Uno de los expendedores de tiquets del servicio de estacionamiento controlado de Alicante.ALICANTE. La explotación del servicio de estacionamiento controlado de Alicante, más conocido como la ORA o la zona azul, llega a su fin. La duración de la contrata (que también incluye la inmovilización y retirada de vehículos mediante grúa) adjudicada en 2013 a una UTE compuesta por Pavapark y Corporación Vectalia, quedará agotada el próximo 22 de mayo tras consumir los diez años de vigencia inicial, más dos prórrogas de un año cada una, que quedaron extendidos en 204 días adicionales en octubre de 2023 en compensación por el periodo en el que el servicio quedó suspendido con motivo de la crisis del coronavirus.
La inminente caducidad de ese contrato es la que ha llevado ahora al equipo de gobierno, del Partido Popular (PP) a abordar la planificación del futuro del servicio. Y lo hace con una propuesta con la que aboga por mantener el modelo actual de gestión externalizada sobre la base de las conclusiones de un informe en el que se concluye que ese sistema es el que procura un menor coste público.
En concreto, ese análisis económico, encomendado a Broseta e Ingartek, apunta que la opción de la gestión directa conllevaría, entre otros puntos, que el Ayuntamiento tuviese que asumir los costes de personal, incorporando su antigüedad, en el supuesto de que se produjese la subrogación de la plantilla actual. Además, dicho dictamen señala que la gestión indirecta "deriva ciertos riesgos operacionales (aumento del absentismo, sobrecostes en mantenimiento…)" a la empresa que pueda resultar adjudicataria del servicio "y que no tendría que asumir el ayuntamiento".
Es más, el estudio también analiza la posibilidad de que pudiese optarse por crear una empresa pública a la que se le encomendase la prestación para llegar a la misma conclusión: que su funcionamiento conllevaría mayor gasto que la gestión indirecta. "Una empresa pública de gestión directa, al asemejarse en su estructura a una empresa privada, conduce a equiparar sus costes. Sin embargo, para alcanzar la economía de escala de una empresa privada, necesita alcanzar un nivel de negocio, que en ciudades de mediano tamaño no es posible", reseña el informe.
El análisis posterior elaborado por los técnicos de la Concejalía de Tráfico también apuesta por el modelo de gestión indirecta tras comparar eficiencia, medios técnicos y costes. Y en esa misma dirección se pronuncian tanto el servicio de Asesoría Jurídica, como el área de Economía y Hacienda en sus respectivos informes. De ahí que se prevea elevar la propuesta de acuerdo sobre la elección de esa fórmula de prestación externalizada a la comisión de Servicios convocada para este próximo lunes, con la previsión de que pueda ser elevada a la consideración del pleno ordinario de febrero, este próximo jueves.
En el caso de que la propuesta prospere, como parece probable, el departamento de Movilidad que coordina el edil Carlos de Juan deberá concretar la elaboración de los pliegos para sacar el servicio a licitación, en un proceso idéntico al seguido durante el pasado mandato para la contratación del servicio de transporte público en autobús, ahora ya adjudicado a la UTE Movilidad Inteligente de Alicante (MIA), del Grupo Vectalia.
De hecho, fuentes consultadas precisaron que ya se han iniciado preparativos para la redacción de las bases de ese nuevo concurso, para el que se estima una duración similar a la del contrato actual, de ocho años más dos posibles prórrogas. No obstante, todavía se debe completar estudios para concretar aspectos clave como los requisitos a incorporar en la prestación y su presupuesto.
Para ello, se cuenta con la referencia del servicio actual, que ha supuesto un precio de poco más de 29 millones: 8.373.486 euros por el servicio de estacionamiento y 18.738.913 por la retirada y depósito, además de los 607.196 y los 1.358.837 acordados con motivo de la compensación tras su suspensión durante la crisis sanitaria de la covid.
Al margen de ello, también se prevé acompasar ese nuevo pliego con la adaptación de ordenanza reguladora del funcionamiento del servicio y con su ordenanza fiscal para concretar condiciones, prohibiciones, vehículos autorizados para su uso y las tasas a abonar por cada tipo de ellos.
