ALICANTE. La disputa empresarial entablada entre la gestora de la terminal de mercancías del Puerto de Alicante, Terminales Marítimas del Sureste (TMS), y la empresa XC Business 90, que promueve la instalación de una planta de almacenaje de carburantes en esa terminal, da cuenta de la primera factura económica que puede desprenderse de la ejecución de ese proyecto, antes incluso de que haya quedado despejada su viabilidad de forma definitiva.

El conflicto entre las dos compañías sobre el precio pactado por la cesión de la parcela del muelle 19 destinada a albergar esa planta, que se dirime ahora ante el Juzgado de Primera Instancia número 15, gira en torno a una reclamación de cerca de 3 millones. Se trata de la cifra que TMS reclama a XC Business por el impago de la contraprestación convenida en el contrato suscrito en 2018 por la ocupación de los 14.500 metros cuadrados en los que se situarían los seis depósitos de esa planta.

En concreto, en ese acuerdo privado -al que tuvo acceso este diario- se pactó que TMS pondría a disposición de XC Business ese suelo en el término de dos meses a contar desde que la Autoridad Portuaria aprobase la modificación sustancial de la concesión de la terminal. Es decir, el acuerdo por el que se amparaba la instalación de los silos. A cambio, XC Business se comprometía a abonar a TMS 12,5 euros por metro cuadrado de suelo ocupado (IVA excluido). Un importe que, además, se actualizaría al 85% del IPC de cada año. Además, el contrato incluía una segunda contraprestación vinculada al volumen de actividad de mercancías (en este caso, carburantes) movidas en esos silos.

Según lo estipulado en el contrato, ese segundo factor se calculaba a partir de un coeficiente de 0,2755 euros por tonelada (también sin incluir IVA y pendiente de actualizaciones del IPC), con la particularidad de que se fijaban unos volúmenes de mercancías mínimos: 170.000 toneladas durante el primer año de actividad de la planta; 230.000 durante el segundo; 300.000, el tercero; 410.000, el cuarto; y 450.000 a partir del quinto y años sucesivos. Todo, según se precisa en el contrato, hasta que se agotase el periodo de concesión del que dispone TMS, que concluye en 2047.

El cálculo de esas obligaciones que no se habrían cubierto en los seis años transcurridos desde que el consejo de administración aprobó la modificación de la concesión de TMS ascendería a los 3 millones ya citados, reclamados en vía judicial. Con todo, como ya ha informado este diario, la postura que mantiene XC Business es la de negar la vigencia de esas obligaciones, tras alegar que no habría tomado posesión efectiva de los terrenos del muelle 19 concertados a través de ese contrato. En suma, la promotora de los depósitos interpreta que no existiría ninguna contraprestación por asumir, puesto que no ha podido desarrollar su proyecto, a la espera de los permisos de obra y actividad que debe conceder el Ayuntamiento de Alicante. Por el momento, la reclamación económica sigue su curso por vía judicial, sin que se haya planteado ningún contacto entre las partes con el propósito de explorar un hipotético acuerdo que deje sin efecto la demanda.

Responsabilidad patrimonial de la administración

En cualquier caso, el importe de esa reclamación sería solo un primer avance de las consecuencias económicas que podrían desprenderse de la tramitación del proyecto de los depósitos. La misma XC Business también ha anticipado su intención de plantear una demanda por responsabilidad patrimonial de la administración frente al Ayuntamiento de Alicante por el retraso en la concesión de las licencias solicitadas, cuya tramitación arrancó en 2013, con la presentación del proyecto. Se trataría de una reclamación por un importe millonario, según portavoces de la compañía, que se ampliaría con cada día de demora que puedan acumularse hasta el desbloqueo de los permisos pendientes.

Por el momento, como viene informando este diario, la Concejalía de Urbanismo solo ha otorgado a la compañía la licencia ambiental, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) que reconoce a XC Business el derecho a su concesión por silencio administrativo positivo. O lo que es lo mismo, la falta de respuesta respecto a la solicitud presentada por la empresa en los tiempos establecidos en la normativa.

Así, todavía debería resolverse sobre la licencia de obra y sobre la licencia de actividad, que seguirían en proceso de evaluación por parte de los técnicos municipales. De hecho, en ese trámite se habría evidenciado disparidad en las dimensiones del proyecto entre la documentación presentada por la empresa, y la superficie de parcela del muelle 19 de la que dispone para situar los depósitos. De ahí que se haya emplazado a la compañía a pronunciarse para ajustar su propuesta a los terrenos disponibles: 14.500 metros, a pesar de que la licencia ambiental ya concedida ampara un proyecto de 17.900 metros.