ALICANTE. La partida sigue en juego en la controversia suscitada en torno a la construcción de la planta de almacenaje de combustible con seis macrodepósitos que promueve XC Business en el Puerto de Alicante. La compañía no da su brazo a torcer y persiste en su objetivo de desarrollar el proyecto, a pesar de que el Ayuntamiento de Alicante le denegase la concesión de licencia de obra necesaria para su construcción, el pasado octubre. De hecho, la empresa ya ha formalizado la interposición de un nuevo recurso contencioso-administrativo frente a esa decisión municipal en busca de una sentencia en la que sea la justicia la que pueda obligar a la Concejalía de Urbanismo a otorgarle ese permiso.

Ese recurso quedó registrado el pasado 3 de diciembre, según fuentes de XC Business consultadas por este diario, de modo que su tramitación no ha tenido todavía avances sustanciales. En cualquier caso, la compañía aspira a reproducir la misma estrategia que ya desplegó frente a la denegación previa de la licencia ambiental (el permiso anterior a la licencia de obra), con la que, tras una sentencia en contra en primera instancia, acabó logrando una resolución a su favor por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), en la que el alto tribunal reconoció el derecho a la concesión del permiso solicitado por silencio administrativo positivo. Es decir, la falta de respuesta en tiempo por parte de la administración respecto a la petición de esa licencia.

El Ayuntamiento de Alicante intentó que el Tribunal Supremo (TS) revertiese el pronunciamiento del TSJ, pero su recurso de casación quedó inadmitido. Y ahora todavía se espera la respuesta del Tribunal Constitucional (TC) al recurso de amparo registrado contra esa última decisión con el propósito de cerrar la puerta al desarrollo de los silos de almacenaje proyectados sobre terrenos del muelle 19 explotados en régimen de concesión por Terminales Marítimas del Sureste (TMS). Se trata de un último intento con el que el equipo de gobierno confía en que XC Business no pueda esgrimir en el futuro que dispone de un primer permiso que avala su proyecto, después de que la Concejalía de Urbanismo se viese forzada a concederle la licencia ambiental por mandato judicial. Esa vía sigue pendiente de resolución por parte del TC, según fuentes municipales.

Por su parte, Fuentes de XC Business no llegaron a precisar la argumentación que se habría esgrimido en ese nuevo contencioso para defender la concesión de la licencia de obra, aunque todo parece indicar que se trataría de rebatir los desajustes de superficie apreciados tras el análisis técnico de la documentación aportada por la compañía ante la Autoridad Portuaria y ante la propia Concejalía de Urbanismo. En concreto, el departamento municipal precisó en su decreto de denegación de licencia que XC Business presentó proyecto de obra para construir los depósitos sobre una parcela de 21.500 metros cuadrados, cuando la superficie concesionada para ello es de 14.500, según la documentación aportada por el Puerto. Es decir, 7.000 metros inferior. Además, en esa resolución, Urbanismo también apuntaba que la compañía no habia aportado al expediente de la preceptiva autorización al proyecto de obra que debía emitir la Autoridad Portuaria.

Como informó este diario, la compañía ya formuló alegaciones en respuesta al último requerimiento municipal sobre esa presunta disparidad de tamaños para negar que existiesen tales discrepancias. En esta línea, insistió en que la superficie correcta siempre ha sido la de 14.500 metros cuadrados, mientras que los 7.000 metros de diferencia aludidos por el departamento municipal corresponderían con el suelo a ocupar durante la ejecución de las obras. Con todo, la Concejalía de Urbanismo no atendió esas observaciones y dictó un decreto de denegación de la licencia de obra. De ahí que XC Business haya decidido pelearla en sede judicial.

Reclamaciones de TMS

No obstante, ese nuevo procedimiento se ve precedido por otros dos tipos de acciones legales que pueden acabar cerrando el paso a la ejecución de los depósitos. La primera consiste en los contenciosos presentados por la Plataforma por un Puerto Sostenible (PPS) y por Ecologistas en Acción frente al proceso de tramitación de la modificación de la concesión aprobada por el Puerto en 2019 por el que se daba encaje a la instalación de la planta de carburantes en los terrenos concesionados que gestiona Terminales Marítimas del Sureste (TMS). Los dos recursos, pendientes de resolución ahora en manos de la Audiencia Nacional tras la inhibición del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), apuntan a la existencia de errores en la evaluación de la propuesta de XC Business que deberían haber motivado el rechazo de su propuesta, como la falta de solvencia técnica y económica, entre otros, por lo que instan a la justicia a acordar la nulidad del acuerdo del cambio sobre el uso de los terrenos del muelle 19 que ampara los silos, o a forzar la revisión de oficio de ese acuerdo.

La segunda iniciativa que amenaza el proyecto es la doble reclamación presentada precisamente por TMS por la que solicita, en primer lugar, que XC Business salde el pago de la renta acordada en 2018 en el contrato privado concertado entre ambas por la cesión de suelo para la instalación de la planta, que superaría ya los tres millones. Y, en segundo término, en otra demanda paralela, también exige la resolución de ese contrato tras alegar su incumplimiento por parte de XC Business al no haber cubierto las cantidades económicas establecidas en ese acuerdo. La vista previa respecto al primer procedimiento está fijada para finales de este mes de enero, sin que por el momento haya existido espacio para el entendimiento, según confirman fuentes consultadas.

En paralelo, la Autoridad Portuaria también ha iniciado el expediente para el rescate de parte del suelo de los muelles 21 y 19 gestionados por TMS con la intención de dar cabida al desarrollo de la estación ferroportuaria que sirva de enlace clave con el Corredor Mediterráneo, para lo que también ha iniciado la tramitación de la declaración de ese suelo como de interés portuario. Como mínimo, el desarrollo de esa infraestructura constreñiría las posibilidades para la instalación de los depósitos.