ALICANTE. Presión y vuelta a la relajación. Vox mantiene su estrategia de tira y afloja en sus relaciones con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), y volverá a mostrarle su confianza respecto al desarrollo de su política presupuestaria, en virtud del acuerdo bilateral alcanzado el pasado enero que garantizó que los populares pudiesen aprobar las cuentas de este año.
En esta línea, el grupo municipal que coordina Carmen Robledillo prevé respaldar también la segunda propuesta de modificación respecto a esa planificación económica promovida por el PP con el propósito de dotar de fondos necesarios para la ejecución de un nuevo paquete de inversiones que, según el PP, ascendería a un importe de 20,9 millones. Fuentes voxistas consultadas señalaron que los objetivos promovidos a través de ese movimiento de partidas se ajusta a los acuerdos alcanzados a principios de año.
Es más, añadieron que el contenido de ese ajuste contable se habría negociado en el marco de las reuniones de coordinación de ese pacto presupuestario celebradas hasta ahora, por lo que no se albergaría ninguna justificación para que sus cuatro representantes pudiesen votar en contra de la propuesta del PP. De hecho, subrayaron que, entre otros elementos, en ese planteamiento se incluye la dotación de fondos necesarios para dotar de nuevas herramientas a la Policía Local, en alusión a los 589.675,91 euros que se pretende destinar para renovar la flota de vehículos de la Policía Local: una de las principales exigencias formuladas por Vox.
Con esa posición, la modificación presupuestaria superará el listón de la mayoría absoluta en el momento en el que la propuesta se eleve a debate y votación en el pleno, previsiblemente, la próxima semana (de hecho, la comisión de Hacienda está convocada para este miércoles), con lo que se despejaría toda incertidumbre sobre una hipotética falta de apoyos, a pesar de que, en las últimas semanas, los representantes de Vox se habían venido mostrando especialmente críticos respecto al retraso en el cumplimiento de los compromisos incluidos en su acuerdo marco con el PP. Entre ellos, los que preveían la creación de las controvertidas oficinas de apoyo a la maternidad y de asesoramiento frente a la okupación ilegal de viviendas, además de otras iniciativas que ya estarían comenzándose a plasmarse en realidad, como la instalación de surtidores de agua en la vía pública.
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Es más, Vox había llegado a lanzar mensajes de advertencia al PP hasta el punto de anticipar que, en el supuesto de que no se acelerase la ejecución de sus propuestas, descartarían toda posibilidad de negociar la elaboración del presupuesto de 2025. Un mensaje, que, además, se habría hecho coincidir con la escenificación de otro distanciamiento respecto al PP en lo que atañe a la actualización de la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública, a la vista de las discrepancias desencadenadas en cuanto a la continuidad de las autorizaciones específicas para la instalación de los denominados puntos violeta de información y asesoramiento para víctimas de agresiones sexuales.
El plante de Vox al respecto motivó, de hecho, que el PP aplazase el debate y votación sobre la revisión de esa normativa con la intención de renegociarla con el conjunto de fuerzas políticas después de que se hubiesen celebrado las elecciones europeas con la intención de borrar cualquier tipo de injerencia partidista en la nueva regulación, aunque lo cierto es que las conversaciones al respecto todavía no se habrían reiniciado con el fin de elevar la propuesta a pleno.
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Sin embargo, en última instancia, nada parece indicar que esa postura de pretendida diferenciación entre Vox y PP vaya a desembocar en una posible ruptura de relaciones, salvo que las advertencias lanzadas por el presidente nacional del partido, Santiago Abascal, respecto a la continuidad de los pactos de gobierno suscritos en varias autonomías pasen a mayores. De hecho, en el escenario local, las dos formaciones continúan compartiendo la mayoría de las posiciones de voto en los acuerdos trascendentes que llegan a pleno y Vox sigue prestando su apoyo a los populares en todas las ocasiones en las que sus votos resultan necesarios para sacar adelante propuestas relacionadas con la gestión económica.
Eso sí, a pesar de esa sintonía, y del hecho de que ambos partidos compartan responsabilidades de gobierno en la Generalitat y en los ayuntamientos de las principales ciudades de la Comunitat (València, Castellón y Elche), nada permite augurar que vaya a alcanzarse una alianza política formal que garantice la estabilidad de su entendimiento -que, de algún modo, ya existe de facto- con la incorporación de los ediles de Vox en puestos de gestión. Por lo pronto, se trata de un escenario descartado de forma explícita por el alcalde, Luis Barcala, como evidenció en la entrevista concedida a Alicante Plaza con motivo del cumplimiento del primer año del mandato actual.
Entre tanto, lo cierto es que, al menos el PSOE, ya ha anticipado que la propuesta de modificación contable planteada por el PP no podrá contar con su respaldo, después de que sus representantes hayan considerado que restaría parte de las inversiones en los barrios que se habían comprometido para este año. Todo, además, de advertir sobre la emisión de un informe negativo por parte del departamento de Intervención, según apuntaron fuentes del partido, a través de un comunicado.