El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, tras confirmar su alianza política. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, un bipartito compuesto por PP y Cs, cumple este miércoles, 26 de mayo, el segudo aniversario de las elecciones municipales que auspiciaron su formación. En realidad, el pacto acabó sustanciándose días más tarde, el 14 de junio, justo en la víspera del pleno de constitución de las nuevas corporaciones locales, mediante un acuerdo que permitió configurar la primera alianza del centro-derecha en la gestión de la capital de provincia a lo largo del último periodo democrático.
La cita con las urnas deparó la victoria de la candidatura presentada por el Partido Popular (PP), con Luis Barcala como alcaldable. La de los populares fue la lista más votada, con 39.477 votos (el 29,34%) y nueve actas de concejal. Eso sí, las mismas que obtuvo el PSPV-PSOE, la segunda candidatura con más apoyo, que quedó a 2.303 papeletas de distancia. De ahí que fuese el PP quien liderase la formación de gobierno y de que acabase fraguando un acuerdo con Cs por el que Barcala retenía la Alcaldía conseguida un año antes de la cita electoral, con el concurso de la edil expulsada de Guanyar, Nerea Belmonte, después de que el socialista Gabriel Echávarri registrase su dimisión.
Cs, por su parte, se reservaba la vicealcaldía para su candidata, Mari Carmen Sánchez, además de concejalías que le procurasen visibilidad como Cultura, Deportes o Turismo, al margen de manejar el departamento de Urbanismo. Ahora, al borde de alcanzar el ecuador de su mandato en común, las dos fuerzas ya disponen de un primer bagaje salpicado de luces y sombras que ni la crisis del coronavirus ha podido eclipsar.
Por lo pronto, los dos partidos -que gestionan en situación de minoría con 14 concejales en una corporación de 29 ediles- han conseguido superar todas las votaciones conflictivas en las que podían ver lastrada su acción de gobierno. Así, han aprobado los presupuestos de 2020 (validados en el último tramo del mes de mayo) y 2021 (refrendados a finales de marzo) gracias a la anuencia de Vox, que se abstuvo en las dos votaciones y que, a la postre, se ha venido mostrando como un aliado externo imprescindible en los debates clave, pese a que el PP cerrase el paso a su entrada en el gobierno en la misma noche electoral.
En 2021, además, las cuentas del bipartito también sumaron la abstención del PSOE, después de que se alcanzase un acuerdo presupuestario con Cs que todavía no ha llegado a cumplimentarse al 100% y que ya parece más que dudoso que vaya a materializarse en esos términos en la medida en que supone revertir los compromisos concertados con Vox.
También se han aprobado las sucesivas modificaciones de crédito tramitadas hasta ahora en estos dos años (cuatro en 2020 y, por el momento, una en 2021 que se prevé que prospere este mismo jueves, también con el respaldo de Vox). Con una de ellas, la tercera de las impulsadas en 2020, se destinaron 19 millones del remanente de crédito para cancelar toda la deuda contraída con los bancos y completar el proceso impulsado bajo el mandato del extinto tripartito para sanear la contabilidad municipal. La votación contó con el rechazo de las tres formaciones del eje progresista (PSOE, Unides Podem y Compromís) que consideraron prioritario que ese dinero se destinase a atender las necesidades de la ciudadanía tras el impacto de la crisis del coronavirus.
La aprobación de los presupuestos de 2020, y la ejecución de las inversiones financieramente sostenibles arrastradas desde el mandato precedente, han permitido renovar las infraestructuras de algunos barrios -pendientes de reparaciones y de trabajos de mantenimiento y conservación desde hacía años- e impulsar la reurbanización de espacios como la avenida de Padre Esplá, el Paseo de la Explanada, o la construcción del parque-plaza de la Ciudad de la Justicia. Eso sí, otras actuaciones anunciadas en estos dos últimos años (o incluso antes) siguen pendientes, en cartera, como consecuencia del retraso en la entrada en vigor de las cuentas o la complejidad que acarrean los procesos de contratación. Algunas de ellas, como la pasarela ciclopeatonal hasta Urbanova, se pretenden retomar ahora, tras la aprobación de la primera modificación de crédito de las cuentas de este año, en la que se prevén actuaciones por valor de más de 38 millones.
Lo cierto es que la pandemia, el confinamiento, las restricciones de movilidad y la necesidad de priorizar la respuesta a esa nueva situación, también ha contribuido a lastrar el desarrollo de alguno de esos proyectos. Incluso los incluidos en el dictamen de la comisión de la recuperación que se aprobó el pasado mes de julio, con 105 iniciativas en distintos ámbitos.
Hasta ahora, sobre ellas, se han cumplimentado básicamente las que no requerían la ejecución de obras: se dio respuesta a la primera embestida de la crisis con la concesión de ayudas de emergencia (aunque no se evitó la generación de las llamadas colas del hambre y que tuviese que surgir un movimiento asociativo para ayudar en la distribución de alimentos); se han facilitado ayudas a pymes y autónomos con dos líneas específicas municipales y otras dos más coordinadas por la Generalitat, a través del Plan Resistir; y se han tomado decisiones de planificación, como la reducción de la velocidad de circulación en las calles de un solo carril para favorecer el uso peatonal, por ejemplo. Eso sí, siguen pendientes actuaciones como el desarrollo de peatonalizaciones reales (más allá de cortes temporales durante los fines de semana), por ejemplo.
En estos dos años, se ha tratado de poner orden en la prestación de servicios municipales que venían funcionando con contratos caducados o sobre los que no existía ninguna concesión previa, como el servicio de reparación de aceras. Entre ellos, se ha conseguido renovar la contrata de mantenimiento de zonas verdes, ahora en manos de STV Gestión (a la espera de que el TSJ dirima sobre el litigio mantenido con Geamur). Pero otras -en realidad, las que suponen un mayor coste para el Ayuntamiento- siguen atascadas y pendientes de licitación, como el servicio de transporte público (sobre la que se tendrá que llegar a otro acuerdo para garantizar su prestación mientras se convoca el nuevo concurso); el de limpieza de colegios y dependencias municipales (a punto de licitarse) y el de limpieza viaria y recogida de residuos (que sigue en fase de preparación de pliegos para que pueda licitarse en tres contratos distintos y que también queda abocada a prorrogarse, pese al compromiso adquirido por el conjunto de partidos durante la campaña electoral). Se trata de una situación en la que, como mínimo, en el último año sí se ha conseguido avanzar en la planificación previa que resulta necesaria para abordar las respectivas licitaciones.
En Cultura y Turismo, los resultados han quedado condicionados por las consecuencias de la pandemia, aunque sí se ha intensificado la labor de promoción turística para garantizar la fidelidad del visitante nacional, con lo que se consiguió que el verano de 2020 se alcanzase una ocupación media próxima al 60%. De igual modo, se ha tratado de cambiar el rumbo en la gestión de los castillos de Santa Bárbara y San Fernando (en su última fase de rehabilitación) para exprimir sus posibilidades turísticas, sin que todavía no se haya podido calibrar su resultado real. Además, sigue pendiente la reforma del Teatro Principal (y la elección de un nuevo director), junto a la búsqueda de una solución para cubrir el déficit generado durante la última década en los balances de la sala. En Comercio, las asociaciones de minoristas continúan reivindicando campañas de apoyo real, al margen del lanzamiento del bono consumo que se acaba de desbloquear ahora con una primera dotación de 100.000 euros. En Deportes, tras más de un año de restricciones, se ha tenido que acoplar el funcionamiento de las instalaciones a los protocolos marcados por Sanidad y solo ahora se ha podido anunciar la planificación de mejoras, como el diseño para la construcción de un nuevo pabellón en Tómbola y el anuncio de un proyecto para un complejo deportivo multidisciplinar entre el PAU 4 y 5, en Playa de San Juan.
En Empleo, se ha seguido promocionando la estrategia Alicante Futura con la intención de contribuir en la captación de empresas innovadoras y de base tecnológica, en un objetivo alineado con los del Distrito Digital, además de dar impulso a la modernización de las áreas industriales de la ciudad, todavía con iniciativas pendientes de desarrollo. En Seguridad, se ha tenido que redoblar esfuerzos, con un éxito razonable, en la organización de los dispositivos de control necesarios para velar por el cumplimiento de las medidas de prevención de contagios frente a la covid-19. Y en áreas globales, como Coordinación de Proyectos, también se han trazado estrategias de planificación como el Plan de Inclusión Social o la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Eso sí, en ambos casos, todavía con poca traslación en acuerdos ejecutables. En Fiestas, tras su cancelación en los dos últimos años, al menos se ha promovido la elaboración de la primera ordenanza específica para regular el funcionamiento de todas las celebraciones locales. Y en Educación, sigue arrastrándose el retraso en la puesta en marcha de actuaciones en colegios a través del Plan Edificant hasta el punto de que solo se ha llegado a ejecutar una reparación, a la espera de que ahora puedan licitarse la redacción de los proyectos de dos primeros centros ya previstos en los presupuestos de 2021: La Cañada y El Somni.
También se han sentado las bases para rehabilitar y transformar el complejo de Las Cigarreras, en un proyecto a financiar con fondos europeos del que, eso sí, todavía no se ha iniciado ninguna obra concreta in situ en las instalaciones de la antigua fábrica de tabacos, más allá del derribo de los elementos inservibles. E, igualmente, se ha conseguido que pudiese materializarse la urbanización de la primera unidad de ejecución de Benalúa Sur (en un camino que ya allanó el extinto tripartito), además de alcanzar un acuerdo para que pueda ejecutarse la urbanización de la segunda, que atañe a las históricas harineras Bufort y Cloquell, con el reto de conseguir su conservación y que se conviertan en edificios polivalentes de titularidad municipal.
Y entre los compromisos adquiridos con la firma del pacto de gobierno, defendidos también en el primer debate sobre el estado de la ciudad como proyectos irrenunciables del mandato, justo ahora se acaba de conocer una nueva propuesta para promover un centro de congresos (que no Palacio, puesto que es la denominación que tiene registrada el Colegio de Médicos para su centro de convenciones) en terrenos del Puerto. Se trata de un proyecto a desarrollar en un plazo mínimo de dos a tres años que PP y Cs consideran ejecutable, frente a una larga lista de proyectos fallidos intentados en los últimos 30 años. Por lo pronto, es una propuesta que proporciona al bipartito un relato al que aferrarse mientras llega a convertirse en realidad, pendiente de que se lleven a cabo las modificaciones urbanísticas necesarias para darle encaje entre los muelles 9 y 7 y de que se confirme la financiación de los 50 millones que se calcula que podría requerirse para su construcción.
¿En qué situación se encuentra ese segundo compromiso: la redacción de un nuevo Plan General? Por el momento, en ese campo, básicamente se ha conseguido aprobar el nuevo catálogo de protecciones, apoyado por una holgada mayoría tras el intento fallido promovido por PSOE, Guanyar y Compromís. Se trata de un hito previo para orientar la elaboración del nuevo planeamiento, aunque todavía sigue pendiente del visto bueno del Consell. Ahora, además, se trata de reactivar los trabajos de la llamada Oficina del Plan General con la búsqueda de un nuevo director capaz de retomar los trabajos para, como mínimo, poder iniciar en breve la redacción de la ordenación estructural. El objetivo del bipartito es externalizar parte de esos trabajos. De hecho, dispone de una partida de 400.000 euros reservada con ese fin que pretende emplearse para licitar los trabajos en el menor plazo posible, según fuentes consultadas.
Además, la idea no es partir de cero, sino aprovechar la tarea que pueda resultar útil entre los trabajos elaborados por el gabinete de arquitectura Laboratorio de Proyectos, con quien se consiguió saldar el contrato suscrito bajo el mandato del exalcalde Luis Díaz Alperi (PP), en diciembre de 2019. Se trataba de un trámite imprescindible sin el que resultaba imposible que se abordase una nueva licitación: no podía encargarse la elaboración de un trabajo que todavía seguía sujeto a un contrato. Eso sí, está por ver si el uso de ese trabajo recuperable (de un documento que fue objeto de investigación en el marco del caso Brugal) permite asegurar que pueda contarse con un nuevo planeamiento terminado en los dos años que restan para que finalice el mandato.
A todo ese balance, se suma la estabilidad (al menos, aparente) de la que todavía hacen gala PP y Cs. Sus representantes sostienen que el acuerdo de gobierno sigue firme pese a las fricciones que se han registrado en estos dos años de convivencia política por lo que respecta a la negociación de los presupuestos o la adopción de determinadas decisiones (como la decisión de recurrir la sentencia que obliga a declarar el Centro Zona Acústica Saturada). Lo cierto es que la cascada de movimientos políticos que se desencadenó a escala nacional tras el registro de la moción de censura de la Comunidad de Murcia tampoco ha causado ninguna zozobra relevante en el seno del bipartito. Por lo pronto, no se atisba un reequilibrio de fuerzas que pueda conllevar un hipotético cambio de gobierno. Menos, en un momento en el que la dirección de Cs sigue reposicionándose y tratando de recomponerse tras los resultados de las elecciones autonómicas de Madrid, en un contexto en el que ya se han producido varios abandonos de cargos públicos en las filas del partido de Inés Arrimadas y en el que se especula con una pretetendida absorción por parte del PP.
