La consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, durante la presentación del proyecto piloto de recogida y reciclaje de aluminio y acero ligero.ALICANTE. El proyecto para la instalación de una planta de almacenaje de combustible con seis macrodepósitos promovido por la empresa XC Business 90 en la terminal de mercancías del Puerto de Alicante llega a la mesa de la Conselleria de Transición Ecológica, que persiste en sus reticencias frente a las formas y frente al fondo de la propuesta. Por lo pronto, el departamento autonómico que coordina Mireia Mollà analiza ya el informe elaborado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Alicante a petición de la Concejalía de Urbanismo, en el que -como adelantó Alicante Plaza hace un mes- se concluye que no cabe conceder ningún tipo de autorización para la ejecución del proyecto puesto que debe superar primero el trámite de evaluación de impacto ambiental.
El dictamen alcanza esa conclusión tras constatar que la promotora no completó la documentación necesaria para solicitar la licencia hasta el 31 de julio de 2019, lo que invalida el argumento esgrimido por XC Business 90 sobre su derecho a la concesión de licencia por silencio administrativo positivo por la demora en la respuesta a su solicitud de licencia de obra y actividad, registrada en 2013.
Esa circunstancia implica, al tiempo, que el proyecto deba regirse en función de lo establecido en la Ley 21/2013 de Evaluación de Impacto ambiental y a la Ley 6/2014 de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat, en las que se establece la necesidad de obtener una declaración de impacto ambiental favorable. Además, el dictamen también niega toda validez al certificado ambiental municipal favorable concedido en 2016 puesto que se elaboró sin que se recabase los informes requeridos al conjunto de las administraciones implicadas en su autorización.
Entre otros puntos, el requisito de la evaluación ambiental obliga a que se elabore un estudio de alternativas en el que se justifique la conveniencia de situar la planta de almacenaje en el Puerto en lugar de posicionarla en otros posibles emplazamientos. Como también informó este diario, Transición Ecológica conocía las conclusiones de ese informe desde la primera quincena de febrero e incluso había anunciado que revisaría ese resquicio jurídico para determinar si procedía frenar la ejecución del proyecto.
Así, la propia Mollà confirmó este martes, en una comparecencia pública, que los técnicos de la conselleria ya disponían de ese informe municipal (se recibió de manera oficial a principios de la semana pasada) y añadió que se había puesto a disposición de la Abogacía de la Generalitat para que lo estudiase y resolviese si, en efecto, corresponde impulsar esa evaluación ambiental estratégica. En ese supuesto, según Mollà, desde Transición Ecológica "haremos ese informe".
En todo caso, la consellera recordó que Alicante ya acordó en 1995 el traslado de los depósitos preexistentes hasta la partida de Els Reiets, en El Bacarot, a través de "un acuerdo ejemplar" después de que el conjunto de la ciudadanía manifestase que no quería esas instalaciones. Por ello, consideró que volver a vivir "esta historia dista mucho del progreso y de la conciliación ambiental, social y económica". En esta línea, incidió en que, a su juicio, lo que está claro es que "no estamos en un proceso en el que se tengan que incentivar proyectos de generación de depósitos de gasoil cuando precisamente lo que debemos hacer es rebajar el consumo de gasoil, de modo que ya lo he dicho todo", concluyó.
Lo cierto es que, al margen de ese proceso de evaluación ambiental, la propuesta de XC Business 90 sigue supeditada a la emisión de un segundo informe de la Generalitat, también solicitado por la Concejalía de Urbanismo. Se trata de la evaluación reclamada al órgano autonómico competente en materia de emergencias, que los técnicos municipales consideran necesario al estimar que el proyecto comprende el almacenaje de sustancias peligrosas en un volumen total de 112.549 metros cúbicos, lo que implica la emisión de un informe de seguridad, a cargo de la Conselleria de Justicia.
