Alicante

Los vecinos de la PPS instan a anular la concesión para los depósitos del Puerto por sus 'descuadres'

Sostiene que la disparidad de superficies manejadas por el Ayuntamiento y por la Autoridad Portuaria prueba "el cúmulo de irregularidades" en su tramitación e insiste en la vía de su recurso contra la autorización de 2019, ya admitido por el TSJ.

  • Una de las protestas contra los depósitos del Puerto de Alicante, en i
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ALICANTE. La Plataforma por un Puerto Sostenible (PPS), que agrupa a asociaciones vecinales, grupos ecologistas, sindicatos, AMPAs y entidades sociales, vuelve a pronunciarse respecto al proyecto promovido por la empresa XC Business para la instalación de una planta de almacenaje de carburantes en la terminal de mercancías del Puerto ante el cruce de comunicaciones giradas entre el Ayuntamiento de Alicante y la Autoridad Portuaria respecto a la disparidad de dimensiones del proyecto contempladas por las dos administraciones. En esta línea, portavoces del colectivo inciden en que esa discrepancia respecto a la superficie que ocuparían los seis depósitos previstos "es una muestra más del cúmulo de irregularidades que se han producido en la tramitación tanto de la licencia ambiental como de la concesión para este irracional e inaceptable proyecto". 

Es más, las mismas fuentes recalcan, a través de un comunicado, que "esta polémica evidencia también que ambas administraciones han actuado o bien de forma negligente o con una actitud deliberada e interesada de favorecer este proyecto, causa de la situación en la que nos encontramos". Pero no solo eso. El colectivo incide en los defectos que, a su juicio, se habrían registrado en la tramitación del proyecto para sostener que "el Ayuntamiento debería haber procedido, tras la denegación por silencio negativo" de la licencia solicitada por XC Business "al archivo del expediente de solicitud de licencia ambiental por parte de la empresa promotora, instándole a una nueva solicitud ajustada por tanto a la legislación en materia medioambiental y de seguridad vigente actualmente".

"Esta PPS considera que la verdadera discrepancia se encuentra entre la solicitud en 2013 de una licencia ambiental para una fase de instalación de seis macrodepósitos de hasta 100.000 toneladas, y la concesión aprobada y otorgada por la APA en julio de 2019 al proyecto presentado por XC Business 90 en 2018 de dos fases con hasta 18 macrodepósitos de hasta 700.000 toneladas, que, insistimos, no tiene los preceptivos y obligatorios informes de seguridad y de declaración de impacto ambiental", expone el colectivo.

Por ello, la PPS incide en que "la cuestión fundamental en estos momentos es conseguir la nulidad de la concesión otorgada por la APA, mediante el procedimiento contencioso que ha sido admitido en el TSJCV, pleito diseñado por el eminente catedrático de Derecho
Administrativo de la Universidad de Alicante Santiago González-Varas Ibáñez, y al que de nuevo instamos al Ayuntamiento a que se sume si realmente acabar con esta amenaza para la ciudad de Alicante", concluye la plataforma.

Por lo pronto, el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), mantiene abierta la vía legal para tratar de frenar la ejecución del proyecto tras la interposición del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) frente a la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) que reconoce a XC Business 90 el derecho a la concesión de la licencia ambiental solicitada por silencio administrativo positivo (la falta de respuesta de la administración su solicitud de permiso en el plazo legal requerido), después de que el Tribunal Supremo (TS) inadmitiese el recurso de casación municipal frente a esa resolución.

Además, los populares también han confirmado su intención de utilizar "cualquier resquicio legal" para evitar el desarrollo del proyecto, después de que el mismo alcalde, Luis Barcala, apuntase que el hallazgo del descuadre de cifras en el tamaño del proyecto pudiese ser constitutivo de un vicio de nulidad del expediente desde su inicio, aunque no sea viable revertir el acuerdo de concesión de licencia ambiental ya concedido por imperativo legal, en cumplimiento de la sentencia del TSJ.

Por su parte, la Autoridad Portuaria también continúa revisando el expediente de modificación de la concesión aprobado en 2019, al margen de avanzar en otros proyectos independientes que quedarían emplazados en el entorno de la parcela en la que se ubicaría la planta de almacenaje de carburantes, como la planificación de la estación ferroportuaria prevista en el muelle 19, como también ha informado este diario.

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