ALICANTE. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Memoria Histórica y Democrática que dirige la edil María José Espuch, ha acordado elevar al pleno una nueva propuesta consensuada con todos los grupos municipales para hacer efectiva la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y la retirada de las calles franquistas.
Tras conocer la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Alicante emitida el pasado viernes, en la que se declaraba la nulidad del acuerdo de la Junta de Gobierno Local en el punto relativo al cambio de denominación de las vías públicas del término municipal, el equipo de Gobierno ha descartado interponer recurso ante esta sentencia, con el fin de posibilitar el cambio de calles de la forma más efectiva posible.
Según informan fuentes municipales a través de un comunicado, "dado que la resolución de la jueza no entra en el fondo del asunto, sino que aborda únicamente una cuestión de forma relativa a la competencia de la Junta de Gobierno Local para adoptar el acuerdo impugnado, el área de Memoria Histórica y Democrática, de forma coordinada con el resto del equipo de Gobierno, ha decidido acatar la resolución y este lunes mismo ya ha iniciado los contactos con todos los grupos municipales para elevar al próximo pleno una propuesta consensuada".
En ese mismo comunicado, el equipo de Gobierno entiende que en este proceso de negociación y diálogo abierto con los grupos de la oposición para democratizar el callejero de Alicante se podrán abordar cuestiones de fondo en las que no entra la sentencia, como es la selección de los calles afectadas por el cambio.
Así, se pondrá sobre la mesa la posible suspensión del cambio de nombre de seis de calles que, para el Grupo Municipal del PP, -parte recurrente en este proceso-, deberían quedar fuera porque en su opinión no se ajustan a la Ley de la Memoria Histórica. Este es el caso de las vías dedicadas a Calvo Sotelo, Primo de Rivera, General Primo de Rivera, Manuel Senante, Martínez Velasco, Ruiz de Alda y Vázquez de Mella.
El PP reclama consenso
Momento antes de que el tripartito hiciera pública su propuesta, la portavoz adjunta del PP en el Ayuntamiento de Alicante, Mari Carmen de España, había instado al equipo de Gobierno "a abrirse al diálogo y a buscar el consenso sobre el cambio de nombres de las calles, tal y como exige la Ley de la Memoria Histórica", aunque ha reclamado que "no tengan tanta prisa" para evitar "meter la pata".
En un comunicado, De España ha opinado que sería "conveniente" antes de decidir llevar la cuestión a pleno para evitar "meter la pata" que se celebrase una reunión donde estén presentes todos los grupos. "Les pedimos que tengan más voluntad de diálogo, porque fueron las prisas las que les obligaron a reponer las placas antiguas, pero aquí parece que hay competencia entre Guanyar y Compromís para ver quién es más sectario", ha recalcado.
De España ha explicado que el planteamiento del Partido Popular es "que salgan del proceso de cambio las calles que son objeto de la polémica, porque muchos consideramos que no están dentro de la Ley de la Memoria Histórica, tal y como señalamos en nuestra demanda".
Además, ha incidido en que se plantea que "se abra más a la participación de los alicantinos y que se traslade a todas las juntas de distrito una serie de propuestas de nombres de calles para que los vecinos decidan los nombres por los que prefieren sustituir los rótulos que sean eliminados".
"Que todas las juntas de distrito participen en la comisión de Memoria Histórica donde puedan presentar sus propuestas, eso sería lo más participativo", ha destacado De España. Los 'populares' también han reclamado "que se establezca un plazo de tiempo suficiente para que los representantes vecinales puedan adaptarse a este cambio de denominaciones, por su coste económico y la modificación de domiciliaciones, una vez que el pleno del Ayuntamiento proceda al cambio de las calles, tal y como hemos reclamado desde un principio y recoge la Ley de Memoria Histórica".
El PP añade, además, que en contra de lo que sostiene el equipo de Gobierno, la sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 4 sí entra a analizar el fondo del asunto, ya que estima uno de los siete argumentos incluidos en su recurso: el que tiene que ver con el órgano competente para aprobar el ajuste de las nomenclaturas a la Ley de Memoria Histórica. Es más, en esta línea, los populares inciden en que el propio fallo apela a la necesidad de que en el proceso impere el consenso político, como uno de los principios que figura en en esa norma. Y señalan que, si se avienen a retirar al menos seis nombres de calles propuestos "es porque saben que el proceso seguido hasta ahora no ha sido el correcto".