ALICANTE. La voz de alarma la dieron el pasado mes de septiembre. La asociación de vecinos de la partida rural de La Cañada del Fenollar, en Alicante, registró una primera batería de denuncias ante la Concejalía de Urbanismo, ante el Síndic de Greuges, ante el Seprona de la Guardia Civil y ante la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT) después de cerrar un proceso de recopilación de información que se inició en torno al mes de mayo. En esos primeros escritos, se reflejaba la situación de al menos 16 primeras parcelas de suelo rústico en la que se había comenzado a levantar cercados metálicos e instalar caravanas, mobile homes, tiendas de campaña, contenedores... y en algunos casos incluso edificaciones construidas en ladrillo, después de que se hubiese llevado a cabo una especie de reparcelación de facto sobre el terreno. 

Y es ahora cuando ese trabajo ha comenzado a tener respuesta con la apertura de al menos 42 primeros expedientes de infracción urbanística tras la labor de inspección y supervisión desplegada por la AVPT -adscrita a la Conselleria de Medio Ambiente- y por el servicio de Disciplina Urbanística de la Concejalía de Urbanismo. Todo, al margen de los informes evacuados por el Seprona de la Guardia Civil que acabarán poniéndose a disposición de la Fiscalía de Medio Ambiente con el fin de que se dilucide si la proliferación de esos asentamientos puede ser constitutivo de delito, según concretan los representantes del colectivo vecinal.

"En un principio, detectamos la presencia de caravanas y vallados en parcelas en las que no se puede construir, y en las que solo se puede situar una caseta de aperos de labranza, al tratarse de suelo rústico; y luego comenzaron a multiplicarse", explica la secretaria de la asociación. Su labor de observación se centró, inicialmente, en la Cañada del Fenollar, al ser el espacio de convivencia de los integrantes del colectivo. No obstante, pronto empezaron a recibir denuncias de vecinos de otras partidas como El Verdegás, El Moralet e incluso El Rebolledo, a los que "también estamos prestando colaboración y asesoramiento", añade.

¿Cómo se habría producido la proliferación de esas instalaciones? En principio, en la mayor parte de los casos, tendrían origen en un mismo grupo de particulares que se dedicarían a la compra de parcelas para revenderlas, después, a precios superiores tras subdividir sus superficies. El modus operandi constatado por el colectivo arrancaría con el contacto con los propietarios tradicionales de parcelas, con los que se cerrarían acuerdos de compra por importes que pueden situarse entre los 20.000 y los 40.000 euros. Y, después, las volverían a poner en el mercado para revenderlas una vez troceadas en subparcelas de menos de 5.000 metros cuadrados, sin que pudiese promoverse su segregación catastral de forma oficial -al tratarse de solares de suelo rústico de dimensiones reducidas-, por precios que oscilarían entre los 8.000 y los 14.000 euros, con lo que obtendrían el consiguiente rédito lucrativo.

Para su venta a terceros, se contaría, además, con el apoyo de canales on line y aplicaciones (apps) no necesariamente vinculadas con el sector inmobiliario, como wallapop o el marketplace de facebook, por ejemplo. Así consta, de hecho, en la documentación con la que se ha acompañado sus denuncias, aunque, en los últimos tiempos, la difusión y promoción de las ofertas también se habría reorientado hacia otras plataformas especializadas en publicidad y venta de propiedades, "posiblemente después de percibir que se les estaba rastreando", aseguran los representantes del colectivo vecinal.