ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante adopta la primera resolución ejecutiva frente a los asentamientos ilegales implantados de manera progresiva (varios de ellos, sobre zona de rambla) en las partidas rurales con la firma de un primer decreto de paralización de los trabajos de reparcelación de las parcelas en las que se ubican. Se trata de una primera orden a la que le sucederán próximas resoluciones con el avance de los expedientes de infracción incoados hasta el momento por la Concejalía de Urbanismo en coordinación con la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT), que se elevarían a cerca de 40. Y, además, la administración local continúa profundizando en el análisis de riesgos hasta el punto de anticipar la elaboración de un estudio sobre la inundabilidad de todo el término municipal en paralelo a la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Así se ha concretado este miércoles en el transcurso de la segunda reunión de la Mesa técnica de evaluación de riesgos para emergencias climáticas constituida el pasado 8 de noviembre -menos de dos semanas después de la catástrofe de la dana de Valencia- con el fin de coordinar actuaciones de varios departamentos municipales (Urbanismo, Medio Ambiente, Seguridad e Infraestructuras) con el propósito de planificar e implementar medidas adicionales de prevención frente a riesgos de avenidas que pudiesen generar inundaciones en el conjunto del término municipal, así como de revisar protocolos de actuación en caso de emergencia.

La promulgación de ese primer decreto ha sido, de hecho, uno de los avances dados a conocer en el transcurso de ese encuentro, como primer paso para erradicar la presencia de asentamientos irregulares en zonas inundables. En esta línea, la Concejalía de Urbanismo ha informado de la tramitación de los primeros decretos de suspensión de obras de reparcelación en estos asentamientos, así como de la actualización de protocolos de actuación y colaboración con la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT) y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ante infracciones graves o muy graves en terrenos no urbanizables, según han precisado fuentes municipales, a través de un comunicado.

Al tiempo, el alcalde, Luis Barcala, ha informado sobre el registro de una solicitud formal a la AVPT para que se prioricen las actuaciones de restauración de la legalidad urbanística en las zonas que presenten riesgo de inundación, como las zonas de rambla de las partidas rurales en las que se ha venido acumulando el registro de denuncias por parte de las asociaciones de residentes, como ha venido informando este diario.