Hay una especie de moderada satisfacción, o satisfacción contenida en el Gobierno valenciano, o al menos, en una parte de él, con el regreso a la Comunitat de las entidades bancarias a raíz de la crisis de Cataluña. Considera el Consell, que más allá de que se trata de una decisión accidental y que prolongará durante un tiempo, con la elección de La Caixa, en València, y de Banc Sabadell, en Alicante, la Comunitat Valenciana gana un intangible como es la reputación. A ello se une el anzuelo que ha prometido Cristóbal Montoro, de que habrá una mejora del sistema de financiación autonómica, para ahuyentar, más si cabe, otras fantasmas como el catalán. Todo pinta bien para la Generalitat, aunque tiene posibilidades de empeorar, si el PNV se sube al barco catalán y también tira de la madeja. Pero de momento, a Ximo le conviene el status quo, si se confirma que saca tajada.
La de la reputación económica ya es un mantra del sector posibilista del Consell del Botànic. Allí donde van, lo exhiben como un triunfo, pese a ser una situación sobrevenida. Lo consideran con un espaldarazo, que aporta más estabilidad si cabe al actual Gobierno valenciano, pese a que Podemos lo zarandee con la tasa turística, que los socialistas no quieren ni por asomo.
El siguiente paso sería cerrar el círculo de la financiación autonómica, que Montoro ofrece, ahora con más intensidad, pese a las aristas que ofrece el problema. Pero ese acuerdo tiene fecha de caducidad, junio de 2018, si las cosas discurren con esta anormalidad que se encuentra el país en la actualidad. Hasta esa fecha, siempre que no el tema catalán no vaya a mayores -es toda una caja de sorpresas-, el Gobierno de Rajoy podrá andar con manos libres y el apoyo parlamentario de Ciudadanos. En el momento que el PNV le retire el respaldo parlamentario, como ya ha sucedido -y que la crisis catalana ha alejado todavía más-, Rajoy se verá en la necesidad de convocar elecciones, si no lo tiene que hacer antes acelerando el artículo 155. Es decir, en estos momentos, al Consell le conviene que los tiempos se dilaten y que la urgencia la ponga el Gobierno de PP por querer cerrar un acuerdo con el fin de sofocar otras rebeliones autonómicas. Sólo de esta manera podrá sacar tajada, mostrarse como un Gobierno que ofrece lealtad, a diferencia de lo que pasa en Cataluña, y al mismo tiempo, taponar la nueva dialéctica del PP, y también de Ciudadanos, de que en el Palau de la Generalitat habitan radicales, independentistas, cupaires y toda índole de adoctrinadores de izquierdas -tras 20 años de gobiernos de mayoría absoluta del PP-.
Es decir, en estos momentos, Ximo Puig está en modo Rajoy: fumando un puro, mientras ve como algunos de los que salen corriendo de Cataluña eligen la Comunitat, lo cual le permite mostrar normalidad, y esperando a que las prisas de Montoro le den una buena oportunidad para decir que ha solventado uno de los problemas estructurales de los valencianos, que hay solución para el tema dels cacaus. Todo puede salir como desea, o todo puede saltar por los aires en cualquier momento. El hecho de que Carles Puigdemont no tenga más aspiraciones que salir detenido de la Plaça de Sant Jaume lo puede dinamitar todo, y en cualquier momento.
En Alicante, y con el problema de la imputación del alcalde, Gabriel Echávarri, ha adoptado la misma posición: mientras no haya un auto que ponga contra la cuerdas a Echávarri, Puig no va a mover un dedo. Y Mónica Oltra puede decir misa, si quiere. Puig es zorro viejo, lleva muchos años en político y sabe que las imputaciones de bajo perfil, como el PSPV considera la de Echávarri, puede acabar en nada (o en todo, como la crisis de Cataluña). Miren, el PSPV pudo presidir la Diputación de Alicante, pero el ex alcalde de Benidorm y diputado provincial, Agustín Navarro, estaba (y está imputado) y Ciudadanos puso la raya roja. Puig pudo hacer ese gesto con Ciudadanos, forzando la salida de Navarro, y a cambio, quién sabe, a lo mejor, se hubiera encontrado con la presidencia de la institución provincial de la mano de Cs con tal de humillar un poco más al campismo (a Pepe Císcar), y no lo hizo.
Ahora, con Echávarri, Puig -o el PSPV- va a jugar al status quo. Mientras el tema de Echávarri no vaya a más, no se forzará salida. Se mantiene el status quo. Es más, en el seno del PSPV se tiene la convicción de que el fenómeno de distorsión es el líder de Guanyar, Miguel Ángel Pavón (ya sufrieron de sus polvos con las licencias para el hospitality de la Volvo Ocean Race), y no Echávarri. Los socialistas van a hacer un esfuerzo con Compromís con tal de reconducir la situación, pero vistos que los roces ya se multiplican en otros municipios (Elche, Sant Joan, etc...), todo hace indicar que Echávarri gobernará en solitario, con sus seis concejales, y con una vela a San Nicolás para que la justicia archive sus cuitas judiciales.
Ya lo contó Raúl Navarro, el PSPV juega a dilatar los tiempos. Pues eso. Con o sin razón, quien tenga prisa, que eche a andar. Y le recordarán a Compromís que Joan Ribó tampoco es un bendito. El problema de Echávarri no es la imputación; la imputación es la excusa para pedir su dimisión. El fracaso lo es de todo el tripartito, de las tres formaciones y de sus líderes, incluyendo a Echávarri. Esto no tiene solución, de acuerdo con el statuos quo actual.
Hay que llegar a la cita de las urnas con la mayor decencia posible, y con la moneda al aire de los asuntos judiciales. Todo es preceptivo de empeorar. El archivo sería, como mucho, un alivio. Nunca una mejora. Lo más fácil es echar al entrenador (por no haber fomentado la fraternidad), pero no hay votos suficientes, pero lo normal sería cambiar a todo el equipo entero. Y mientras, manda el status quo.