Panorámica de la terminal de mercancías del Puerto de Alicante en la que se proyecta la planta de almacenaje de combustibles.ALICANTE. Nueva vuelta de tuerca en la respuesta de la administración frente a la propuesta promovida por la empresa XC Business 90 para instalar una planta de almacenaje de combustible en la terminal de mercancías del Puerto. El Ayuntamiento de Alicante opta por negar la mayor respecto a las conclusiones alcanzadas en dos informes previos emitidos por la Generalitat en 2021 con el registro de una nueva solicitud ante al Conselleria de Agua, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio para que se someta el proyecto al trámite de evaluación ambiental que en esos dictámenes previos, evacuados por la anterior Conselleria de Transición Ecológica y por la Abogacía de la Generalitat, no se consideraba preceptivo desde el punto de vista legal por la fecha en la que se inició la solicitud de licencia para los depósitos: el año 2013.
Así lo ha confirmado la edil de Urbanismo, Rocío Gómez, en el transcurso del pleno ordinario de febrero, celebrado este jueves, en respuesta a la pregunta formulada por la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, en el transcurso de la sesión plenaria del mes de enero, por la que conminó al equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), a reclamar al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, medidas para impedir el desarrollo del proyecto. En esta línea, Gómez ha señalado que "la postura del presidente es la misma que la nuestra" para insistir en el rechazo a la instalación de la planta de almacenaje de carburantes. Así, ha asegurado que "hemos remitido a la conselleria un informe en el que señalamos que sí consideramos necesaria la evaluación de impacto ambiental".
Además, según ha incidido, prueba de esa oposición al proyecto también sería el hecho de que se haya dictado "un decreto de suspensión del expediente" para que no corran los plazos de tramitación de la licencia de obra solicitada por la compañía hasta que se produzca el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) respecto al recurso presentado por XC Business frente a la sentencia de primera instancia por la que se denegó la concesión de licencia de obra por silencio administrativo. Según Gómez, se trata de "dos actos que dejan clara cuál es nuestra postura, no nos lavamos las manos", ha sostenido, tras reprochar que el PSOE hubiese formulado esa pregunta después de que "bajo su gobierno se ocultase los dos informes en los que se eximía [al proyecto] de la necesidad de tener que someterse evaluación ambiental".
Con esa nueva petición para que el proyecto se someta al trámite de informe ambiental, el equipo de gobierno viene a ganar tiempo para resolver sobre el fondo del expediente, toda vez que la solicitud de licencia cursada por XC Business 90 sigue pendiente de respuesta por el trámite ordinario, sea cual sea el sentido de la sentencia que acabe dictando el alto tribunal autonómico.
Además, ese fallo también puede quedar sujeto a un posible recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) por parte de la empresa o del Ayuntamiento, en el supuesto de que se considere que el sentido de esa resolución no se ajuste a sus respectivos intereses. Todo, además, a la espera de que se concrete si la iniciativa empresarial se ajusta a los requisitos legales establecidos en materia de prevención de emergencias, para el que la empresa ya ha registrado su plan de seguridad.
Con todo, la respuesta facilitada por Gómez no ha sido el único momento en el que se ha tratado sobre el proyecto de los depósitos en el transcurso del pleno. La propuesta ha vuelto a centrar el debate a colación de la declaración institucional promovida por Compromís por la que se planteaba "instar a la Generalitat Valenciana y al Gobierno de España a mostrar su rechazo a la instalación de macrodepósitos de combustible en el Puerto y a buscar los mecanismos legales para impedir su instalación", que ha quedado aprobada con el respaldo unánime de la corporación.
Eso sí, al fijar posiciones, se han reiterado las críticas que se han venido poniendo de manifiesto hasta ahora respecto a la postura del PP que, según ha incidido el portavoz de la coalición valencianista, Rafa Mas, podría estar preparando el terreno para aceptar su instalación. La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, por su parte, ha mostrado su sorpresa por el hecho de que se haya presentado esta declaración por parte de los partidos progresistas cuando fue el Gobierno de Pedro Sánchez el que recurrió ante el Tribunal Constitucional (TC) la modificación de la Lotup acordada por el Consell en la que se fijaba la distancia mínima de 1.000 metros respecto a núcleo habitado para la instalación de depósitos similares. Un recurso que acabó derogando ese cambio normativo por invasión de competencias estatales.
Además, en ese punto del debate, tanto la edil de Urbanismo como el mismo Barcala han insistido en que la postura del ayuntamiento sigue siendo contraria a la instalación de esos depósitos. Y que también es esa la posición de la Generalitat, según han defendido, aunque han reiterado que el futuro del proyecto sigue condicionado a la resolución del proceso judicial en el que se encuentra inmerso. Sea como fuere, Barcala ha vuelto a expresar, de nuevo, la posición de rechazo del PP respecto a la planta de carburantes "por enésima vez" tras acusar a los grupos progresistas de tratar de causar alarma al comparar las condiciones del Puerto de Alicante con las del Puerto de Beirut, en el que se produjo el estallido de depósitos de nitrato de amonio en 2020.
Durante la sesión plenaria también se ha debatido sobre otros asuntos. Estos han sido algunos de los principales entre ellos.
