La vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, el alcalde, Luis Barcala, y la edil de Hacienda, Lidia López, en la presentación del presupuesto de 2020.ALICANTE. La crisis del coronavirus no solo se ha cobrado ERTE y paralización de la actividad económica general. También extiende sus efectos en la contabilidad del conjunto de los ayuntamientos de España. Y no solo por la previsible caída de los ingresos que pueda generarse en la recaudación de tasas y tributos municipales, que resulta lógica, si se tiene en cuenta que, al menos durante los tres meses de duración del estado de alarma, se han ejecutado menos obras (impuesto de construcción); se han vendido menos viviendas (impuesto de plusvalía) y se han bonificado pagos (tasa de veladores, residuos, etc.).
A esa situación se añade la existencia de déficit en algunos servicios públicos municipales, como el transporte (en el caso de la ciudad de Alicante, se calcula en 10 millones) por la caída de viajeros. Y lo que es peor: la imposibilidad de utilizar los ahorros derivados del ejercicio económico precedente (el remanente) para afrontar gastos. Esa hucha sigue inmovilizada, en función de las instrucciones dictadas por Gobierno central, a la espera de que se concrete a cuánto puede ascender el fondo de rescate de la Unión Europea (UE) frente al impacto del coronavirus y cuándo puede comenzar a llegar ese dinero.
En ese contexto, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante (el bipartito compuesto por PP y Cs) se somete este lunes al debate de dos primeras modificaciones de crédito sobre el presupuesto de este año (aprobado a finales de mayo) en el transcurso de un primer pleno extraordinario (se estaría barajando otro a principios de agosto). Como ya ha contado este diari, el primero de esos cambios contables asciende a 2,7 millones para dar cobertura a las ayudas sociales facilitadas con motivo de la crisis sanitaria, mientras que la segunda, por otros 5 millones, trata de paliar las pérdidas generadas entre pymes y autónomos, a través de una línea de subvenciones directas.
Los 2,7 millones de la primera modificación se tramitan con cargo a la previsión del superávit que se prevé alcanzar al final del ejercicio, con un máximo del 20% de su importe. Se trata de un mecanismo habilitado por el Ejecutivo central que, según fuentes del bipartito, obliga a trabajar sobre pronósticos que nadie sabe a ciencia cierta si van a cumplirse. Por el momento, según las mismas fuentes, en el cálculo de ese posible superávit ya se han introducido elementos correctores para ajustar el importe. La cifra resultante rondaría los 3,5 millones.
Los 5 millones del segundo ajuste contable, proceden de ahorros de partidas presupuestadas que no van a agotarse. El grueso de esa cantidad, según se explicó en la comisión de Hacienda, derivaría del capítulo de Personal (cerca de 2 millones) aunque también de fondos destinados a la Concejalía de Infraestructuras (350.000 euros), por ejemplo.
No parece que PP y Cs vayan a tener demasiadas dificultades para que esos dos cambios acaben aprobándose. Las dos propuestas quedaron dictaminadas favorablemente en la comisión y no se espera que ningún grupo de la oposición vaya a votar en contra en el pleno (aunque los tres grupos que conforman el eje progresista no comparten todos los criterios seguidos para impulsar esos dos paquetes de actuación). Sin embargo, los problemas sí pueden acabar aflorando por lo que respecta a las dos próximas modificaciones ya anunciadas: una para autorizar el pago de operaciones pendientes (gastos ya ejecutados) y otra para impulsar las medidas que se acuerden en la comisión de la reconstrucción para, entre otros puntos, favorecer la recuperación del tejido productivo local frente al impacto del coronavirus.
Si persiste la imposibilidad de usar el remanente, PP y Cs ya son conscientes de que tendrán que recurrir a aplicar recortes en las partidas del presupuesto de este año. Los dos partidos tendrán que renunciar a la ejecución de determinados proyectos en una decisión que podría no ser precisamente pacífica por las tensiones que podrían reproducirse entre ambas formaciones. Todo, además, en un contexto en el que tampoco se puede pensar en derivar esas iniciativas como inversiones financieramente sostenibles (también pendientes de la posibilidad de usar el remanente).
Y lo que es peor. Esos recortes generarán un efecto dominó sobre el presupuesto de 2021 al condicionar el techo de gasto disponible para entonces: con solo cinco meses por delante para ejecutar las cuentas de este año, y viéndose forzados a renunciar a proyectos, PP y Cs son conscientes de que van a poder cumplir un porcentaje mínimo de sus previsiones de inversión. Lo que afectará a las cifras que puedan destinarse a ese fin en el próximo ejercicio. La cuestión es que el bipartito había asumido que el de 2020 era un presupuesto casi de trámite, para sentar las bases de su primer año de su mandato en común, con la intención de reforzar las cuentas de 2021 y 2022 con la ejecución de los proyectos que pudiesen haberse redactado entre 2020 y 2021.
Entre ellos, una de las grandes apuestas compartidas por los dos formaciones, es el desarrollo de un Palacio de Congresos, para el que se sigue planteando su emplazamiento en Benalúa Sur: en los terrenos en los que se asientan las históricas harineras Bufort y Cloquell. En el presupuesto de este año se había consignado 400.000 euros para financiar la redacción de su proyecto (además de otros 400.000 para iniciar la redacción del nuevo PGOU). Para su ejecución, se debe alcanzar un acuerdo de compra sobre los terrenos con los propietarios de las dos industrias. A priori, se habla de un precio de 8,3 millones, a partir la tasación elaborada por técnicos municipales, para los que el bipartito sigue buscando vías de financiación externa, con aportaciones de otras administraciones (ya no solo por la compra, sino también por el futuro desarrollo de las obras). La cuestión es que, en este contexto, tanto ese como el resto de proyectos incluidos en la agenda del bipartito que no estén en estos momentos en la antesala de su contratación, quedan por ahora entre paréntesis. Más que nunca, salvo que se autorice la disposición del remanente.
