ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante se adelanta al fin de la prórroga concedida a STV Gestión sobre el servicio de mantenimiento de zonas verdes hasta enero de 2025 y acelera la maquinaria administrativa para licitar un nuevo contrato, en pleno proceso de negociación sobre la ejecución de la sentencia por la que el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) conmina a retrotraer el último concurso con la valoración de la oferta presentada por Geamur.
De hecho, el inicio de la tramitación de ese nuevo concurso se comunicó al propio TSJCV en el escrito por el que el ayuntamiento planteaba la vía de la indemnización como fórmula alternativa de cumplir la resolución favorable a Geamur, al considerar que esa sentencia resultaba inejecutable en sus propios términos. Primero, porque el contrato ya está vencido en su duración original, de tres años de prestación. Y segundo, porque desde 2021 se han promovido dos modificaciones para incorporar las nuevas zonas verdes generadas desde que se redactaron las bases del concurso, con el consiguiente aumento de precios.
Es más, según fuentes consultadas, el nuevo pliego que se trata de elaborar ahora volverá a ampliar la cobertura con la inclusión de nuevas zonas ajardinadas de reciente desarrollo o en proceso de ejecución, lo que conllevará un nuevo incremento de costes a reflejar en el presupuesto de licitación. Entre esos nuevos espacios de vegetación que el futuro contratista deberá mantener figurarían las jardineras implantadas en el eje Marvá-Gadea o el parque del barrio de La Torreta, pendiente de finalización tras la rescisión del contrato de obra adjudicado a la UTE Isla de Corfú, compuesta por Ecisa y Construcciones Urrutia, del Grupo Urbas.
El equipo de gobierno debe licitar ahora la conclusión de las obras pendientes, por lo que el mantenimiento de las zonas verdes que se contemplan en el nuevo parque debe quedar amparado en la nueva contrata para evitar una modificación posterior.
Además, el objetivo del departamento de Medio Ambiente y Parques y Jardines es ampliar el plazo de ejecución del servicio, con un mínimo de cuatro años (más posibles prórrogas) de modo que no resulte necesario promover una segunda licitación en el margen del mismo mandato. El contrato actualmente prorrogado tenía una duración de tres años con posibilidad de concesión de dos ampliaciones adicionales de un año cada una.