ALICANTE. Mayor control, a pesar de que suponga un gasto externo adicional. El Ayuntamiento de Alicante trata de incrementar el control sobre cuatro de sus principales contratas con la realización de otras tantas auditorías contables centradas en los flujos económicos de la prestación de esos servicios. Se trata, en primer término, del contrato por el servicio de venta y distribución de los títulos de viaje del servicio de transporte público en autobús, adjudicado a Subús, del grupo Vectalia, por un importe de 9,9 millones para cuatro años.

En segundo lugar, del servicio público del transporte urbano colectivo de viajeros en autobús, adjudicado a UTE MIA (compuesta por dos de las sociedades de la misma corporación), a finales de 2022. En tercer lugar, del servicio de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos, y su tratamiento y eliminación, operado por UTE Alicante, sobre el que se analizarán las anualidades de 2024 y 2025. Y, finalmente, del servicio de limpieza viaria que asume UTE Netial (FCC y Prezero), como adjudicataria desde septiembre de 2023 (aunque el acuerdo de adjudicación también se formalizó al cierre de 2022, por un importe global de 323 millones por 8 años), sobre el que se plantea analizar el periodo comprendido entre ese año y 2026.

Las cuatro auditorías se promueven a solicitud del departamento de Intervención municipal, que habría planteado la necesidad de encomendar el control económico de esas cuatro prestaciones a una empresa externa, según explicó este martes el vicealcalde y coportavoz del equipo de gobierno, Manuel Villar, en la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos aprobados en Junta Local.

Lo cierto es que, hasta el momento, ese mismo departamento solo había planteado la necesidad de que se abordase ese estudio por lo que respecta al contrato vinculado con el servicio de limpieza viaria y gestión de residuos, que había quedado integrado en un contrato único hasta 2023, cuando se acordó su separación en dos contratos distintos, en busca de una mayor especialización en cada uno de ellos. De hecho, se trataba de un requisito recogido en el pliego de condiciones del concurso promovido en 2013. No obstante, ese control externo se amplía también ahroa a los dos contratos relacionados con el funcionamiento del autobús urbano, que figuran entre los que comprenden un mayor gasto con cargo al presupuesto municipal. En el caso del servicio de transporte, se trata de un importe de más de 12,5 millones anuales (todavía lejos de los 40 millones al año que supone el servicio de limpieza viaria).

El concurso para concertar la realización de esos cuatro estudios en cuatro lotes distintos se convocó el pasado 1 de julio con un presupuesto global de 201.162,50 euros (impuestos incluidos) y un plazo de elaboración de dos años. La convocatoria contó con el registro de entre cuatro y tres propuestas, en función de cada caso. Y en la reunión de la Junta Local de este martes, se aprobó la propuesta de clasificación de las ofertas presentadas a los cuatro lotes, con la particularidad de que en los cuatro se perfilaría como previsible adjudicatario el mismo proponente: Seiquer Auditores y Consultores.