La otra batalla del Ebro para el Hércules

ALICANTE. Es la otra gran losa que pesa sobre el Hércules y también está indirectamente relacionada con la deuda con la Agencia Tributaria que estos días ahoga al club.

Se trata de los 6,9 millones de euros que le reclama la Comisión Europea a cuenta del aval de 18 millones de euros que recibió su Fundación del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) en 2010, declarado el pasado verano por Bruselas como ayuda de estado que distorsionó la competencia en el mercado común. 

Dicho aval público sirvió para que la Fundación del Hércules obtuviera el préstamo de también 18 millones de euros que se suponía que iba a permitir poner a cero la deuda del club con Hacienda y la Tesorería General de la Seguridad Social, pero que no lo hizo: el Hércules ha reconocido que, de esa suma ingresada por la vía de una ampliación de capital, se destinó solo el 40% a cancelar lo que se adeudaba al fisco y Seguridad Social. 

Hoy, la Comisión y por extensión el IVF reclaman el pago de esos 6,9 millones de euros, si bien el proceso de cobro está paralizado por una cautelarísima del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), ante el que, además de recurrir la decisión de recuperación dictada por Bruselas, el Hércules inició en noviembre un procedimiento de medidas cautelares, buscando una suspensión de la obligación de pago mientras el tribunal no se pronuncie sobre el citado recurso. Se esperaba ya que el TGUE hubiese resuelto si concede o no la citada medida provisional, pero todavía no lo ha hecho.

Si bien el Hércules tiene en la Agencia Tributaria un acreedor privilegiado al que ha de pagar o llegar a un acuerdo aceptando las condiciones que ahora le impone bajo la amenaza de ser presa de un embargo millonario y después de correr el riesgo de que inste su liquidación, en el caso de la reclamación de la Comisión Europea el peligro (si no le conceden la suspensión cautelar) es mayor: Juan Carlos Ramírez ha defendido siempre que a ninguno de los acreedores del Hércules le interesa que desaparezca "porque entonces no cobra", pero emplear ese argumento es un grave error en el caso de la Comisión, cuya 'política de recuperación' es clara: se exige el pago inmediato y efectivo o subsidiariamente la liquidación de la sociedad, porque se entiende que la distorsión en el mercado se compensa también si la empresa que obtuvo la ventaja desaparece.