La terminal de mercancías gestionada por TMS en la que se proyecta la instalación de los depósitos. Foto: TMS ALICANTE. La incógnita sobre el futuro a corto plazo del proyecto impulsado por XC Business para instalar una planta de almacenaje de combustibles en el Puerto de Alicante no se despejará hasta los últimos días del mes de abril o, incluso, hasta la primera quincena de mayo. La Sección 1 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) ha modificado la fecha prevista hasta ahora para la votación y fallo respecto al recurso de apelación presentado por la promotora frente a la sentencia de primera instancia que cerró el paso a la concesión de licencia por silencio administrativo. Es decir, por el exceso del plazo del que dispone la administración para resolver sobre las solicitudes de licencia.
Ese primer trámite clave en el devenir del proceso, que -en caso de fallo favorable a XC Business, aceleraría la disponibilidad de su permiso- ha quedado fijado ahora para el 17 de abril, en lugar del día 28 de febrero que se había acordado en enero. Se trata de un cambio adoptado por cuestiones organizativas internas de la propia Sección I del TSJCV, sin que haya influido ningún elemento externo o causa instada por alguna de las partes personadas en el contencioso como factor desencadenante de ese retraso.
En todo caso, ese cambio de calendario sí conllevará que la incertidumbre sobre la propuesta empresarial se prolongue al menos dos meses más de lo previsto. Eso sí, esa decisión también motivará que se alargue la vigencia de la suspensión del expediente de solicitud de licencia registrada por XC Business en 2013, todavía pendiente de resolución por el trámite ordinario, en función de la decisión adoptada por la Concejalía de Urbanismo a finales de enero.
Se trata de un acuerdo con el que se trataba de evitar que la compañía pudiese instar un segundo procedimiento para reclamar, de nuevo, la concesión de la licencia por la demora en el tiempo de respuesta de la administración, después de que ya haya aportado la última documentación requerida por el Ayuntamiento para completar la documentación sobre su proyecto.
Sea como fuere, como también viene informando este diario, lo cierto es que el pronunciamiento que pueda adoptar el alto tribunal autonómico tampoco servirá para resolver de forma definitiva sobre la viabilidad del proyecto. Bien el Ayuntamiento, o bien la propia empresa promotora seguirán teniendo a su alcance la posibilidad de recurrir esa decisión del TSJ ante el Tribunal Supremo (TS). Y, además, el Ayuntamiento seguirá teniendo que emitir respuesta sobre la petición de licencia por el cauce ordinario, en el supuesto de que no se vuelva a requerir a XC Business para que subsane el proyecto con la demanda de información adicional.
Además, todo parece indicar que la Conselleria de Justicia también deberá pronunciarse respecto al plan de seguridad y emergencias elaborado por la compañía antes de que pueda disponer de autorización de actividad, en la hipótesis de que pase el primer filtro municipal y se le conceda la licencia de obra.
Entre tanto, los vecinos y representantes de entidades sociales agrupados en torno a la Plataforma por un Puerto Sostenible (PPS) mantienen su oposición al proyecto y descartan que la empresa promotora disponga de la solvencia y la capacidad económica necesaria para desarrollarlo, a la vista del último balance contable depositado en el Registro Mercantil, después de que el administrador de XC Business, Dionisio Díez, defendiese la viabilidad de su proyecto en una entrevista concedida a Alicante Plaza.
