ALICANTE. El sistema de estacionamiento regulado, conocido como la zona azul o la ORA, seguirá operativo en Alicante, una vez vencida la duración del contrato de prestación, el pasado 25 de enero, al tratarse de un servicio municipal de interés público. Lo hará junto al servicio de inmovilización y retirada al depósito municipal, concertado en el mismo contrato, hasta que pueda convocarse un nuevo concurso con el que renovar su gestión. El equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), perfila ahora los trámites para promover esa nueva convocatoria. Y, en paralelo, última también el proceso para procurar oficialidad a la continuidad de ese servicio -ya extendido de facto desde enero- hasta que pueda contarse con un nuevo adjudicatario.

En principio, todo parece indicar que el nuevo concurso podría convocarse tras el verano. De ahí que, hasta su resolución, se contemple una previsión de gasto de más de 3,9 millones que permita cubrir el funcionamiento de ambos servicios. En concreto, cerca de 2,7 millones corresponderían al servicio de grúa y otros 1,2 millones al servicio de control del estacionamiento regulado, según fuentes consultadas.

Se trata de una situación que quedaría avalada con los correspondienes informes técnicos y jurídicos a la que se llega de forma forzosa, toda vez que no se considera viable una posible suspensión del servicio. Ese escenario -que sí se dio por causa excepcional, con motivo del confinamiento acordado durante la pandemia de la covid- conllevaría que quedase sin efecto el fomento de la rotación de vehículos estacionados en la vía pública: el fin último con el que se instauró ese sistema hace cerca de dos décadas. 

De este modo, la gestión de ese servicio seguirá temporalmente en manos de la unión temporal de empresas (UTE) compuesta por Vectalia y Pavapark, con la previsión de que pueda contarse con un nuevo concesionario entre finales de este año y principios de 2026. Por lo pronto, la nueva licitación solo quedaría ya pendiente de la incorporación de un último ajuste solicitado por la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana, que ya había avalado en términos generales la estructura de costes del nuevo contrato prevista por el Ayuntamiento. Tras ese paso, se debe recabar también el aval de la Junta de Contratación estatal.

Nuevo depósito y 3.000 plazas más

Por el momento, no ha trascendido ni el importe ni la duración que regirá esa nueva convocatoria. Con todo, sí se ha anticipado la intención del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), de ligar ese contrato a la construcción de un nuevo depósito de vehículos que quedaría situado en el barrio de Rabasa. Su coste se habría estimado en 17 millones, que se sufragarían con cargo a la concesión. Además, también se ha anticipado que ese nuevo contrato conllevará la creación de 3.000 nuevas plazas de estacionamiento regulado en zonas en las que ya existen calles delimitadas como zona azul o como zona naranja (con condiciones especiales para residentes), en el entorno del Centro Tradicional. En esencia, en los barrios de Benalúa, Alipark, Princesa Mercedes.

En cualquier caso, esa ampliación de plazas primará la ampliación de la zona naranja con la particularidad de que resultará de uso gratuito para los vecinos de cada uno de esos barrios que dispongan de la tarjeta ciudadana. En concreto, el departamento de Movilidad que coordina el edil Carlos de Juan contempla que 2.500 de las 3.000 nuevas plazas queden implantadas bajo esa modalidad, sin necesidad de que los residentes tengan que realizar pagos en los parquímetros.