PP y Vox validan la gestión privada de la zona azul y la grúa en Alicante al defender su ahorro

ALICANTE. El servicio de estacionamiento regulado de Alicante, más conocido como la ORA o la zona azul, y el de retirada, inmovilización y depósito de vehículos mediante grúa seguirán externalizados bajo la gestión de una empresa privada. Así ha quedado ratificado este jueves en el transcurso del pleno ordinario de febrero después de que el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), y Vox hayan respaldado el acuerdo por el que se opta por mantener ese modelo de prestación concesionada tras el vencimiento del contrato actual, en mayo de este año.

La propuesta de acuerdo, que ya quedó dictaminada favorablemente con el mismo equilibrio de votos en la comisión informativa de Servicios, este lunes, se fundamentaba en el informe encomendado a Broseta e Ingartek por el que se concluía que ese modelo de gestión suponía un menor coste para el Ayuntamiento al no tener que asumir gastos de plantilla ni quedar expuesto al riesgo operacional que se transfiere a la futura empresa concesionaria que resulte seleccionada en el momento en el que se convoque un nuevo proceso de licitación.

Así lo ha defendido el edil de Movilidad, Carlos de Juan, al incidir en los argumentos económicos expuestos en esos informes técnicos, en los que se considera más ventajoso el modelo de gestión indirecta frente a la gestión directa, que -según ha recalcado- requeriría que se tramitase un expediente de remunicipalización.

En el turno de intervenciones, el portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha abogado por rechazar la propuesta y que, en su lugar, se opte por el rescate del servicio bajo la gestión directa del ayuntamiento "para fortalecer los servicios públicos" al tratarse de "un servicio estructural". Así, ha lamentado que no se haya solicitado informes adicionales para poder comparar con los modelos públicos que sí se han implantado en ciudades del tamaño similar al de Alicante, en lugar de que se haya analizado situaciones como las de Lepe o Don Benito. 

Su homólogo de Compromís, Rafa Mas, ha criticado que se siga optando por derivar la gestión municipal a empresas privadas "a las que luego no se controla". "El concejal de Movilidad alude a la existencia de un riesgo en el caso de que se opte por una gestión directa; un riesgo de que ustedes tengan que trabajar, en lugar de derivarlo todo a empresas externas", ha asegurado. Además, ha recriminado el retraso en el planteamiento del debate sobre la propuesta al señalar que "la comisión técnica creada para abordar esta cuestión se constituyó hace tres meses".

El edil de Vox, Juan Utrera, por su parte, ha justificado el respaldo de su partido al incidir, como De Juan, en que los informes señalan que "la opción más viable es la gestión indirecta". Además, ha incidido en que los propios técnicos de Movilidad ya explicaron en la comisión del viernes que los informes se habían guiado con los datos previos a la pandemia, de 2019, al señalar que desde entonces se han producido varios cambios en el comportamiento de la ciudadanía a la hora de organizar sus desplazamientos por lo que tendrían plena vigencia frente a la situación actual. 

La portavoz del PSOE, Ana Barceló, como Mas, también ha criticado el retraso en la tramitación de la propuesta, al señalar que se deberá adoptar una nueva prórroga en la medida en que no podrá adjudicarse el nuevo servicio hasta septiembre. Además, ha considerado que "se ha perdido una oportunidad para abrir un debate más allá del servicio de la zona azul para analizar el futuro de la movilidad en la ciudad". "Hemos dispuesto de mucho tiempo para poder presentar un nuevo procedimiento y un nuevo estudio algo más serio del que hemos recibido por parte del equipo de gobierno", ha insistido. Así ha sugerido que podía haberse buscado una fórmula para que se hubiese optado por una empresa pública o una empresa mixta. 

De igual modo, Barceló ha insistido en que los estudios económicos encargados por el PP generan muchas dudas. "Nos es difícil tomar una decisión porque han facilitado datos que no son comprensibles para la elaboración de los informes técnicos", ha señalado, en los que, según ha insistido, se ha contado con datos de 2019 respecto al servicio de grúa, a pesar de que en el presupuesto de 2024 se prevé un incremento del 20% en la recaudación por ese servicio. Además, ha insistido en que no se haya comparado el servicio de Alicante con el de otras ciudades similares y se haya optado por otras de menor censo demográfico y que, además, disponían de una situación económica diferente a la de Alicante.

Para cerrar el debate, De Juan ha replicado que en València se mantuvo este servicio externalizado bajo el gobierno de los partidos de la izquierda durante los ocho años precedentes, a pesar de que se dispone de una empresa pública de transportes: la EMT. Además, ha rechazado que la propuesta debatida en este pleno sirva para justificar una nueva prórroga sobre la prestación actual, en manos de Pavapark y la Corporación Vectalia, y ha señalado que los estudios referidos a municipios como Lepe o Don Benito únicamente se refieren a cuestiones "técnico-administrativas".

En el turno de la votación, la propuesta ha quedado aprobada por 18 votos (los de PP y Vox), la abstención del PSOE (8 ediles) y el voto en contra de Compromís y Esquerra Unida Podem. El acuerdo ha prosperado después de que se haya producido la intervención de un representante de la Asociación de Vecinos de El Pla en la que ha expresado su rechazo a la implantación del servicio al considerar que no es útil para fomentar la rotación de vehículos, que margina a quienes no pueden abonar los precios de estacionamiento y que, además, conlleva el doble pago por el estacionamiento en la vía pública: primero, a través del impuesto de circulación, y segundo, con la expedición de tickets que supone ese sistema. Así, ha conminado al equipo de gobierno a rechazar la renovación del servicio para ajustarse al compromiso de rebaja fiscal defendido por el PP.

Con carácter previo, en la sesión se ha ratificado el nombramiento de las ediles de Fiestas y Cultura, Cristina Cutanda y Nayma Beldjilali, como síndicas municipales en el procedimiento de apertura de la hornacina en la que se custodia la reliquia de la Santa Faz durante la celebración de la romería. De igual modo, también se ha aprobado, en este caso, por unanimidad, la resolución de alegaciones y aprobación provisional de la modificación puntual nº 2 del Plan Especial de reserva de suelo dotacional de la Universidad de Alicante (UA) con la que se produce un ajuste sobre las alturas máximas previstas para los edificios que se construyan en el Parque Científico. 

El modelo de gestión de la zona azul y del servicio de grúa no ha sido el único objeto de debate en la sesión. Estos han sido el resto de puntos esenciales que han protagonizado el pleno.