ALICANTE. La necesidad de vivienda y el incremento de precios como dos de las principales preocupaciones de los ciudadanos instaladas en el debate nacional fuerza a los tres escalones de la administración a acelerar ahora para planificar la construcción de vivienda protegida (VPP) sobre solares de titularidad pública distribuidos en distintas localizaciones de la ciudad de Alicante. En ellos, se aspira a construir más de 2.000 pisos en régimen de venta o de alquiler, al margen de los que pueda desarrollar la iniciativa privada sobre suelo también privado en el resto de nuevos sectores urbanísticos a desarrollar previstos en el nuevo Plan General Estructural. 

En estos últimos, se contemplan hasta 22.300 viviendas de nueva construcción, con la particularidad de que entre un 30 y un 40% deberán ser de VPP, lo que permite inferir que, como mínimo, se construirán otras 6.690 con esa calificación. Eso sí, su ejecución es, de momento, un escenario hipotético que depende del interés de las empresas del sector y de una tramitación que puede prolongarse durante años, a diferencia de lo que debería suceder con las propuestas trazadas sobre suelo público, en las que las administraciones ya están decididas a darles impulso. Se trata de actuaciones en distinto grado de planificación que se activan ahora, tras más de dos décadas en blanco, en las que no se dio impulso a ninguna promoción de esas características.

Esa dinámica de ausencia de proyectos se rompió en 2022 con la experiencia de Residencial Les Naus: la urbanización provista de 140 viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas sobre un solar municipal del distrito de Playa de San Juan, adquirido por la cooperativa del mismo nombre en un concurso que se había convocado inicialmente en 2018.

El modelo de ese proyecto, ahora bajo escrutinio de la justicia en unas diligencias en las que se incluyen hasta 15 investigados (entre ellos, la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, además de tres funcionarios municipales, un funcionario autonómico y diez de los compradores de los pisos), es similar al que se sigue con el Plan Vive puesto en marcha por el Consell a partir de 2023, en la medida en que el suelo público también se pone a disposición de promotores privados para que sean quienes edifiquen los pisos.

La diferencia esencial con el caso de Les Naus es que en el Plan Vive, la contraprestación se produce con la entrega de parte de las viviendas construidas (en lugar de con ingresos económicos, como sucedió con los 6 millones obtenidos por el Ayuntamiento de Alicante) que pasan a formar parte del parque público. De este modo, la administración es la que asume la venta o cesión de un porcentaje de esos pisos, mientras que el promotor adjudicatario de cada parcela es el que comercializa el resto, como sucedió con los pisos de Les Naus, aunque, en ese caso, con el 100% de los inmuebles.

Se trata de un sistema que sigue estando contemplado en la normativa vigente y sobre el que, al menos la Generalitat, no ha anunciado que pretenda introducir ningún cambio. Por el momento, tampoco ha trascendido que el Plan Estatal de Vivienda, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, vaya a variar la potestad de los promotores de vender esas viviendas, aunque se subraye la necesidad de incorporar criterios objetivos, medibles, transparentes y trazables en su adjudicación.

Sea como fuere, lo cierto es que el Plan Vive es el marco en el que se amparan los proyectos más maduros para la construcción de las primeras viviendas entre ese objetivo de más de 2.000. En concreto, la Conselleria de Vivienda, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) prevé promover la construcción de hasta 700 VPP principalmente en parcelas de titularidad autonómica a través del mecanismo de la enajenación a cambio de entrega de obra futura.

De esas 700 viviendas, 431 estaban en licitación, 200 estaban adjudicadas y 70 se encontraban en construcción, según el balance ofrecido por el departamento autonómico con datos actualizados hasta el mes de enero. Se trata de las promociones previstas en la calle Tormo, en el entorno de Ciudad de la Luz, con 57 viviendas adjudicadas a Albaluz; otras 29 en la calle San Miguel de Salinas del barrio de Garbinet, a cargo de Fama Rehabilitaciones; y otras 90 en distintas parcelas situadas en el barrio de Rabasa (entre las calles Jacinto Verdaguer, Ponce de León, Vasco de Gama y Tubería), también adjudicadas a Albaluz.

A esas actuaciones se suman las previstas en otros tres solares situados en torno a la calle Avellaneda, en el mismo barrio de Rabasa (todavía en fase de licitación), en la que se tendrían cabida otras 69 viviendas. Y también las que se acaban de licitar en la calle Hermanos Machado, en Benalúa, con otros 52 pisos. El listado se ampliará con otras dos próximas subastas sobre solares situados en la avenida de Doctor Rico y en el barrio de Benisaudet (en una localización todavía no detallada) en las que se prevé sumar otros 69 y 76 pisos, respectivamente. 

Solares municipales

El Plan Vive se completa en Alicante con las promociones previstas en otras cinco parcelas públicas, en este caso cedidas por el Ayuntamiento de Alicante, situadas en la avenida Jaime I, en las calles Enfermera Angelina Ceballos, Médico Ricardo Ferrer y Banda los Claveles y en la avenida de Dénia. En su conjunto, esos solares ahora en proceso de subasta pueden acoger la construcción de otras 221 viviendas.

Entre el resto de viviendas a desarrollar sobre suelo de propiedad municipal, también se augura un desarrollo relativamente próximo en las viviendas previstas en la calle Ceuta, en el barrio de San Blas. En este caso, se trata de una parcela ahora también en fase de licitación -tras la incorporación de nuevas condiciones para reforzar controles en la compra de los futuros pisos- en la que se prevé construir unas 30 viviendas protegidas con el mismo procedimiento del Plan Vive: enajenación del suelo para que las construya una promotora, a cambio de entrega de obra futura. 

El resto de actuaciones de promoción de vivienda protegida sobre suelo municipal (al margen del proyecto de rehabilitación 14 pisos en el edificio de las antiguas viviendas de los maestros, en el barrio de San Gabriel, y de la terminación de las obras del Portón, 18 años después del inicio de sus obras) quedan recogidas en las determinaciones del nuevo PGE. Se trata de la reserva de hasta 10 parcelas dotacionales en las que se estima que tendrá cabida la construcción de 1.300 viviendas protegidas, sin que hasta ahora se haya precisado cuál será la fórmula escogida para su desarrollo: bien por ejecución directa, o bien mediante subasta, siguiendo también los parámetros del Plan Vive.

¿Dónde se encuentran esas diez parcelas? Según la documentación avanzada en el proceso de participación pública sobre el PGE, dos de ellas se sitúan en el distrito de Playas. La primera, en el entorno de la calle Tabarca y de la carretera de Benimagrell, en la que tendrían cabida, 450 viviendas. La segunda, en el entorno de la calle Periodista Asunción Valdés, en la que encajarían otras 150. Las ocho parcelas municipales restantes se reparten en distintas ubicaciones del casco urbano, como se aprecia en los planos adjuntos. Así, a grandes rasgos, se contemplan 90 viviendas en Benalúa Sur, 50 más en Alipark, 200 en La Torreta, 50 en Juan Pablo II, 120 en Los Ángeles, 230 en dos parcelas en La Cerámica (115 en cada una de ellas), y 50 más en Juan XXIII. 

En principio, según el avance del PGE, esas diez parcelas se destinarán "a la implantación de vivienda en régimen de alquiler asequible, dirigida prioritariamente a colectivos con mayores dificultades de acceso -personas mayores, jóvenes, personas con discapacidad fundamen - talmente-, así como a modelos de vivienda colaborativa en cesión de uso". Eso sí, por ahora tampoco se pueden augurar posibles plazos para su construcción, que se prevé gradual a partir del momento en el que se apruebe el nuevo planeamiento.

Por último, el Gobierno central aporta, por ahora, solo un primer proyecto de construcción de vivienda protegida sobre suelo de titularidad estatal heredado por el Ministerio de Vivienda y la empresa pública Casa 47 por parte del Ministerio de Defensa. En concreto, se trata de una actuación en la que se contempla la construcción de 12 pisos en el barrio de Benalúa, para los que ya se ha adjudicado la redacción del proyecto, como informó este diario.

Está por ver si el número de actuaciones estatales a ejecutar por Casa 47 en la ciudad puede ampliarse a partir de los activos procedentes de la Sareb, toda vez que la administración central es la que menos patrimomio de suelo cuenta en el ámbito municipal, al no ser beneficiaria de la cesión de aprovechamientos urbanísticos en los planes desarrollados por la iniciativa privada.