Ferran Martínez. Foto: CORTS/INMA CABALLERVALÈNCIA. El próximo 15 de enero finaliza el plazo para que los grupos parlamentarios de Les Corts presenten enmiendas a la Ley del Juego de la Comunitat Valenciana. Una norma que el pleno del Consell aprobó el pasado mes de noviembre para renovar la actual normativa que data de 1988 y que ahora afronta la fase final de su tramitación en el Parlamento valenciano.
Este nuevo proyecto de ley pone especial atención en la protección de menores ante el auge de la ludopatía en la autonomía. Una premisa por la que las formaciones quieren prohibir las casas de apuestas cercanas a los colegios. El dilema ahora radica en cuál debería ser la distancia mínima entre los centros escolares y los salones.
Unides Podem, el grupo parlamentario que dirige Naiara Davó, quiere retomar la enmienda que ya presentó en la legislatura pasada para que ningún salón pueda situarse a menos de 1.000 metros de ningún colegio. Sin embargo, la coyuntura en el Parlamento ha cambiado respecto al mandato anterior -ahora Podemos forma parte del Consell- y aunque la pretensión de los morados es establecer un kilómetro de separación, la realidad es que deberán pactarlo con sus socios en el Gobierno valenciano: PSPV y Compromís.
En este sentido, conviene recordar que los socialistas ya anunciaron en una rueda de prensa el pasado 16 de diciembre que su intención era plantear una enmienda para prohibir la instalación de nuevas salas de apuestas a menos de 700 metros de un centro escolar. Por su parte, Compromís todavía no ha hecho pública qué distancia considera óptima, si bien se muestra partidario de que supere los 800 metros.
Con estos mimbres, se aprobase una distancia u otra (700 ó 1.000 metros, o incluso una intermedia), la Comunidad Valenciana pasaría a ser la autonomía con la normativa más restrictiva de toda España en este sentido. Actualmente, este puesto lo ocupa Extremadura, donde la regulación impide la instalación de casas de apuesta a menos de 300 metros de cualquier centro escolar. El Parlamento cántabro se encuentra tramitando una nueva ley para que el margen mínimo sea de 500 metros, si bien todavía esta propuesta no se ha validado.
Las asociaciones de afectados por la ludopatía como Vida Libre o Patim son partidarias de que la separación entre centros escolares y salones de juego sea de un kilómetro.
Una de las cuestiones que deberá resolverse durante el trámite de negociación de enmiendas en Les Corts es qué sucederá con aquellas casas de apuestas que se encuentren a menos distancia de la que establezca la nueva normativa y su licencia caduque una vez se apruebe la Ley del Juego. Es decir, si la cláusula afectará solo a nuevas aperturas o también a los salones ya existentes.
Compromís y Unides Podem sostienen que la ley ya establece que aquellas que obtuvieron la licencia antes de la validación de esta ley, podrán continuar con su actividad hasta que ésta les caduque. Pero una vez venza, si desean renovar la licencia de actividad deberán cumplir lo que dice la nueva normativa; esto es, si se encuentran a una distancia inferior a la que marque la nueva legislación, tendrán que traspasar el local.
Sin embargo, el socialista José Muñoz no fue tan tajante en su rueda de prensa hace unas semanas. Entonces aseguró que deberían estudiar qué sucedería en esos casos. No en vano, esta cláusula llevaría con toda probabilidad a un escenario en el que el Botànic II tendría que indemnizar a numerosos propietarios.
