ALICANTE. Dicho y hecho. La Plataforma por un Puerto Sostenible (PPS), que agrupa a vecinos, AMPAs, colectivos conservacionistas, sindicatos y entidades sociales, da el paso anunciado hace meses e interpone un segundo recurso contencioso administrativo frente a la propuesta promovida por la empresa XC Business 90 para la instalación de una planta de almacenaje de combustible en la terminal de mercancías del Puerto. De este modo, sea cual sea el recorrido administrativo que el proyecto todavía tenga que superar, en lo que respecta a la obtención de su autorización definitiva, también quedará supeditado a otro pronunciamiento por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), que deberá analizar los argumentos de la PPS, al margen de los esgrimidos por la asociación Ecologistas en Acción en su contencioso previo, ya admitido a trámite.

Lo cierto es que este segundo frente legal también apunta al acuerdo matriz que dio alas al proyecto: la modificación de la concesión de la terminal de mercancías aprobada en 2019 por el consejo de administración de la Autoridad Portuaria. La PPS entiende que ese acuerdo habría quedado rechazado si, en ese momento, se hubiese analizado el fondo del proyecto y se hubiese comprobado si XC Business cumplía con los requisitos de solvencia técnica y económica para promover las instalaciones planteadas. El colectivo considera que la compañía no estaría capacitada para impulsar y gestionar una planta de almacenaje de combustible con esas características, por lo que ya elevó una solicitud a la Autoridad Portuaria para que revisase de oficio ese cambio en la concesión de la que dispone Terminales Marítimas del Sureste por el que se daba encaje a la posibilidad de instalar los depósitos de carburante. Con todo, su petición no ha llegado a tener respuesta oficial.

Hasta ahora, se desconoce el detalle de los argumentos en los que se basa ese segundo recurso. En cualquier caso, sí ha trascendido que se cuenta con la baza de la experiencia y las aportaciones del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante, Santiago González-Varas, experto en ese ámbito, que habría asesorado en la estrategia y en el diseño del contencioso, según fuentes consultadas. En todo caso, la PPS ha organizado este viernes una comparecencia para dar a conocer los pormenores de ese nuevo intento legal con el que se pretende cerrar el paso al desarrollo del proyecto.

La legitimación y el TC

Eso sí, está por ver si tanto ese recurso, como el interpuesto por Ecologistas en Acción, superan el requisito jurídico de la legitimación, toda vez que el propio TSJ ya rechazó en 2023 el contencioso inicial planteado a través de la Asociación de Consumidores José María Mena frente a ese mismo acuerdo adoptado por el Puerto al concluir que dicha asociación no era parte interesada en el procedimiento de modificación de la concesión y que sus fines fundacionales no guardaban ninguna relación con el acuerdo de modificación de la concesión que se impugnaba. Entonces, el alto tribunal autonómico concluyó de forma expresa que no se apreciaba conexión "entre la defensa colectiva de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios que tiene atribuida legal y estatutariamente la asociación recurrente, con la actividad administrativa impugnada, que acuerda la reordenación del demanio portuario para el desarrollo de una actividad por parte de la concesionaria y cesionaria de una parcela".

Así, señalaba que "la impugnación realizada queda fuera del ámbito del interés legítimo de la asociación recurrente, habida cuenta que se está impugnando una resolución de modificación de uso de una concesión portuaria, que no se aprecia que guarde relación directa con relaciones entre consumidores o usuarios y empresarios, ni con la defensa de sus intereses generales". Ahora, ese obstáculo sí podría quedar salvado en la medida en que la PPS sí tendría entre sus objetivos la defensa de los derechos de los residentes de la zona sur de Alicante, y que el recurso de Ecologistas en Acción también trataría de reivindicar la protección del medio ambiente: uno de sus fines.

Además, al margen de esos dos contenciosos, también quedaría pendiente la interposición del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) anunciado por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), frente a la sentencia del TSJ que reconoce el derecho de XC Business a la concesión de la licencia ambiental, en una resolución ya avalada por el TS y ratificada por el mismo TSJ al desestimar el incidente de nulidad también interpuesto por el Ayuntamiento. El recurso de amparo sería ahora una última vía institucional en la que se confiaría en que el TC aplicase su propia jurisprudencia para concluir que no procede conceder una licencia ambiental por silencio administrativo positivo.