ELCHE. Si durante todo 2017 han sido el Mercado Central y en sus últimos instantes, la Corredora, quienes han centrado toda la atención en cuanto a patrimonio local se refiere, esta semana ha sido el centenario inmueble de Nuevos Riegos el Progreso, que albergaba una sala de venta de aguas única, quien les ha robado el protagonismo. Contra todo pronóstico, y con las obras ya empezadas para la demolición del inmueble, el jueves a mediodía, la Conselleria de Cultura decretaba la suspensión cautelar del edificio de forma oficiosa, a expensas de enviar la notificación oficial. Una maniobra inesperada que cogió a contrapié a todos, tanto a la concejalía de Urbanismo, como a los colectivos contrarios al derribo.
Una notificación extraoficial y de urgencia, pues, que el Ayuntamiento trasladó a los propietarios del inmueble y que nadie esperaba. A las 10 horas, representantes de los colectivos en defensa del patrimonio se habían congregado en el juzgado de guardia para pedir precisamente la paralización cautelar de la intervención. Dos horas más tarde, el edil de Urbanismo, José Manuel Sánchez, comparecía de urgencia para anunciar la noticia de la paralización cautelar, aunque se mostraba tajante en su opinión, “llega tarde”, puesto que como defendió, “Conselleria era consciente de la situación desde el 13 de diciembre, fecha en la que se le trasladó la situación del edificio en la Mesa de Patrimonio”, criticando la tardanza en la actuación.
En este sentido, el edil explicó que desde el Ayuntamiento se limitaron a cumplir la ley, autorizando la demolición del edificio el día 27 de octubre, debido a la desprotección de esta fachada que quedó en el aire con el Catálogo de Edificios Protegibles de 1998 —con una visión contradictoria e interpretable, según algunos colectivos—, amparada en aquél PGOU que sigue vigente hoy. Un procedimiento que se remonta a 2011, cuando los propietarios solicitan la demolición —que en un principio parece iba destinada a la construcción de oficinas— y que no ha prosperado hasta el pasado año debido a varias deficiencias del expediente que se han ido corrigiendo en el tiempo. Sánchez recalcó que dicho PGOU, además, fue aprobado con el consentimiento de la Conselleria de entonces.
En cualquier caso, el edil mostró su malestar por el hecho de que Conselleria, conocedora de la situación desde la celebración de la Mesa de Patrimonio celebrada en diciembre, decidiera actuar con celeridad en el caso de otro edificio clásico, la Banca Peral —ordenando la protección de su fachada y el hueco de la escalera— y no actuando sobre este inmueble hasta ahora que han empezado las obras. “Pedimos a la Conselleria que ejerza sus competencias”, señalaba exigiendo actuaciones a una conselleria que es titularidad de Compromís, que en los últimos días parece que se movió en este sentido para suspender in extremis la demolición.
A partir de la notificación oficial, se establece un plazo de diez días para que las partes involucradas presenten alegaciones a esta decisión. Y según la Ley de Patrimonio, ahora la administración valenciana tiene un plazo de dos meses para decidir qué hacer con la situación. Una cuestión no menor, porque las obras ya han empezado y se ha desmantelado la cubierta y los cuchillos de la estructura. “Ahora técnicos de Conselleria tendrán que considerar si el edificio se puede mantener así, si se puede asumir el riesgo. Lo que no se puede es esperar al 10 de enero para actuar teniendo conocimiento de esto como mínimo desde el 13 de diciembre”, especificaba.
A este respecto y aprovechando la tesitura, precisamente el edil pidió a la Conselleria que ejerza sus competencias y que se pronuncie sobre el Mercado Central. “Ahora lo que tiene es que decirnos ya si el edificio del Mercado Central tiene que protegerse o no” y prosiguió incidiendo en la responsabilidad de la Generalitat: “como vemos, la Conselleria es quien tiene competencia cuando quiere ejercerla, porque la ley se la da, para suspender determinadas actuaciones”. Pidió a la Conselleria por tanto, que hiciera lo mismo con el Mercado, para evitar alguna situación similar como la que se ha vivido ahora con el edificio de Nuevos Riegos el Progreso.
Asimismo, desde Àgora d'Elx manifestaron su apoyo a la propuesta de mantenimiento del edificio. "Nos congratulamos de la suspensión cautelar dictada por la Conselleria de Cultura e instamos al Ayuntamiento de Elche, tradicionalmente inactivo en la defensa del patrimonio edificado, a no lavarse las manos ante este nuevo atentado contra el patrimonio de la ciudad, y a emprender todas las vías que posibiliten el mantenimiento del edificio, incluida la negociación con la propiedad de la finca, para impedir la desaparición de este edificio de tan elevado valor histórico y artístico para Elche".
Durante la jornada y antes, colectivos como la Compañía Clásica de Comedias, Acció Pel Patrimoni Valencià o el Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural pidieron medidas para evitar el derribo o ulteriormente, su apoyo a la decisión de suspensión cautelar.
