ELDA. Las páginas entre la disputa entre Finetwork y Vodafone no dejan de arrojar novedades en su batalla judicial por el control de Wewi Mobile, matriz de la operadora eldense Finetwork. Según ha podido saber Plaza, el Tribunal de Instancia de Alicante ha admitido a trámite la querella presentada por el fundador de la compañía, Pascual Pérez, y por la sociedad El Flautista contra el consejero delegado de Vodafone España, José Miguel García, por un presunto delito de administración desleal, y ha citado al directivo para declarar como investigado el próximo 1 de septiembre de forma presencial en Alicante, según fuentes cercanas al caso.
Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, el auto, fechado en junio de 2026, acuerda incoar diligencias previas al apreciar que los hechos descritos en la querella presentan, de forma indiciaria, "caracteres de un presunto delito de administración desleal". La resolución también acuerda practicar las diligencias solicitadas por la parte querellante. La querella había sido presentada en mayo y fue ratificada por Pascual Pérez ante el juzgadoa finales de julio, antes de fijarse la comparecencia del investigado, según las mismas fuentes.
La admisión a trámite supone el inicio de la investigación judicial sobre los hechos denunciados, sin que ello implique un pronunciamiento sobre el fondo del asunto ni sobre la responsabilidad penal del investigado.
La nueva actuación judicial llega cuando aún siguen abiertos otros frentes derivados del enfrentamiento entre Vodafone y los socios fundadores de Wewi Mobile. Tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante que dejó sin efecto el plan de reestructuración con el que la multinacional asumió el control de la sociedad, la disputa ha continuado tanto en el ámbito mercantil como en el penal, mientras Vodafone mantiene la explotación comercial de la marca Finetwork y el consejo restituido trata de recuperar el funcionamiento ordinario de la empresa.
"La doble condición de administrador y CEO"
La querella sitúa el origen de los hechos investigados en el periodo comprendido entre el 7 de octubre de 2025 y el 29 de abril de 2026, cuando, según sostendría la querella, José Miguel García ejercía simultáneamente como administrador único de Wewi Mobile y como consejero delegado y apoderado de Vodafone España.
La parte querellante considera, según la información a la que ha tenido acceso este diario, que esa doble condición dio lugar a un conflicto de interés y cuestiona distintas operaciones realizadas durante ese periodo. Entre ellas cita el contrato por el que la marca Finetwork pasó a Vodafone, firmado een noviembre del año pasado; un acuerdo de compensación de deudas suscrito een diciembre y diversos requerimientos remitidos posteriormente desde Vodafone para exigir el cumplimiento de acuerdos cuya validez continúa siendo objeto de controversia judicial.
Aunque el auto de admisión aprecia inicialmente indicios para investigar un presunto delito de administración desleal, la querella sostiene además que los hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos de falseamiento de cuentas anuales, estafa procesal agravada e insolvencia punible.
La representación de Pascual Pérez recuerda que la suma de las penas máximas previstas en el Código Penal para esos delitos alcanzaría los 23 años de prisión, aunque esa referencia responde exclusivamente a la calificación provisional planteada en la querella y deberá ser objeto de investigación durante la instrucción.
Además de las diligencias penales, la querella solicita distintas medidas cautelares, entre ellas la suspensión de determinados efectos de un contrato de licencia de marca, la conservación de documentación y pruebas electrónicas y la constitución de una fianza para cubrir las posibles responsabilidades económicas.
Otro frente en una disputa abierta
ASí, pues, una nueva causa se une a la disputa que lleva fraguándose desde 2025. La Audiencia Provincial de Alicante declaró ineficaz el plan de reestructuración homologado ese año, promovido por Vodafone, una resolución que posteriormente dio lugar a la cancelación registral de la ampliación de capital mediante la que la multinacional había adquirido el control de Wewi Mobile y al cese de José Miguel García como administrador único de la sociedad.
Tras esa resolución, Vodafone promovió un nuevo procedimiento de reestructuración con el nombramiento de un experto para elaborar otro plan sobre la compañía, mientras el consejo restituido anunció la presentación de un preconcurso de acreedores con el objetivo de abrir un periodo de negociación con los acreedores y reorganizar la empresa. Además, ambas partes mantienen abierta la vía penal.
Los socios originales de Wewi Mobile ya habían presentado anteriormente una querella contra Vodafone España, Vodafone Ono y José Miguel García por presuntos delitos relacionados con la gestión de la compañía durante el periodo en el que la multinacional asumió el control. Esa causa fue admitida a trámite por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Elda.
Vodafone respondió posteriormente con otra querella dirigida contra los fundadores y antiguos gestores de Wewi Mobile, sustentada en un informe de auditoría forense sobre la gestión previa de la compañía. Según la información conocida hasta el momento, esa acción todavía no habría sido admitida a trámite.
La respuesta al informe de Deloitte
Coincidiendo con la admisión de esta nueva querella, además, ha trascendido el resultado de un informe con el que, la parte de los socios originales de Finetwork rebaten varias de las conclusiones del informe pericial elaborado por Deloitte a petición de Vodafone.
Uno de los principales puntos analizados en el documento hace referencia a una cuenta bancaria de CaixaBank. Según ese informe, esa cuenta "se abrió únicamente para gestionar el cobro de una devolución del IVA correspondiente a 2024 por importe de algo más de 10,1 millones de euros".
En este caso, sostienen que "una vez recibida la devolución, se canceló un anticipo obtenido con anterioridad y el importe restante fue transferido a otra cuenta de titularidad de Wewi Mobile antes de cerrar la cuenta". Con ello, mantiene que Deloitte habría interpretado como entradas de fondos movimientos internos de tesorería y habría alcanzado conclusiones que considera erróneas.
Otro de los apartados discutidos afecta a los pagos realizados a la mercantil El Flautista. El mismo informe sostiene que esas operaciones respondían a la compraventa de unidades inmobiliarias que posteriormente fueron transmitidas a Adamo y defiende que la operación contaba con una justificación económica y financiera.
Asimismo, rebate las conclusiones de Deloitte sobre determinadas operaciones realizadas durante 2025. Mientras el informe encargado por Vodafone afirmaba no haber podido verificar suficientemente operaciones por aproximadamente 952.220 euros, Kai Capital asegura haber acreditado documentalmente pagos por 986.593,20 euros mediante contratos, facturas, registros contables y movimientos bancarios, documentación que, según ese docuemnto, justificaría el origen y destino de esos fondos.
Así, la investigación penal iniciada ahora en Alicante comienza su fase de instrucción, mientras ambas partes siguen pendientes la evolución del nuevo procedimiento de reestructuración, las negociaciones ligadas al preconcurso anunciado por Wewi Mobile, las restantes acciones judiciales cruzadas y la resolución de la disputa sobre el futuro de la compañía nacida en Elda y sobre la utilización de la marca Finetwork.
