El equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), por su parte, se ha decantado por la abstención, sin llegar a desvelar si se iba a tantear o no esa posible adquisición, toda vez que la iniciativa política aprobada por el conjunto de la izquierda y Vox no tiene en sentido estricto ningún valor ejecutivo que conlleve su cumplimiento obligatorio. Por lo pronto, la edil de Urbanismo, Rocío Gómez, ha asegurado -al exponer la posición del PP- que el Ayuntamiento de Alicante ya dispone de recursos en Benalúa Sur para poner en marcha dotaciones públicas como las reivindicadas por los grupos del eje progresista y por el colectivo que agrupa a los residentes del barrio: la Asociación El Templete de Benalúa.
En concreto, partidos políticos y vecinos habían planteado que el edificio pasase a ser un bien municipal con el propósito de que se rehabilitase para dar cabida al centro social comunitario comprometido desde hace más de 20 años, así como otros equipamientos como una biblioteca o un salón para la celebración de eventos, por ejemplo. En ese argumento no solo ha coincidido el PSOE, a través de su edil Emilio Ruiz, sino que también lo ha secundado el portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá. Eso sí, no sin antes advertir de las limitaciones a las que se encuentra toda administración pública a la hora de abordar la adquisición de patrimonio, entre las que figurarían la necesidad de ajustarse a informes de tasación.
No obstante, Gómez ha mostrado su sorpresa por el hecho de que la izquierda trate de "buscarle un comprador al Obispado" y ha señalado que "nos consta que existe varios posibles compradores" sobre el edificio que, según ha señalado, "son interesantes para el barrio", aunque no ha llegado a precisar mayor información sobre esos posibles inversores ni el destino que podrían darle al inmueble. En todo caso, ha incidido en que el ayuntamiento ya dispone de "espacios de calidad" en ese ámbito "y estamos trabajando en ello; disponemos de espacios que trataremos de acondicionar para cumplir esos objetivos, compromiso con todas las asociaciones del barrio", ha enfatizado, con lo que habría disipado el posible interés del equipo de gobierno en tantear la posible adquisición del antiguo asilo.
Otra ruptura sobre el Día de la Mujer
Sea como fuere, la declaración sobre el Asilo de Benalúa no ha sido la única que se ha debatido en el transcurso del pleno. Entre todas ellas, de nuevo, se ha reproducido la fractura política que viene registrándose desde el pasado mandato respecto a las iniciativas políticas promovidas por las dos bancadas de la corporación con motivo de la celebración del 8 de marzo. Una vez más, a la sesión se ha llegado con el registro de dos declaraciones institucionales distintas: una conjunta promovida por PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem, con la que se pretendía aterrizar la situación de la igualdad en la ciudad, y otra presentada por el equipo de gobierno, del PP, bajo el marco de la propuesta modelo planteada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).
No obstante, tras un enconado debate -en el que los grupos progresistas han vuelto a reivindicar la necesidad de que se recupere la Concejalía de Igualdad, así como la petición de que se deroguen las multas a mujeres explotadas sexualmente previstas en la ordenanza de convivencia cívica, y en la que el PP y Vox han recurrido a las rebajas de penas de condenados por agresiones sexuales que habría conllevado la Ley del Solo sí es Sí- ninguna de las dos ha llegado a prosperar. Una vez más, como ha sucedido en los últimos años, las tres formaciones del eje progresista han respaldado su iniciativa, que ha contado con el rechazo de PP y Vox, mientras que Vox también ha votado en contra de la propuesta de los populares.
Los ediles de la corporación de Alicante, en un momento del pleno.
Sí ha prosperado la primera de las declaraciones institucionales registrada por el PP por la que se planteaba expresar el apoyo del Ayuntamiento de Alicante a la proposición de Ley Orgánica contra la okupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios planteada por el PP en el Congreso. En este caso, sí se ha reproducido la comunión de intereses políticos entre los populares y Vox, frente a los 11 votos en contra de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem, después de que los representantes del eje progresista hayan considerado que, en realidad, esa proposición de Ley plantea que se actúe ante un delito que ya existe, en alusión al allanamiento de morada.
Por su parte, el edil de Seguridad, Julio Calero, ha defendido la necesidad de esa proposición de Ley al incidir en que la okupación ilegal constituye un delito específico cometido por grupos organizados, sin que tenga ninguna relación con las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
También ha quedado aprobada una segunda declaración institucional promovida por el PP por la que se planteaba instar al Gobierno central a que adopte "una implementación eficaz de la Ley de Cadena Alimentaria, la protección contra la competencia desleal y adopte soluciones inmediatas y efectivas para la crisis hídrica". La propuesta ha prosperado después de que se haya admitido la enmienda de adición presentada por el PSOE, con la suma de los votos de populares y socialistas y la abstención del resto de grupos políticos.
Mejoras en el transporte en Villafranqueza y en el mercadillo de Teulada
El mismo desenlace de aprobación se ha producido respecto a la propuesta formulada por el PSOE por la que se reclamaba que se instase a la Generalitat para que se mejore la conectividad en el servicio de transporte entre Villafranqueza y la Universidad de Alicante o el Hospital de San Juan. La propuesta ha quedado aprobada por unanimidad, después de que el edil de Movilidad, Carlos de Juan, haya avanzado que ya se se había mantenido distintas reuniones en coordinación con la Generalitat para reconfigurar líneas y mejorar las opciones que ya existen ahora, como la posibilidad del trasbordo gratuito entre líneas.
De igual modo, se ha aprobado -igualmente, por unanimidad- la declaración institucional registrada por Vox por la que reclama la puesta en marcha de mejoras en el funcionamiento del mercadillo de Teulada en aspectos concretos como la limpieza, el asfaltado, la seguridad, la frecuencia del transporte de autobús, la puesta en marcha de un bar y la dotación de baños públicos. Los representantes del conjunto de los grupos políticos han coincidido en la necesidad de implementar esos servicios, aunque la edil de Comercio, Lidia López, ha defendido que ya se estaba trabajando en gran parte de esas líneas de actuación.
No ha prosperado, sin embargo, la segunda propuesta presentada por Vox para mostrar el rechazo del pleno del Ayuntamiento al Pacto Verde Europeo y a la Agenda 2030, y la solicitud de las medidas específicas que detalla al Gobierno de España y a la Generalitat Valenciana. Todo, después de que se haya reproducido un nuevo cruce de reproches por parte de los representantes del eje progresista respecto al negacionismo del cambio climático atribuido a Vox, así como su supuesta influencia en las actuaciones desarrolladas por el equipo de gobierno, como la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) sin restricciones. En el turno de votación, la iniciativa se ha desestimado al sumar solo los 4 votos de los ediles de Vox, frente al rechazo de los restantes 25 concejales, después de que el PP haya planteado una propuesta de enmienda, no aceptada por el resto de formaciones políticas.
Sin mesa antidesahucios y sin año Estellés
Además, el problema de la vivienda y el desenlace de varios procesos de desahucios registrados en la ciudad en las últimas semanas -que ya había sido debatido con anterioridad en el transcurso del pleno, con motivo de la comparecencia de la edil de Bienestar Social, Begoña León, solicitada por el PSOE-, también se ha debatido una propuesta de declaración institucional registrada por Compromís en la que se proponía crear y convocar la Mesa Antidesahucios, "como mecanismo para abordar la situación de vulnerabilidad y exclusión social de parte de la ciudadanía en el ámbito de la vivienda en Alicante". No obstante, la propuesta ha quedado rechazada con los votos de PP y Vox (18) frente a los 11 votos a favor de PSOE (8), Compromís (2) y Esquerra Unida Podem (1).
En el cruce de intervenciones, la edil socialista Silvia Castell, ha abundado en "el drama de los desahucios" al destacar que, al contrario de lo que se argumenta desde los partidos del centro-derecha, no se producen como consecuencia de impagos, sino por el rechazo de fondos de inversión propietarios de viviendas a prorrogar los alquileres o por su intención de doblar el importe de sus rentas. Por su parte, el edil de Vivienda, Carlos de Juan, ha subrayado que ya existe una mesa antidesahucios de carácter autonómico creada bajo el mandato del Consell del Botànic y ha incidido en que existe una lista de espera de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que son los técnicos de la Concejalía de Bienestar Social los que determinan los casos prioritarios para que pueda concederse una solución habitacional con los recursos de los que se dispone.
La penúltima de las declaraciones institucionales debatidas en la sesión, registrada por Esquerra Unida Podem para instar al equipo de gobierno "a elaborar un Reglamento de la Banda Sinfónica Municipal, a recuperar la plantilla que tenía en el año 2010 y a la dotación adecuada de partidas presupuestarias específicas imprescindibles para su funcionamiento". El portavoz de la confluencia, Manolo Copé, ha incidido en que la banda estaría perdiendo efectivos a pesar del acuerdo adoptado en 2018 en el que ya se comprometía la cobertura de todas sus plazas.
Tanto el edil de Recursos Humanos, Julio Calero, como el alcalde, Luis Barcala, han señalado que ya se está trabajando en la cobertura de las plazas vacantes con la mayor rapidez posible y que se está preparando la redacción de la reglamentación de las distintas necesidades de la plantilla municipal, sin que resulte necesario crear una comisión específica para redactar un reglamento concreto. Eso sí, en último término, la iniciativa ha quedado rechazada con los 14 votos en contra del PP y la abstención de Vox, frente a los 11 votos a favor de PSOE, Compromís y del grupo proponente.
El pleno tampoco ha respaldado la segunda de las iniciativas promovidas por Esquerra Unida Podem para que se declare el año 2024 como año Estellés en la ciudad de Alicante con motivo del centenario del nacimiento del escritor. La propuesta ha quedado desestimada con los votos de PP y Vox. La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, se ha opuesto a la iniciativa al considerar que se trataba de una propuesta que "sirve a los intereses políticos" de "la izquierda separatista que nos ha contaminado", según ha enfatizado, en la línea en la que su partido ya se posicionó en les Corts.
Por su parte, la edil de Cultura, Nayma Beldjilali, ha reconocido la importancia de la figura de Estellés, aunque se ha cuestionado por qué debería acordarse esa declaración en la ciudad de Alicante cuando el escritor nació en Burjassot y existen otras figuras culturales alicantinas que merecen ese reconocimiento, entre las que ha citado a Eusebio Sempere o Juana Francés, por ejemplo.
En el cierre de la sesión, no se ha llegado a debatir la declaración institucional de urgencia presentada por el PSOE en la que se trataba de instar a la creación de una mesa técnica para que se adapte la regulación de los apartamentos turísticos a la normativa europea. La iniciativa no ha superado el trámite de admisión, al contar con los votos en contra de PP y Vox. Y, por último, antes de dar por terminada la sesión, el primer edil ha anunciado que en los plenos sucesivos será especialmente restrictivo en las intervenciones inapropiadas con contenidos injuriosos que puedan plantearse, a la vista de los términos en los que se ha desarrollado algunas de las alocuciones en el pleno de este jueves.
Durante la sesión plenaria también se ha debatido sobre otros asuntos. Estos han sido algunos de los principales entre ellos.
El edificio del antiguo Asilo de Benalúa, propiedad del Obispado de Orihuela-Alicante. Foto: RAFA MOLINA 
