ALICANTE. La empresa que promueve la instalación de una planta de almacenaje de carburantes con seis depósitos en la terminal de mercancías del Puerto de Alicante, XC Business 90, defiende su proyecto y su adecuación a la superficie concesionada. Fuentes de la compañía consultadas por Alicante Plaza recalcaron que su propuesta siempre se ha planteado sobre un área de 14.500 metros cuadrados, ajustada al acuerdo de modificación de la concesión de la que dispone Terminales Marítimas del Sureste (TMS), con la que dispondría de un acuerdo de arrendamiento de suelo sobre esas mismas dimensiones. 

En este sentido, señalaron que no existiría controversia respecto a las cifras manejadas entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria, a pesar de que pudiese existir disparidad en la documentación analizada por la Concejalía de Urbanismo entre las solicitudes de permiso planteadas por la propia compañía. Al respecto, indicaron que, de existir tal error, bastaría con rectificarlo para evitar confusiones, sin que esa circunstancia deba suponer ningún impedimento para la ejecución de los silos de combustible. Es más, las mismas fuentes expresaron su sorpresa por el hecho de que esa disparidad pueda utilizarse para obstaculizar el desarrollo del proyecto.

Al tiempo, indicaron que los 17.900 metros cuadrados reconocidos en la licencia ambiental ya concedida suponen un límite máximo de metros de la actuación que en ningún caso tendrían por qué agotarse necesariamente. De hecho, insistieron en que esas dimensiones no suponen ningún impedimento para la ejecución de los silos toda vez que quedarán adaptados a los 14.500 metros de parcela que quedan a su disposición, en función del contrato concertado con TMS. En todo caso, según las mismas fuentes se dispondría de un exceso de autorización, sin que concurra ninguna circunstancia para que pudiese promoverse la nulidad de dicho permiso.

Maniobra dilatoria

Es más, las mismas fuentes indicaron que, si se les requiere para subsanar dicha disparidad de dimensiones, se concretará cuál es la superficie real ajustada a la parcela sin mayores dificultades, al margen de que la licencia ambiental siga quedando reconocida para un tamaño de 3.500 metros adicionales. Así, insistieron en que esa discrepancia no puede servir como elemento para retrasar o paralizar el expediente de resolución de la licencia de actividad y de obra, a modo de maniobra dilatoria que pudiese perjudicar sus intereses.

En este sentido, lo cierto es que XC Business 90 ya ha venido advirtiendo de la posibilidad de iniciar un expediente de responsabilidad patrimonial de la administración por el retraso en la tramitación de su proyecto, que quedó registrado por primera vez en el ayuntamiento hace más de una década, en el año 2013. La empresa ha llegado a apuntar que esa reclamación podría cifrarse en un importe millonario dada la demora en la respuesta municipal. Con todo, el alcalde, Luis Barcala, sostuvo este mismo lunes -al pronunciarse sobre la disparidad de superficies detectada- que no existiría ningún derecho indemnizatorio que reclamar, toda vez que no se habría generado ningún derecho que sirviese de fundamento para su solicitud.