EL CAMPELLO. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha cerrado la denuncia contra cinco cargos políticos y una funcionaria de El Campello por presunta prevaricación. El cierre ha llegado con la desestimación del recurso que el fiscal presentó ante el TSJCV por una cuestión no de fondo, sino de forma; la misma por la que la Audiencia Provincial absolvió a los acusados sin juicio: que la instrucción del caso se prorrogase fuera de los seis meses que se conceden de plazo.
Si bien el grupo denunciante, Esquerra Unida, no recurrió la decisión de la Audiencia Provincial, sí lo hizo el Ministerio Fiscal. Recurso de apelación sobre el que el TSJCV ha decidido desestimar, advirtiendo que contra este fallo cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo dentro del plazo de cinco días tras la notificación.
El auto al que ha tenido acceso Alicante Plaza sostiene que "es evidente que transcurrido el plazo de investigación de 6 meses las diligencias de investigación practicadas con posterioridad al mismo carecen de validez para el paso siguiente que era decidir si se acordaba el sobreseimiento o se dictaba Auto de Procedimiento Abreviado. Esto es lo que se debe valorar en este momento". Y manifiesta, en la exposición de los hechos, que "si no se había practicado diligencia indagatoria alguna es imposible que se acreditase elemento delictivo alguno".
Continúa asegurando que "el juez instructor debió acordar el sobreseimiento de la causa ante la inexistencia de indicios delictivos, ya que la existencia de un expediente administrativo y el informe de la intervención no son elementos que faculten al dictado de un Auto de Procedimiento Abreviado, lo que facultan es para que se investigue, que fue precisamente lo que no se realizó en el plazo fijado".
La denuncia la presentó, en noviembre de 2018, Esquerra Unida por presunto fraccionamiento de contratos de una fuente y una depuradora. Un caso que salpicaba a cinco cargos políticos y una funcionario. Los políticos son el actual alcalde, Juan José Berenguer (PP); el exalcalde Benjamín Soler Palomares (Compromís), y tres exediles de Infraestructuras, Alfred Botella, David Ramírez (ambos de Compromís) y Alejandro Collado (PP). El día del juicio (en febrero de 2024), la defensa de los seis acusados pidió la nulidad de la instrucción como cuestión previa en el inicio del juicio, por lo que aplazamiento de la vista para estudiar la respuesta a esa petición, que acabó siendo concedida.