MADRID (EFE). El Ministerio de Vivienda ha incluido en el nuevo Plan de Vivienda 2026-2030 una cláusula antifraude en las adjudicaciones para evitar escándalos como el sucedido recientemente en Alicante.

De esta forma, el nuevo texto estipula que todas las viviendas construidas o adquiridas con recursos procedentes de este Plan Estatal de Vivienda se tendrán que adjudicar con criterios objetivos, medibles, transparentes y trazables.

Además, el ministerio ejercerá un doble control para garantizar que se han respetado esas condiciones.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que en Alicante se han repartido las Viviendas de Protección Oficial (VPO) entre cargos del Partido Popular.

También ha puesto como ejemplo una inmobiliaria particular en donde se formaron colas para acceder a una promoción de vivienda asequible para jóvenes que "parecía que estaban esperando las entradas a un concierto".

La ministra sostiene que ha habido irregularidades que afortunadamente están bajo la investigación judicial y ha pedido a la Generalitat Valenciana que cambie esa normativa que modificó el gobierno de Carlos Mazón.

"Yo no puedo quedar pendiente de la voluntad política de estas administraciones para hacerlo o no hacerlo", así que es el Plan Estatal de Vivienda el que va a poner esta cláusula para blindar y evitar que se respeten estos requisitos.

"Esto no es un concierto es un derecho, no son las entradas para un concierto y por tanto tiene que existir mecanismos públicos de transparencia que lo garanticen", ha lamentado

"Lo que no puede ser es que nos aprovechemos del dinero de todos y de los recursos de todos para que ganen unos pocos porque es una obscenidad lo que hemos visto y es lo que tratamos de evitar con esta cláusula", ha apuntado.