ALICANTE. La presión ejercida por el Seprona de la Guardia Civil, y las diligencias instruidas por el Juzgado de Instrucción número 1 frente a la configuración de asentamientos alegales en las partidas rurales, no hacen mella entre los promotores de esas edificaciones. Tanto es así que su presencia sigue incrementándose, cerca de un año y medio después de que los vecinos de La Cañada del Fenollar dieran la voz de alarma y presentasen las primeras denuncias, a las que se sumaron otras respecto a situaciones similares detectadas en las partidas de El Moralet o en Verdegás. Su crecimiento se atestigua ahora con el registro de 12 denuncias más respecto a otras tantas fincas de suelo rústico no urbanizable que, además, se asientan sobre zona de rambla. Es decir, expuestas al efecto arrastre que podría conllevar un episodio de lluvias intensas, como los que resultan habituales durante el final del verano y principios de otoño.

Se da la circunstancia de que esas nuevas 12 denuncias se habrían recopilado durante el mes de julio, a la vista de la expansión registrada durante el primer tramo del verano que ahora acaba. "La llegada de camiones que transportaban casetas o mobile homes ha sido casi diaria", señalan representantes de la asociación vecinal consultados por Alicante Plaza, que aseguran haber estado comunicando ese proceder tanto al Seprona como a la Policía Local. "A veces venían, y otras ya ni eso, al conocer de qué se trataba", apuntan.

Con esa nueva relación de fincas en las que se habría detectado la presencia irregular de casetas, contenedores, tiendas de campaña, caravanas, mobile homes, piscinas desmontables, e incluso edificaciones construidas en ladrillo, en algunos casos, se alcanzaría la cifra de las 42 fincas en las que se habría detectado asentamientos indebidos. Y todo con el añadido de que en cada una de ellas se seguirían practicando segregaciones y subdivisiones internas para dar pie a la distribución de parcelas de menor tamaño, con el fin de obtener una mayor rentabilidad con su venta. De hecho, según los residentes, se contabilizarían una media de hasta diez subparcelas por cada finca, lo que daría cuenta de la magnitud del problema. "Estamos hablando de hasta 80 asentamientos nuevos", apuntan.

Sin avances visibles

"Llevamos denunciando esta situación desde mayo de 2024, y aunque se avanza en el plano administrativo, y nos dicen que se está actuando con la apertura de expedientes, de momento ni se ha parado, ni se ha desmantelado ninguna de esas edificaciones", aseguran los vecinos. Y los temores a una posible avenida de agua no hacen más que aumentar por el riesgo de que pueda registrarse arrastres de materiales sobre las viviendas legales consolidadas en las partidas rurales. En esta línea, aseguran que "sabemos que se está trabajando por parte de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, y de la Concejalía de Urbanismo, y que los expedientes están abiertos, pero no vemos ningún avance", lamentan.

Lo cierto es que, al menos hasta hace un año, la AVPT había agrupado las denuncias vecinales en torno a 23 expedientes relacionados con fincas en las que se había constatado la presencia de asentamientos alegales, situadas en la partida de La Cañada del Fenollar. En esos casos, se había actuado en coordinación con la Concejalía de Urbanismo para la emisión de informes y poder incoar las propuestas sancionadoras que correspondiesen en cada caso. Con todo, por el momento se desconoce cuál ha sido su recorrido hasta ahora. Al margen de ello, el Ayuntamiento de Alicante decretó el pasado diciembre la paralización de obras irregulares detectadas en algunas de las fincas denunciadas por los vecinos. En ese momento, también se anunció la elaboración de un análisis de riesgos con un estudio de inundabilidad del conjunto del término municipal, que debería quedar incorporado a los trabajos de redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Tampoco se tiene constancia del estado de elaboración de ese estudio.

No obstante, fuentes municipales apuntaron este martes que la Mesa técnica de evaluación de riesgos para emergencias climáticas que se constituyó el pasado noviembre -días después de la dana que causó 228 muertes en municipios de la provincia de Valencia- con el fin de abordar medidas de prevención frente a las lluvias torrenciales ha seguido celebrando reuniones periódicas de coordinación que han permitido implantar protocolos de actuación específicos.