiento administrativo y reducir burocracia, y la tramitación de un reglamento de las subvenciones municipales, o el registro de una declaración institucional conjunta para instar a la Generalitat a que modifique la condición de Alicante para que pase a considerarse municipio de predominio lingüístico castellano, entre otros puntos.

Se trata de un paquete de decisiones que ya ha generado rechazo entre los empresarios del sector del ocio, que rechazan la implantación de las ZAS sin aceptar su modificación, así como de los vecinos de ambos barrios, que vienen reivindicando medidas de control al ruido desde hace años. Además, como era de esperar, ese entendimiento entre las dos formaciones -el enésimo que alcanzan desde el inicio del actual mandato- ha contado con el voto en contra de los tres grupos progresistas que ejercen funciones de oposición: PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem. Con todo, la mayoría conformada por los 13 concejales del PP (a la espera de que se cubra la vacante de Gallego) y los cuatro regidores de Vox ha propiciado que el plan de ajuste -la denominación coloquial con la que se identifica al PEF- haya prosperado, tras la incorporación de una enmienda por la que se ampara la rebaja del tipo impositivo del IBI. Es decir, otra de las medidas reclamadas por Vox que se había incluido en el pacto presupuestario firmado entre los dos partidos el pasado diciembre.

La encargada de defender la propuesta de ese plan de ajuste ha sido la nueva edil de Hacienda, Nayma Beldjilali, quien ha sostenido que el planteamiento económico permitirá garantizar la "estabilidad" y seguir desarrollando "los proyectos que Alicante necesita", además de mantener los compromisos alcanzados con Vox, como la reducción del IBI a la que se da cabida tras la incorporación de una enmienda pactada con ese grupo político. Además, ha insistido en que la propuesta también permite cumplir la "regla de gasto en el ejercicio económico de 2025" con un margen de 33 millones, según ha detallado, para recalcar que "este plan no es un plan de ajuste" puesto que el ayuntamiento se encuentra en una situación contable saneada. Así, tras expresar su gratitud a Vox por el entendimiento alcanzado, no ha desaprovechado la oportunidad para reprochar que el Gobierno central no haya liberado el uso de los remanentes ni haya permitido poner en marcha las llamadas inversiones sostenibles. De igual modo, ha señalado que el plan incluye la previsión de un "aumento de recaudación" gracias a la entrada en vigor de la nueva tasa por la prestación del servicio de limpieza y recogida de residuos a partir de enero, aunque sí ha señalado que se incluirá la reducción de gastos para amparar la rebaja del tipo impositivo del IBI concertada con Vox. 

En el turno de debate, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha criticado que se haya recurrido al adelanto del debate de la propuesta con la convocatoria de un pleno extraordinario de manera "injustificada", con la teórica intención de que él mismo no "reventase" los acuerdos adoptados con un hipotético recurso, en el supuesto de que no se le hubiese convocado formalmente por encontrarse en situación de permiso por acogimiento familiar a partir de este jueves. Además, respecto a la propuesta en concreto, ha señalado que se llega a su planteamiento como consecuencia de una gestión económica "ineficaz" con un exceso de gasto de más de 30 millones que, según ha señalado, permanece a pesar de que se haya promovido la salida de Gallego como concejal. "No vale con seguir utilizando a Pedro Sánchez como comodín", ha incidido. De igual modo, ha sostenido que la rebaja del IBI pactada con Vox no tendrá incidencia real sobre las familias, por lo que ha justificado su decisión de plantear una enmienda a la totalidad a la propuesta de PEF planteada por el PP.

Por parte de Compromís, su portavoz, Rafa Mas, ha tildado los dos primeros años del mandato del PP, con apoyo de Vox, de "surrealistas" para reprochar que no se haya ejecutado inversiones en la construcción de colegios, institutos, en vivienda o en cualquier otro tipo de dotación pública. Acto seguido, ha criticado el aumento del gasto en las contratas que asumen la prestación de servicios públicos para lamentar el estado en el que se encuentra la ciudad, en aspectos como la limpieza, por ejemplo, para proseguir con su denuncia respecto a la contratación de directores generales o de "25 asesores municipales". 

Por Vox, su portavoz adjunto, Mario Ortolá, ha defendido que la prioridad de su partido era "cumplir" su programa electoral. "Teníamos un pacto con el PP por los presupuestos de este 2025 que se rompió unilateralmente y nos enteramos por la prensa", ha argumentado, para apuntar que, esa circunstancia, debía tener consecuencias, como ha acabado sucediendo con la dimisión de Gallego, por lo que también ha agradecido lo que ha calificado como una "rectificación" por parte del PP. Además, ha puesto en valor las medidas comprometidas en ese nuevo acuerdo por la aprobación del plan de ajuste, como el incremento de la dotación económica para la carrera profesional, el intento de cambio de la consideración de Alicante como municipio de predominio lingüístico castellano, o la rebaja del IBI. Después, también ha recurrido a las críticas hacia el Gobierno central y las implicaciones del 'caso Koldo' y el informe de la UCO sobre las presuntas mordidas a cambio de la adjudicación de obras del Ministerio de Transportes. Además, se ha referido también al ofrecimiento del PSOE de abstención "a cambio de nada" para permitir la aprobación del PEF sin la participación de Vox para considerar que se trata de la evidencia de "otro éxito de Vox, que ha conseguido arrodillar a la izquierda". 

La portavoz del PSOE, Ana Barceló, por su parte, ha abundado en la crítica respecto a la gestión económica del PP "que nos ha traído hoy aquí" para recriminar, después, que la rebaja del IBI pactada con Vox "no se ha concretado" en qué términos llegará a aplicarse. "No hay datos, solo una promesa vacía", ha señalado, para denunciar que ni se haya precisado el porcentaje de reducción del tipo impositivo para promover un recorte de 1,1 millones en su recaudación en el año 2025, ni que tampoco se haya definido qué gastos se pretende reducir para permitir esa reducción. Así, ha considerado que el PP "ha pagado un precio muy alto" con su nuevo acuerdo con Vox "que acabaremos pagando todos". En concreto, ha aludido al futuro reglamento de concesión de subvenciones, sobre el que ha advertido de la posibilidad de que se apliquen recortes a las asociaciones que no comparten el ideario de PP y Vox. Así, ha tildado el acuerdo de "una perversión" y "una amenaza a la sociedad civil". "Vamos a denunciar cualquier intento de control ideológico del uso del dinero público", ha incidido.

En la réplica, Copé se ha referido a las palabras de Beldjilali para considerar que quien había bloqueado el uso de los remanentes de los ayuntamientos había sido el PP en el Senado. Además, ha vuelto a defender su modelo alternativo, reflejado en su enmienda a la totalidad al PEF planteado por el equipo de gobierno. Mas ha optado por apuntar a la formación de una suerte de equipo de gobierno estable entre PP y Vox y de no estudiar el pacto presupuestario alcanzado en diciembre de 2024. Ortolá ha vuelto a defender "la hoja de ruta de Vox" y ha persistido en sus referencias a las investigaciones del 'caso Koldo' como argumento político contra los partidos del eje progresista. Y Barceló ha expresado su preocupación por el hecho de que, con sus acuerdos, el PP vaya a permitir que se ejecute "el programa electoral de Vox", como había apuntado Ortolá como su principal objetivo. "Señor alcalde, tiene usted un problema y me gustaría saber cuál es la democracia que se está aplicando", ha señalado. Además, también ha advertido de que se pretenda incluir el criterio de arraigo en la concesión de ayudas municipales, lo que dejaría fuera a personas migrantes.

Por último, Beldjilali ha defendido que el acuerdo alcanzado con Vox no solo facilita la aprobación del plan de ajuste, sino que también ampara el impulso de próximas modificaciones de crédito sobre el presupuesto de Alicante que resultan necesarias para acometer nuevas inversiones en los barrios y en las áreas industriales de la ciudad. "Este acuerdo es el mejor acuerdo para la ciudad y nos va a permitir seguir avanzando", ha concluido. Así, en el turno de votaciones, la enmienda a la totalidad promovida por EU Podem solo ha sumado tres votos a favor y 17 en contra, mientras que la registrada por el PP ha sumado los votos del equipo de gobierno y de Vox, con lo que, a la postre, la propuesta ha quedado refrendada con la misma mayoría: 17 votos, frente a los 11 en contra de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem.

Previsiones para 2025

Fuentes municipales han precisado, tras el pleno, que el Plan de Estabilidad asociado al PEF parte de una previsión de liquidación del ejercicio 2025 que se estima en 85.732.466,32 euros, y donde el límite de la deuda pública financiera consolidada quedaría en 52.989.298,78 euros. Esto supone un 14,99% de los ingresos corrientes liquidados estimados (333.574.840,06 euros). Con estos datos estimativos de la liquidación del ejercicio 2025, la regla de gasto se cumpliría con un margen de 32.370.990,86 euros sobre el límite calculado a partir del gasto computable resultante de la liquidación del ejercicio 2024.

Además, han incidido en que el PEF contempla un aumento de la recaudación, ya prevista en el presupuesto de 2025, debido a la tasa de basura, limita el uso de Remanente de Tesorería para Gastos Generales destinándolo exclusivamente a la amortización de deuda financiera y rebaja el IBI en los ejercicios 2025 y 2026. De igual modo, se llevarán a cabo informes de seguimiento y control de ejecución presupuestaria de carácter mensual, con un estricto control técnico.

De este modo, se podrán llevar a cabo las modificaciones de crédito necesarias para acometer proyectos como el aparcamiento del Mercado de Babel, la rehabilitación de la Casa de la Misericordia, la regeneración de la playa de la Almadraba, las obras en el entorno de Sol Naciente, mejoras en Juan XXIII, la instalación de sombrajes y la mejora de la eficiencia del contrato de limpieza, entre otras.