ALICANTE. El descuadre detectado por el Ayuntamiento de Alicante y la Autoridad Portuaria en la superficie del proyecto promovido por XC Business para instalar una planta de almacenaje de carburantes en la terminal de mercancías comienza a tener consecuencias. Al margen del rechazo a su desarrollo, reiterado este lunes por el alcalde, Luis Barcala, quien calificó esa disparidad de "vicio de nulidad", la más inmediata de ellas es el requerimiento que la Concejalía de Urbanismo ya ha dirigido a la empresa promotora para instarle a que aporte un proyecto ajustado a la superficie de parcela que tendría a su disposición, a partir de la modificación de la concesión de la que dispone Terminales Marítimas del Sureste (TMS). Es decir, los 14.500 metros cuadrados de superficie certificados por el propio Puerto en base al acuerdo adoptado en 2019, como se pone de manifiesto en la respuesta a la aclaración solicitada por el mismo departamento municipal, a la vista de la disparidad de cifras apuntadas en la documentación registrada por XC Business ante el ayuntamiento (17.900 metros, o incluso los 21.500 que se plantean en la petición de licencia de obra).

Ese desajuste de entre 3.400 y 7.000 metros cuadrados entre los tamaños computados no va suponer ninguna revisión respecto a la licencia ambiental ya concedida a la compañía, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) dictada hace más de un año, por la que se reconocía el derecho de concesión de licencia por silencio administrativo positivo (dicho de otro modo, la falta de resolución a la solicitud de permiso en el tiempo legalmente establecido). Fuentes municipales consultadas precisaron que esa licencia ambiental otorgada por imperativo legal permanecerá inalterada, salvo que sea otra instancia judicial quien revoque el fallo del alto tribunal autonómico.

Se trata de una opción que estaría al alcance del Tribunal Constitucional (TC), en el caso de que estimase el recurso de amparo presentado por el Ayuntamiento, en el que, además, se pide la suspensión cautelar de la ejecución de la sentencia del TSJCV, con el fin de que la licencia concedida no llegue a tener eficacia. Al menos, hasta que se resuelva sobre el fondo del recurso municipal. En todo caso, aunque dicho permiso no vaya a revocarse ni a promoverse su modificación, la Concejalía de Urbanismo sí exigirá en el expediente de resolución sobre las licencias de actividad y de obras todavía pendientes que no se produzca ninguna nueva disfunción. De ahí que se haya exigido la presentación de un proyecto que se ajuste a la superficie de suelo de la que XC Business puede hacer uso.

La mismas fuentes indicaron que, además, la disparidad de superficies entre el proyecto presentado y el espacio concesionado -confirmada ahora en la respuesta remitida por la Autoridad Portuaria-, ya se había indicado a lo largo del procedimiento legal que dio pie a la sentencia del TSJCV favorable a XC Business. Entre otras circunstancias, el descuadre de tamaños sí habría sido estimado en primera instancia por el Juzgado de lo Contencioso número 3, que rechazó el recurso de la promotora frente a la denegación del permiso por parte del Ayuntamiento. No obstante, el alto tribunal autonómico no entró a analizar esa circunstancia reiterada en el escrito de oposición municipal y acabó aceptando el recurso de la compañía.

Sin paralización

Al tiempo, la disparidad de tamaños computados tampoco supondrá que vaya a paralizarse la tramitación de los expedientes relacionados con los permisos pendientes. Según fuentes consultadas, seguirán su curso toda vez que la licencia ambiental no puede revocarse ni modificarse con carácter retroactivo, salvo que así lo decida una nueva instancia judicial.

De ahí que se haya optado por apremiar a XC Business a resolver el desajuste de tamaños con el registro de un proyecto que reduzca la superficie a ocupar a los 14.500 metros cuadrados a los que se ciñe el acuerdo de la Autoridad Portuaria por el que se dio encaje a la instalación de los depósitos, hace seis años. De lo contrario, se producirá la desestimación de las licencias solicitadas, toda vez que habría quedado constatado que los 17.900 o los 21.500 metros planteados por la empresa en la documentación en poder del ayuntamiento no tendrían cabida en el suelo concesionado. En cualquier caso, lo cierto es que el mero requerimiento de la presentación de ese proyecto ajustado ya permite ganar tiempo hasta que pueda existir un pronunciamiento del TC respecto al recurso de amparo.