Por partes. Los representantes de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem han defendido la propuesta al incidir en la situación de deterioro que, a su juicio, persiste en los centros públicos de la ciudad, con situaciones como la falta de mantenimiento de los ascensores, las averías en el servicio de climatización, la presencia cornisas enmalladas para evitar caídas de cascotes, las deficiencias en el servicio de limpieza de centros o la existencia de pistas deportivas deterioradas, entre otros puntos. Así lo han señalado el edil socialista Emilio Ruiz, el portavoz de la coalición valencianista, Rafa Mas, y su homólogo de EU Podem, Manolo Copé.
De igual modo, los tres han recriminado a la edil de Educación, Mari Carmen de España, que no se haya presentado todavía el Plan de Infraestructuras 2023-2027 que se ha anunciado de forma reiterada hasta ahora, después de que la propia representante del PP apuntase, en el pleno del pasado septiembre, que se había iniciado una campaña de visitas a los centros para evaluar sus posibilidades.
Además, Copé ha lamentado que no se haya permitido intervenir en el pleno a la Federación Local de AMPAS Enric Valor, que ya ha puesto de manifiesto las deficiencias constatadas en los centros educativos públicos de la ciudad, al no haberse admitido a tiempo su inscripción en el Registro de Entidades Municipales establecido como requisito previo. Al respecto, el alcalde, Luis Barcala, ha asegurado que la propuesta de intervención había quedado descartada por la Secretaría General del Pleno al concluir que no cumplía las condiciones, "sin que exista ninguna conspiración".
Por Vox, su portavoz adjunto, Mario Ortolá, ha compartido el análisis de los tres partidos del eje progresista respecto a la situación de los centros educativos públicos. "Parece mentira que con el presupuesto de este Ayuntamiento, tengamos los colegios en el estado en el que están", ha argumentado, por lo que se ha dirigido al equipo de gobierno para conminarles a ponerse las pilas. No obstante, ha considerado que Vox no podía respaldar la propuesta al no compartir los acuerdos propuestos, tras señalar que se planteaba crear una comisión en la que se incluyese a representantes sindicales y a federaciones de padres que no están inscritas en el registro oficial, sin que se incorporase, por ejemplo, a representantes de la empresa concesionaria del servicio de limpieza.
La edil de Educación, Mari Carmen de España, ha insistido en que el plan de infraestructuras se está elaborando y que en 2023 se solicitaron más de 5.079 peticiones de intervención en los colegios y que se atendieron más de 4.000 de ellas. El resto, según ha señalado, "están abiertas" a la espera de su resolución. En el último año, se ha resuelto más de 600 peticiones de actuaciones mientras que cerca de otras 400 siguen abiertas a la espera de su estudio y necesidad. Así, ha argumentado que se ha intervenido tanto en cuestiones de albañilería, como pintura, como en fontanería o mantenimiento de servicios. En todo caso, ha incidido en que se debe seguir invirtiendo en la mejora de los centros y ha asegurado que "se ha mejorado la coordinación entre las concejalías de Educación e Infraestructuras y los propios centros para atender sus necesidades".
En la réplica, Copé ha insistido en las deficiencias pendientes de resolución en varios centros concretos. Mas ha lamentado que Vox se escude en la propuesta de participación de los sindicatos en la comisión planteada y ha acusado a De España de no solventar los problemas heredados bajo la etapa de su predecesora, Julia Llopis, "a la que el señor Barcala tuvo que echar y acabó recalando en Vox". Ortolá ha vuelto a incidir en que se plantee la incorporación de la FLAMPA Enric valor en la comisión propuesta por la izquierda, pero no a otras AMPA. Y Ruiz ha señalado que los datos aportados por De España no implica que se haya resuelto actuaciones cruciales de los centros. "Cambiar una bombilla ya cuenta como una actuación, así que no me hable de 5.000 actuaciones", ha enfatizado.
Por último, De España ha insistido en que "a nosotros nos preocupa trabajar y resolver las necesidades de los centros" y ha señalado que "el estudio de necesidades de la FLAMPA" a la que ha aludido Copé "no tiene ninguna credibilidad". "Así se lo señalé en la reunión que mantuvo con los representantes de la federación provincial con la que me reuní", ha añadido. Por último, ha señalado que "ustedes no nos pueden recriminar que no se haya invertido en educación pública porque ustedes cuando gobernaron se dedicaron a beneficiar a Escola Valenciana", ha concluido.
El PP y la izquierda, contra la comisión sobre seguridad reclamada por Vox
El pleno también ha rechazado la moción registrada por Vox para que se crease una comisión dedicada al análisis y evaluación de la situación de la plantilla, vehículos, equipos e instalaciones de los servicios de seguridad del Ayuntamiento de Alicante que, según ha argumentado el portavoz adjunto del partido de Santiago Abascal, se encuentra mermada por el deterioro existente en los coches de la Policía Local, entre otros elementos. "Tenemos dudas incluso de que hayan pasado la ITV", ha enfatizado.
En el turno de intervenciones, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha anticipado su rechazo a la propuesta al considerar que la composición planteada por Vox para esa comisión solo incluye a políticos y no a jefes de servicio, por ejemplo. Su homólogo de Compromís, Rafa Mas, ha cargado, en primer lugar, contra Vox por haber secundado tres presupuestos municipales durante el pasado mandato y haber pactado también el de 2024 con el PP sin haber exigido la puesta en marcha de mejoras en esos recursos, después de aludir a las peticiones de dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, formuladas por Alberto Núñez Feijóo respeto a los medios de los que dispone la Guardia Civil para luchar contra el narcotráfico. Además, ha recriminado al PP y al edil de Seguridad, Julio Calero, que se anuncie la compra de vehículos que no llegan o que, según ha apuntado, se guardan "para estrenarlos en las procesiones de Semana Santa", según ha ironizado. Por el PSOE, su portavoz, Ana Barceló, también ha reprochado a Vox el respaldo a los presupuestos del PP y ha considerado que esta iniciativa solo trata de "blanquear" su apoyo al equipo de gobierno. Así, ha considerado que Vox es "cómplice" de la situación en la que se encuentra la Policía Local y ha señalado que "ya no se habla de la Policía de Barrio, mientras el señor Barrera se pasea por la Zona Norte denunciando la falta de seguridad".
Por el equipo de gobierno, Calero ha señalado que, desde el principio de este mandato, se ha promovido distintas compras de material para mejorar los recursos de la Policía Local, al mencionar la adquisición de armas, de chalecos, de motocicletas, de cascos y equipos de seguridad. "Las motocicletas saldrán a la calle en los próximos días, no estamos esperando a la Semana Santa", ha señalado, para apuntar que "desconozco si no han salido ya por cuestiones relacionadas con el seguro". Además, ha apuntado que se ha iniciado el nuevo concurso para la adquisición de nuevos furgones de Policía Local, después de que el primer proceso haya quedado desierto por falta de licitadores. Y ha asegurado que se está reparando los vehículos que han sufrido daños o averías. Y, además, ha agradecido el interés de Vox y su respaldo a los presupuestos que permiten atender esas mejoras.
En la réplica, tanto Mas como Ortolá han reprochado que Calero "haya repetido" los mismos datos que ya ha manifestado en otras ocasiones. Ortolá ha insistido, además, que los responsables de ejecutar el presupuesto son los ediles del equipo de gobierno. Y Barceló ha incidido en que el PP "lleva gobernando ya casi seis años" sin que se haya atendido esas necesidades en recursos sobre la seguridad y ha insistido en la responsabilidad compartida por Vox por haber respaldado su presupuesto. Calero ha zanjado el debate para señalar que "no paramos de trabajar para sacar adelante nuestros proyectos" entre los que ha mencionado el nuevo concurso por la adquisición de esos vehículos.
Así, en el turno de votaciones, la moción de Vox solo ha sumado los votos de sus cuatro representantes y ha quedado rechazada por 25 votos: los de PP, PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem.
Atención a las necesidades de vivienda
Al margen de la situación de la educación pública y de los recursos disponibles para los servicios de seguridad, en la sesión plenaria de este jueves también se ha debatido sobre la respuesta municipal para atender a las familias en situación de vulnerabilidad que requieren de soluciones habitacionales al estar expuestas a situaciones de desahucio. El debate se ha propiciado a partir de la solicitud de comparecencia de la edil de Bienestar Social, Begoña León, solicitada por el grupo municipal del PSOE con el fin de que pudiese explicar qué tipo de medidas estaba facilitando el equipo de gobierno para atender las necesidades de esos ciudadanos, a pesar de que existirían viviendas del parque público municipal desocupadas, según ha expuesto la edil socialista Silvia Castell, al justificar la solicitud de comparecencia. En esta línea, ha insistido en que, con esa iniciativa, se trataba de que se explicase qué decisiones concretas se estaban adoptando para atender a las familias que están en una lista de espera.
En parecidos términos se han expresado los portavoces de Esquerra Unida Podem y Compromís, Manolo Copé y Rafa Mas, quienes han incidido en la necesidad de afrontar el debate alejado de partidismos ante la existencia de un problema que se estaría agravando por el aumento de los índices de pobreza, según ha recalcado Copé. Mas, por su parte, ha subrayado la devolución de ayudas sociales concedidas por la Generalitat durante el pasado mandato o en la baja ejecución presupuestaria del Ayuntamiento.
La portavoz municipal de Vox, Carmen Robledillo, sin embargo, ha recriminado al PSOE que haya planteado la petición de comparecencia tras criticar que, durante el pasado mandato, no se hubiese construido ninguna vivienda social en la ciudad, además del retraso en la resolución de las ayudas a la dependencia, según ha sostenido.
La edil de Bienestar Social, Begoña León, durante su comparecencia en el pleno.
La edil de Bienestar Social, Begoña León, ha iniciado su comparecencia reprochando a las formaciones progresistas el interés manifestado ahora, cuando, según ha señalado, no se preocuparon durante la pasada legislatura autonómica, bajo el mandato del Consell del Botànic. Además, ha señalado que las competencias sobre la atención para procurar una solución habitacional a las personas vulnerables corresponden a la Entidad Valenciana de Vivienda (EVha) "con la regulación que aprobaron ustedes".
De igual modo, ha defendido, con una extensa batería de datos, la gestión desarrollada por el ayuntamiento y los técnicos municipales de su departamento que, en la actualidad, "no hay ningún informe municipal" sobre vulnerabilidad pendiente de firma. Además, también ha subrayado que las viviendas municipales disponibles están ocupadas y que se sigue analizando las situaciones de emergencia de todas las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y no únicamente a una.
En este sentido, ha insistido en que las competencias en materia de vivienda corresponden a la administración autonómica y ha señalado que "en los últimos ocho años no se construyó ninguna vivienda social en Alicante". "Me piden a mí la responsabilidad que ustedes no han cumplido en ocho años", ha incidido. Además, también ha ofrecido datos sobre el desembolso que habría supuesto para el Ayuntamiento de Alicante la necesidad de buscar alojamiento a personas en situación de emergencia en hostales de la ciudad al precisar que se destinó a ese fin la cantidad de 1.189.590 euros. Y ha señalado que la plantilla municipal de su departamento, formada por 640 personas, "trabaja sin descanso" para atender a las personas que presentan necesidades.
Durante la sesión plenaria también se ha debatido sobre otros asuntos. Estos han sido algunos de los principales entre ellos.
Operarios municipales en el acceso al Colegio Lucentum de Alicante.
