Operarios del servicio de limpieza de colegios, en labores de desinfección de un colegio.ALICANTE. El segundo concurso convocado por el Ayuntamiento de Alicante para regular la prestación del servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales vuelve a toparse con un nuevo contratiempo. La licitación, aprobada en junio, permanece bloqueada desde el 19 de julio a instancias de un recurso presentado por la Federación de Servicios Públicos de Comisiones Obreras del País Valenciana frente a las condiciones reflejadas en el pliego. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), adscrito al Ministerio de Hacienda, aceptó a trámite esa impugnación (no consta que se admitiese la que también presentó el grupo municipal del PSOE) y concedió la suspensión cautelar solicitada por el sindicato, de modo que los técnicos municipales de Contratación no han podido valorar las propuestas de posibles licitadores interesados.
Y, además, no solo por la resolución adoptada por el TACRC. El propio equipo de gobierno (el bipartito compuesto por Partido Popular y Ciudadanos) acordó paralizar el plazo de admisión de ofertas, mediante acuerdo adoptado en Junta Local justo el día en el que ese plazo debía quedar abierto: el 13 de julio. La paralización quedaba justificada en la necesidad de corregir un error material detectado en el pliego. Y, a priori, ese error se habría subsanado o estaría en vías de subsanación, aunque no consta que se haya reanudado la posibilidad del registro de propuestas. Ese acuerdo, en todo caso, requerirá de una extensión, ya que el plazo previsto inicialmente expiraba el 27 de julio.
El servicio sigue prestándose sin un contrato normalizado desde febrero de 2020 tras la anulación de su primera licitación, hace justo un año
Sea como fuere, lo cierto es que la prestación no contará con un nuevo adjudicatario en el inicio del curso escolar, que arranca el próximo 8 de septiembre, como ya sucedió con el precedente. En aquel momento, fue el propio bipartito quien acordó anular el primer concurso convocado con la intención de introducir modificaciones y mejoras. Para entonces, ya se habían registrado al menos tres recursos especiales de contratación (como el presentado ahora por CCOO). Así, salvo cambio de última hora, el servicio continuará de manera provisional en manos de UTE Limpal (la alianza compuesta por Clece y Fissa), pese a que su contrato inicial venció en febrero de 2020, tras dos años de duración.
Desde entonces, la UTE ha venido manteniendo la prestación en precario, a través de una contratación de emergencia que se vio ampliada, además, con un refuerzo especial en las labores de desinfección en cumplimiento de los protocolos de prevención frente al coronavirus. Dicha situación -su prestación prorrogada- ha propiciado retrasos en el pago de las certificaciones mensuales por parte del Ayuntamiento, después de que el departamento de Intervención haya requerido en varias ocasiones documentación adicional del servicio como condición previa.
Como informó este diario, el segundo concurso se convocó con un presupuesto de licitación de 45,4 millones por un plazo de cuatro años que se extendería hasta los 56 millones en el caso de que se concediese la prórroga de un año adicional contemplada en el pliego. La cifra global del contrato por los cuatro años de duración inicial supone un incremento de 7,8 millones respecto al concurso precedente, aprobado en agosto de 2020 y anulado un mes después, con un precio de salida de 38 millones. Hasta ahora, los grupos del eje progresista que ejercen funciones de oposición (PSOE, Unides Podem y Compromís) vienen manteniendo que las bases del nuevo concurso no mejorarán el servicio a prestar. El equipo de gobierno, por su parte, mantiene que se han introducido mejoras a partir de las aportaciones formuladas por los grupos políticos, por los trabajadores y por los directores de centros.
