ALICANTE. Primero fue la ordenanza de Ocupación de Vía Pública, con el recorte horario de las terrazas de la hostelería. Luego llegó la Ordenanza del Ruido, que permanecía atascada desde su aprobación inicial, durante el pasado mandato. Y ahora -justo en el pleno ordinario de este jueves- llega el turno de la aprobación definitiva de la Ordenanza de Limpieza. El Ayuntamiento de Alicante cierra el ciclo y renueva tres de las principales normativas municipales que regulan el uso del espacio público después de que el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), diese un acelerón a su tramitación a partir del pasado verano. La aprobación definitiva de las tres se produce, además, a dos meses de que se cumplan dos años de la celebración de las últimas elecciones municipales. O lo que es lo mismo, en el borde del ecuador del mandato.

Coincidencia o no, ese hito se produce en un contexto en el que la gestión sigue instalada en un periodo valle, en el que todavía no se ha llegado a poner en marcha ninguna nueva inversión municipal de relevancia que no hubiese quedado ya encauzada durante el mandato precedente. Es lo que sucede con la finalización de la reforma de la Plaza de San Blas, con la regeneración de la Playa de la Almadraba, con la reurbanización de la avenida de Niza, con la rehabilitación de las Cigarreras, con la terminación de las obras del Centro 14, con el final de las viviendas de alquiler para jóvenes del Portón, o con la segunda fase de la renovación del Parque del Palmeral, por ejemplo.

Todo parece indicar que los populares habrían apostado por ocupar el vacío en ejecución de obra nueva de este primer tramo del mandato sentando las bases de las normas con las que se aspira a procurar un avance en la convivencia social, con medidas que procuren la conciliación de la actividad económica con el descanso vecinal y la mejora de la escena pública, hasta que pueda promoverse un nuevo paquete de licitaciones para iniciar las obras de nuevos equipamientos o trabajos de renovación urbanística en otros puntos del término municipal, contando con los meses de tramitación que conlleva la puesta en marcha de los procesos de contratación. 

De momento, siguen esperando turno otras propuestas igualmente arrastradas de la etapa del bipartito (PP y Ciudadanos) como el pabellón de Tómbola, la finalización del parque de La Torreta, el nuevo parque y zona deportiva en el PAU 5 de Playa de San Juan, la regeneración de viviendas de Virgen del Remedio, la construcción del nuevo edificio de viviendas públicas del barrio de San Blas, la ampliación del vivero de empresas, o las obras del Plan Edificant, incluida la construcción del nuevo colegio de La Cañada, entre otras.

Por lo pronto, entre las iniciativas de la nueva oleada de proyectos se espera el centro cultural en los cines Aba6, el Centro Municipal Integrado de la Plaza de Argel, la rehabilitación del Colegio López Soria para uso de mayores, la ampliación del centro de empleo y formación Tossalet, o la rehabilitación de espacios del Castillo de Santa Bárbara, por ejemplo.

Acuerdos multilaterales

Está por ver cuál puede ser la eficacia de ese nuevo corpus normativo, toda vez que ahora debe fomentarse su cumplimiento con la dotación de los recursos adecuados. Así lo pusieron de manifiesto, de hecho, tanto los vecinos agrupados en la Coordinadora Alicante Limpio (CAL) como los representantes de los grupos del eje progresista que ejercen funciones de oposición (PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem) respecto a la Ordenanza de Limpieza. ¿Qué clase de recursos resultan necesarios? En esencia, la presencia de agentes de Policía Local encargados de velar por el respeto a esas normas -de forma que se garantice la retirada de las mesas y sillas en el horario estipulado y se eviten aglomeraciones en la calle-, además de la incorporación de más inspectores municipales que supervisen el correcto funcionamiento del servicio de limpieza y que puedan informar a la Policía sobre comportamientos incívicos por parte de la ciudadanía.

Se da la circunstancia, además, de que los acuerdos para la aprobación de esas nuevas ordenanzas se han producido tras la negociación de alianzas con distintas fuerzas políticas de la oposición, toda vez que el PP gobierna sin mayoría absoluta, con 14 ediles de 29 posibles. Los populares acabaron sacando adelante la norma de Ocupación de Vía Pública con el respaldo de Compromís, tras el desencuentro con Vox a cuenta de la regulación de los denominados puntos violeta. La ordenanza del ruido sumó el respaldo de PSOE y Vox: el equivalente a 26 concejales. Y ese fue el mismo balance y equilibrio de fuerzas con el que se aprobó la Ordenanza de Limpieza, después de que el texto incorporase aportaciones de socialistas y voxistas. Eso sí, la motivación de cada grupo para respaldar esas propuestas ha sido distinta en cada caso, sin que pueda interpretarse como un cheque en blanco. Así lo remarcó, por ejemplo, el edil socialista Raúl Ruiz, este jueves, al justificar su voto a favor de esa última normativa. Según remarcó, el objetivo es dejar al PP sin excusas, de forma que si no mejora la limpieza viaria, no será por falta de herramientas que permitan atajar conductas inadecuadas que ensucien la vía pública, sino por falta de control político.