ALICANTE. El presupuesto del Ayuntamiento de Alicante para 2021 supera otro trámite administrativo para su entrada en vigor al obtener un dictamen favorable en la comisión de Hacienda tras la desestimación de las doce alegaciones presentadas por representantes vecinales y sindicatos con representación municipal. De acuerdo con la propuesta de resolución elaborada por los técnicos de la Concejalía de Hacienda, ninguna de esas propuestas de modificación quedaba ajustada a los supuestos establecidos en la legislación para que pudiesen tenerse en consideración, por lo que se ha acordado su rechazo.
De este modo, salvo sorpresa improbable, la propuesta de planificación económica trazada por el equipo de gobierno, el bipartito en situación de minoría compuesto por PP y Cs, quedará aprobada de forma definitiva en un pleno extraordinario previsto para este jueves gracias a la abstención de PSOE y Vox. Ese es el resultado que ya deparó la votación en el debate de aprobación provisional y el que se ha reproducido este lunes en el transcurso de la comisión respecto al fondo del asunto (el dictamen favorable a la aprobación definitiva) a la vista del informe de resolución de los técnicos sobre el rechazo de las alegaciones. Igualmente, tanto Unides Podem como Compromís han reproducido su voto en contra.
Con ese previsible desenlace, el bipartito dispondrá de nueve meses para ejecutar sus segundos presupuestos del mandato, en los que se incluyen inversiones por 17,6 millones de euros, a la espera de que se pueda concretar la incorporación de los remanentes de los dos ejercicios precedentes, 2019 y 2020. En principio, se prevé que su importe global alcance los 39 millones, sin que por el momento se haya concretado cuál podría ser su destino definitivo. En cualquier caso, durante el proceso de negociación previa, PP y Cs sí han emplazado la ejecución de determinados proyectos recogidos en el dictamen de la comisión por la recuperación a la disponibilidad de esos ahorros, por lo que se prevé que parte de ellos puedan obtener financiación a través de esa vía.
Por lo pronto, fuentes del equipo de gobierno han destacado, a través de un comunicado, que el presupuesto incluye medidas "frente a los efectos de la pandemia y son las cuentas de la emergencia social y económica, con un crecimiento del gasto social al que se destinan más de 11 millones de euros y un importante esfuerzo inversor que alcanza los 17,9 millones de euros para fomentar la recuperación económica de la ciudad".
En este sentido, el alcalde, el popular Luis Barcala, ha agradecido a todos "el gran trabajo y esfuerzo para poder aprobar el documento más importante de un Ayuntamiento, y en especial a los miembros del equipo de gobierno por el trabajo serio, sensato y responsable para elaborar las cuentas y a la oposición por el trabajo invertido y el consenso alcanzado".
La edil responsable de Hacienda, Lidia López, por su parte, ha incidido "en la importancia de dar hoy en la Comisión de Hacienda el último paso que hará que este próximo jueves" para que "Alicante tenga aprobadas definitivamente sus cuentas, y con ellas podamos empezar a llevar adelante proyectos y ayudas sociales, tan importantes en estos momentos de crisis por los efectos de la pandemia abordando la emergencia social y económica de la ciudad".
Por lo pronto, el resultado de la votación ya ha suscitado reacciones políticas entre los grupos que ejercen funciones de oposición. En primer término, los ediles socialistas Miguel Millana y Llanos Cano han asegurado que, en el transcurso de la comisión, "se ha vuelto a poner en evidencia que el alcalde Luis Barcala no acepta ninguna de las alegaciones de sindicatos y vecinos, dejando claro que es lo que entiende por presupuestos participativos: simplemente aplica el rodillo". En todo caso, Millana ha argumentado que la abstención del PSOE se justifica en el pacto suscrito con Cs, en el que "logramos que se incoporasen 1,2 millones de ayudas directas a las empresa y porque con este acuerdo se abre la vía a incorporar propuestas del PSOE para que las cuentas municipales sean más sociales, más justas y tengan un valor añadido en un tiempo de máxima dificultad".
Portavoces oficiales del PSOE han apuntado, a través de un comunicado, que ambos ediles han recordado a Barcala que "hace casi dos años se comprometió con los representante sindicales a llevar a cabo la regulación de la carrera profesional, incremento de la festividad, reclasificación de los oficiales de la Policía Local de Alicante" y que "solo se ha cumplido la reclasificación de las plazas de oficiales de la Policía Local, tras la ejecución de una sentencia", según las mismas fuentes.
De igual modo, el PSOE ha preguntado "por la amortización de una plaza de comisario principal de la Policía Local de Alicante, para crear una más de Intendente, que puede que vulnere el derecho de promoción o de carrera vertical de los comisarios. Sin que se haya confirmado si finalmente se amortiza o se va a cambiar de denominación de intendente a comisario, quedando sin efecto dicha amortización", según el comunicado. Además, Cano ha solicitado que se regule el teletrabajo, no el trabajo remoto, "que es una tomadura de pelo", dotando a los empleados de medios materiales para llevar a cabo sus tareas desde su domicilio, lo que incrementará la eficiencia y productividad, y por supuesto, un mejor servicio al ciudadano.
Por último, Millana ha incidido en que el alcalde ha 'cuestionado' la validez de las declaraciones institucionales, lo que ha sorprendido a los representantes socialistas. "Para qué convoca plenos, si luego afirma que no son de debido cumplimiento los acuerdos cuando son Declaraciones Institucionales. Está cuestionando la utilidad de los plenos", ha declarado Millana. En este punto, ha insistido en que Barcala se ha comprometido con los vecinos de las partidas rurales a invertir 7,2 millones, y en los presupuestos ha destinado un euro. "Ya veremos lo que hace".
En segundo lugar, el portavoz de Unides Podem, Xavier López, ha apuntado que, durante el desenlace de la comisión, "hemos lamentado las dificultades que tienen las entidades sociales para presentar alegaciones y que estas pasen el corte de la intervención. El que todas hayan sido desestimadas genera la percepción de un ayuntamiento alejado de la ciudadanía".
"Buena parte de las enmiendas que han presentado desde el vecindario entran en la línea de las registradas por los grupos municipales progresistas en la aprobación inicial, y por lo tanto, entendemos que hay un diagnóstico común de las problemáticas de la ciudad que no se ven atendidas ni reflejadas en las cuentas del Partido Popular y Ciudadanos", ha abundado.
"La problemática principal es la inexistencia de políticas e iniciativas que favorezcan la participación ciudadana, y especialmente, las que generen facilidades para participar e incidir en los presupuestos locales. Existen mecanismos en multitud de ciudades para acercar la administración municipal a la ciudadanía que podrían ser tomados como ejemplo por el bipartito de Alicante, como Decidim València, pero esto implicaría perder poder y flexibilizar sus posturas para negociar. Algo que no les interesa, por su visión antidemocrática de la gestión pública", ha concluido.
En esta línea, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha señalado que "vemos, nuevamente, como las diferentes alegaciones no han tenido espacio para el debate, haciendo una interpretación estricta y restrictiva de este proceso. Las asociaciones y sindicatos reclaman un espacio donde pueden hacer propuestas y reclamaciones que no encuentran". "Recordemos que el bipartito de derechas no ha habilitado ningún espacio o proceso de diálogo, ni con la parte social del Ayuntamiento, ni con el tejido asociativo y vecinal", ha añadido.
"Políticamente es interesante ver como buena parte de las alegaciones, más allá de cuestiones referidas a la Policía Local, tienen que ver con #BarcalaAnuncios que se hicieron en campaña y que no tienen voluntad de cumplirse porque no reflejaban una voluntad política real, eran, simplemente, burda propaganda electoral", ha insistido.
Así, Bellido ha confirmado que "vamos a seguir votando en contra de unos presupuestos sin inversiones, sin diálogo con la sociedad civil, sin atender el reto de la transición ecológica urbana, sin proyectos de transformación, sin ambición, sin respuesta a la necesidad de aumentar el parque de vivienda social, sin modelo de ciudad, sin ilusión.... ante el reto de la terrible crisis que tenemos encima". A su juicio, se trata, además, de "unos presupuestos donde está recogida la agenda de recortes en derechos humanos pactada entre PP y Vox, con la aceptación cómplice de Ciudadanos que no puede oponerse a nada dada la situación de descomposición en la que se encuentra".